
Lo que comenzó como una simple multa de tránsito en Houston, Texas, terminó por convertirse en una pesadilla para Yusmari Galindez, una madre venezolana de 27 años que ahora enfrenta una posible deportación sin su hijo de 13 años.
Su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en abril ocurrió mientras su hijo estaba en la escuela. Desde entonces, permanece recluida en un centro de detención, sin saber si volverá a ver a su hijo antes de ser expulsada del país.
Galindez explicó que tanto ella como su hijo entraron a Estados Unidos de manera legal mediante la aplicación CBP One, y que les fue otorgado un permiso de permanencia temporal por razones humanitarias (parole). Sin embargo, ese beneficio fue revocado, dejándolos en una situación migratoria vulnerable.

Mientras ella permanece detenida, su hijo vive con su padrastro, quien también enfrenta un proceso migratorio pendiente en una corte de Dallas. La incertidumbre crece, y Galindez teme no solo por su hijo, sino también por su pareja, quien podría ser arrestado si ICE logra ubicarlo. Según ella, los agentes están presionándola para que revele el paradero del menor.
“Ya firmé, pero quiero verlo”
Desde el centro de detención, la madre asegura que ya firmó su salida voluntaria, pero ruega una sola cosa: poder reencontrarse con su hijo antes de que se concrete su deportación.
“La solución que yo quiero es que me traigan a mi hijo hasta el centro de detención y que ese mismo día me saquen. Yo ya firmé y ellos me pueden deportar en cualquier momento sin mi hijo”, expresó a Telemundo.
La frase que repite con fuerza, y que ha comenzado a resonar en redes y entre activistas, es clara: “No me deporten sin mi hijo”.

Clamor por una solución humanitaria
El caso de Yusmari Galindez ha encendido las alarmas entre diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Su situación es una más entre muchas que denuncian los efectos de la separación familiar dentro del sistema migratorio de Estados Unidos.
Grupos de apoyo insisten en que se respeten los derechos de los menores y que se permita, al menos, una reunión familiar antes de cualquier expulsión. Piden también que se revise el caso con humanidad y sentido de justicia, considerando el impacto emocional que tendría una deportación sin despedida.
Mientras tanto, Galindez sigue esperando, entre muros y papeles, aferrada a una sola esperanza: no ser separada de su hijo para siempre.

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