El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, tiene el plan de cerrar la prisión estatal de East Jersey en Woodbridge y poner fin a la práctica del estado de devolver a la cárcel a los infractores técnicos de la libertad condicional. Sin embargo, el sindicato que representa a los funcionarios de libertad condicional y de prisiones le ha pedido al político reconsiderar su idea. ¿Cuál es el motivo por el que busca clausurar definitivamente este lugar?
La propuesta, presentada durante su discurso de presupuesto anual, busca reducir costos y reorganizar el sistema penitenciario del estado, pero enfrenta preocupaciones sobre la seguridad pública y la capacidad de supervisión de los agentes de libertad condicional.
Los infractores técnicos de la libertad condicional son aquellos que han violado condiciones de su liberación, como incumplir el toque de queda, cambiar de residencia sin previo aviso o consumir sustancias prohibidas. Actualmente, hay alrededor de 1,200 de estos individuos en cárceles estatales, lo que le cuesta al estado aproximadamente US$90 millones al año.
Mantenerlos fuera de prisión permitiría al estado cerrar una prisión, y Murphy anunció durante su discurso de presupuesto anual que sería la prisión estatal de East Jersey, una prisión de máxima seguridad que data de 1896. Pero no solo el sindicato mencionado se opone, sino también la policía.
Es una prisión de máxima seguridad operada por el Departamento Correccional de Nueva Jersey (Foto: AFP)
LA PREOCUPACIÓN DE LA POLICÍA
William Sullivan, presidente de la Asociación Benevolente de Policías Estatales Local 105, advirtió en un comunicado que la iniciativa podría estar “plagada de peligros potenciales”, ya que los agentes de libertad condicional ya están sobrecargados.
Según Sullivan, la liberación de más de 1,000 personas sin un refuerzo adecuado en la supervisión podría comprometer la seguridad de las comunidades, aumentando el riesgo de reincidencia y dificultando la reintegración efectiva de los liberados.
William argumentó que cerrar prisiones en un momento en que el estado ha endurecido leyes es una estrategia miope. Según él, cuando los legisladores adoptan políticas más estrictas contra el crimen, inevitablemente se genera un aumento en la población carcelaria. Además, considera que el estado necesita camas disponibles en caso de emergencias, como el reciente incendio en la prisión estatal del norte en Newark, que obligó a trasladar a 40 personas a East Jersey.
Phil Murphy es el gobernador de Nueva Jersey y busca cerrar la prisión estatal de East Jersey (Foto: EFE)
HAY UNA TENDENCIA DE CERRAR CÁRCELES
El Departamento de Correcciones de Nueva Jersey ha cerrado varias prisiones en los últimos años, y la población carcelaria ha disminuido debido a reformas como la despenalización de la marihuana, la liberación de reclusos durante la pandemia y un enfoque mayor en la justicia restaurativa. Sin embargo, esa tendencia parece haberse estabilizado, lo que plantea dudas sobre la viabilidad a largo plazo de seguir reduciendo la infraestructura penitenciaria.
Desde una perspectiva financiera, el cierre de la prisión estatal de East Jersey generaría un ahorro estimado de US$30 millones en el año fiscal 2026, además de evitar costos futuros de mantenimiento y reparaciones de capital por un monto de US$100 millones. Paralelamente, la administración de Murphy ha destinado US$222 millones para la construcción de una nueva prisión de mujeres que reemplace a la controvertida instalación de Edna Mahan, aunque su construcción no comenzará hasta dentro de al menos un año.
La portavoz de Murphy, Tyler Jones, ha defendido el plan señalando que reducir la población carcelaria y cerrar instalaciones antiguas permitirá reasignar personal sin despidos, aliviando la escasez de personal en otras prisiones y reduciendo la necesidad de horas extras. Según la administración, la propuesta busca equilibrar la seguridad con la eficiencia presupuestaria, garantizando que los recursos se utilicen de manera más efectiva.
