En Estados Unidos, el carrito de supermercado se ha convertido en el nuevo campo de batalla ideológico. Esta semana, Arkansas, Idaho e Indiana reavivaron un debate que divide tanto a legisladores como a ciudadanos: ¿deberían los beneficiarios del programa SNAP poder usar sus cupones para comprar refrescos y dulces? Las propuestas estatales para restringir esas compras han generado muchas reacciones que van desde el respaldo entusiasta hasta la indignación absoluta.
Aunque las medidas afectarían a solo un millón de personas en esos tres estados —una pequeña parte de los más de 41 millones que reciben asistencia alimentaria en todo el país—, el impacto simbólico es profundo. En un país que lleva décadas luchando contra la obesidad y las enfermedades crónicas, limitar el acceso a productos azucarados con fondos públicos representa, para algunos, un paso firme hacia una sociedad más saludable.
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria brinda beneficios alimentarios a las familias con bajos ingresos (Foto: AFP)
¿POR QUÉ BUSCAN PROHIBIR LA COMPRA DE DULCES Y SODA?
Los defensores de las restricciones, entre ellos los gobernadores Brad Little (Idaho) y Sarah Huckabee Sanders (Arkansas), insistieron en que estas medidas no son punitivas, sino preventivas. Sanders lo resumió con contundencia: “Los contribuyentes están subsidiando la mala salud”.
Bajo esta lógica, la campaña “Make America Healthy Again”, promovida por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., se convierte en estandarte de una nueva cruzada alimentaria.
Actualmente, la mayoría de los estados de EE.UU. permiten que los beneficiarios SNAP puedan comprar refrescos y dulces con sus cupones de alimentos (Foto: Costco)
LA CRÍTICA NO HA TARDADO EN LLEGAR
Gina Plata-Niño, subdirectora del programa SNAP en el Food & Research Action Center, advirtió que la medida es tan simbólica como estigmatizante. “Es estigmatizante decir: ‘Ustedes, personas de bajos ingresos, no pueden tomar decisiones correctas’”, afirmó. Y es que con apenas US$187 mensuales —alrededor de seis dólares diarios— muchos beneficiarios optan por productos calóricos y económicos, en lugar de frutas y verduras frescas cuyo precio se ha elevado.
El alto costo de los alimentos saludables es un obstáculo que ni el idealismo político puede sortear fácilmente. Según el Departamento de Agricultura, el precio de los alimentos ha aumentado un 24% desde 2020 y seguirá subiendo. Frente a estos números, la fruta fresca y el pollo orgánico son lujos que compiten mal contra un combo de gaseosa y galletas. Por eso, algunos expertos insisten en que mejorar el acceso a comida saludable debe ir de la mano con la educación nutricional y mejores salarios.
LA PALABRA DE LAS INDUSTRIAS AFECTADAS
La Asociación Nacional de Confiteros calificó la medida de “equivocada”, y la Asociación Americana de Bebidas fue más allá, acusando a los estados de querer ser “la policía de los alimentos”. Para ellos, el problema no está en las decisiones del consumidor, sino en un sistema que no ofrece alternativas reales a millones de familias trabajadoras.
Curiosamente, las nuevas restricciones permitirían por primera vez la compra de pollo rostizado caliente, hoy vetado por SNAP. Aun así, también vetarían jugos con menos de 50% de fruta, dulces con harina como Kit Kat, y productos con edulcorantes artificiales. Un menú reconfigurado que parece decir: “Sí a las proteínas, no a las calorías vacías”.
Aunque aún se necesita la aprobación federal para implementar estas medidas, el Departamento de Agricultura bajo la administración de Trump ya ha mostrado su disposición. Y mientras legisladores de otros estados como Arizona, Kansas y Tennessee evalúan seguir el mismo camino, una cosa está clara: en Estados Unidos, incluso el contenido de un carrito de compras puede ser un reflejo de las tensiones más profundas de su sociedad.
Cabe mencionar que estos cambios no impedirían que los beneficiarios compren dulces o sodas con su propio dinero. SNAP solo cubre cerca del 66% de los gastos alimenticios del hogar promedio.
