Luego de su investidura, el 20 de enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió su segundo mandato con una serie de decisiones que marcaron el rumbo de su gobierno. En su primer día en el cargo, firmó varias órdenes ejecutivas, como es tradición en la toma de posesión presidencial. Sin embargo, una de las medidas más polémicas fue la que anunciaba la eliminación de la ciudadanía por nacimiento en el país para aquellos niños nacidos de padres inmigrantes indocumentados o con visas temporales. La reforma reconfigura las bases de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual desde su ratificación en 1868 ha garantizado el derecho a todos los que llegan al mundo en el territorio estadounidense.
La política migratoria de Trump ha sido uno de los ejes más controvertidos de su administración, y la eliminación de la ciudadanía por nacimiento es una extensión de sus esfuerzos por implementar una línea más dura en relación con la inmigración. Desde su primer mandato, insistió en medidas drásticas para frenar dicho fenómeno social, lo que incluyó la construcción de un muro en la frontera sur, la implementación de políticas de “tolerancia cero” y restricciones sobre visas. Ahora, con esta nueva medida, busca reducir los beneficios que puedan obtener por el simple hecho de tener hijos en Estados Unidos.
EL OBJETIVO DE LA ORDEN EJECUTIVA: REDEFINIR LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025 tiene como título “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”. Su objetivo principal es eliminar la ciudadanía automática por nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o con visas temporales, como turistas o estudiantes, etc. Para ello, la administración reinterpreta la 14ª Enmienda, en particular la frase “sujeto a su jurisdicción”, argumentando que esta debería excluir a los niños nacidos de personas sin estatus legal o de aquellos que se encuentren en el país bajo condiciones temporales.
Esta reinterpretación contrasta con más de un siglo de jurisprudencia que ha establecido que todos los niños nacidos en suelo estadounidense tienen derecho a la ciudadanía, independientemente del estatus migratorio de sus padres. La 14ª Enmienda ha sido un pilar fundamental para garantizar la igualdad de derechos, pero ahora el gobierno de Trump pretende modificar su aplicación mediante una orden ejecutiva, lo que ha generado una profunda controversia tanto a nivel nacional como internacional.
¿DESDE CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?
La orden ejecutiva entra en vigor 30 días después de la firma de Trumo, es decir el 20 de febrero de 2025, lo que significa que cualquier niño nacido después de esa fecha en Estados Unidos, cuya madre o padre se encuentren en el país de manera ilegal o bajo una visa temporal, no podrá obtener la ciudadanía automáticamente. Esto cambiaría drásticamente el panorama legal y social de muchos nacimientos en el país, especialmente en comunidades con altas tasas de inmigración.
Además, los efectos de esta medida no se limitan a la negación de la ciudadanía. La orden podría impedir que estos niños obtengan documentos clave como el número de Seguro Social o pasaportes estadounidenses, dejándolos en un limbo legal y sin los derechos fundamentales que otorga ese beneficio. Esto afectaría gravemente a la calidad de vida de miles de niños nacidos en Estados Unidos, que perderían el acceso a servicios públicos esenciales, como atención médica y educación, además de enfrentar la inseguridad jurídica a lo largo de su vida.
IMPLICACIONES LEGALES: ¿PUEDE TRUMP MODIFICAR LA 14ª ENMIENDA?
Una de las principales objeciones a la eliminación de la ciudadanía por nacimiento es que la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos es clara en su redacción: garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción”. Según expertos legales, un presidente no tiene la autoridad para modificar el alcance de una enmienda constitucional mediante una orden ejecutiva. La interpretación de la frase “sujeto a su jurisdicción” ha sido clara durante más de 150 años y cualquier cambio en este sentido debería pasar por el proceso legislativo adecuado o, en última instancia, a través de una enmienda constitucional aprobada por el Congreso.
Varios constitucionalistas han señalado que la orden ejecutiva de Trump es un intento fallido de cambiar lo que está establecido en la Carta Magna, y que la medida probablemente enfrentará un sinnúmero de desafíos legales que podrían llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Para muchos, esta acción presidencial no solo representa un abuso de poder, sino que también podría sentar un peligroso precedente para futuras interpretaciones de los derechos constitucionales.
Donald Trump firmando una orden ejecutiva durante su primer día de gobierno en Estados Unidos (Foto: AFP)
DESAFÍOS LEGALES: UN CAMINO LLENO DE INCERTIDUMBRE
Dado que la 14ª Enmienda ha sido parte integral del marco legal estadounidense desde su ratificación en 1868, no es de extrañar que los desafíos legales sean casi inmediatos. En caso de que la orden ejecutiva sea impugnada en los tribunales, la atención se centrará en la interpretación de la frase “sujeto a su jurisdicción”. Muchos expertos sostienen que un presidente no tiene la capacidad de modificar esta interpretación sin una enmienda constitucional, por lo que el camino legal será largo y complicado.
Amanda Frost, profesora de la Universidad de Virginia, destacó que “el presidente no puede simplemente cambiar la 14ª Enmienda mediante una orden ejecutiva”. La batalla legal que se avecina podría tener un impacto significativo en la política migratoria de Estados Unidos, especialmente si la Corte Suprema decide revisar la interpretación de la ciudadanía por nacimiento en el futuro.
IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO EN LAS COMUNIDADES INMIGRANTES
La medida tiene un impacto directo en las comunidades inmigrantes, especialmente en aquellas con una alta presencia de padres indocumentados. Según estimaciones de Pew Research, alrededor de 4.7 millones de niños nacidos en Estados Unidos tienen al menos un padre indocumentado. Estos niños, hasta ahora protegidos por la 14ª Enmienda, podrían ver sus derechos conculcados, creando una generación de niños que no tendrían una ciudadanía clara, lo que afectaría su acceso a servicios sociales y su bienestar general.
El negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes podría también generar consecuencias económicas, ya que muchos de estos niños podrían perder acceso a programas de salud, educación y otros servicios financiados por el gobierno. Esto podría exacerbar las desigualdades existentes en las comunidades más vulnerables, donde los niños de inmigrantes son una parte importante de la población.
Miles de inmigrantes, todos los días, sueñan con llegar a Estados Unidos y vivir el sueño americano (Foto: AFP)
