La tensión entre las políticas migratorias federales y las leyes estatales ha llegado a un nuevo punto crítico en Long Island, donde el condado de Nassau enfrenta una demanda legal tras haber firmado un polémico acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este pacto, sellado en febrero, ha sido duramente cuestionado por organizaciones defensoras de los derechos civiles, que aseguran que la medida es ilegal bajo las normas vigentes del estado de Nueva York.
DEMANDAS CONTRA NASSAU POR COLABORACIÓN CON ICE
El pasado 26 de junio, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), LatinoJustice PRLDEF y el Centro de Derechos de Inmigrantes de Hofstra Law Clinic presentaron una demanda ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, argumentando que el acuerdo, conocido como 287(g), permite que agentes locales actúen como funcionarios migratorios federales.
Este tipo de delegación estaría prohibida por la Ley de Libertad del Estado de Nueva York, aprobada en 2022 para evitar precisamente ese tipo de colaboraciones.
Manifestantes protestan contra la política migratoria de Donald Trump (Foto: AFP)
/ Este convenio ha sido considerado el primero de su tipo en Nueva York desde que esa legislación está en vigor. Los demandantes alegan que podría permitir detenciones basadas únicamente en el estatus migratorio, sin orden judicial, lo cual abriría la puerta al perfilamiento racial y otras prácticas discriminatorias. Además, temen que se establezca un precedente peligroso para otros condados que podrían seguir el mismo camino.
Uno de los puntos más sensibles que destacan las organizaciones demandantes es el posible daño colateral que esto podría causar en la relación entre las comunidades migrantes y la policía local. Tal como señaló la agencia AP News, el temor a ser entregados a ICE podría provocar que los inmigrantes eviten denunciar delitos, afectando la seguridad pública para todos los residentes, sin importar su estatus legal.
En esa misma línea, Melanie Creps, directora del Centro de Refugiados Centroamericanos, señaló que el impacto va más allá de la comunidad migrante. “Si los inmigrantes tienen miedo de llamar a la Policía, eso también pone en riesgo a los ciudadanos que viven al lado”, advirtió. Este tipo de desconfianza, según ella, puede romper el delicado tejido de cooperación que sostiene la seguridad en comunidades diversas como las de Long Island.
Son muchas familias las que tienen miedo a ser separadas (Foto: AFP)
/ LA POSTURA DE NASSAU ANTE EL TEMA MIGRATORIO
Por su parte, las autoridades de Nassau han defendido firmemente su decisión. Alegan que el acuerdo busca únicamente cooperar con ICE en casos que involucren a personas con antecedentes penales. Según declaraciones recogidas por The Washington Post, los diez detectives designados para colaborar aún no han ejercido funciones migratorias y actuarán solo bajo petición expresa de ICE.
Además, el gobierno del condado ha asegurado que la implementación será limitada y respetuosa de los derechos de los residentes, pero la controversia está lejos de apaciguarse. La demanda interpuesta podría no solo frenar el acuerdo, sino también marcar un precedente legal importante en Nueva York y otros estados donde la tensión entre política migratoria y protección de derechos civiles sigue siendo un campo de batalla constante.
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