Nos encontramos con una noticia que está causando un gran revuelo en los Estados Unidos y que nos ha dejado totalmente sorprendidos por la magnitud de personas que se verán afectadas: el Servicio Postal de EE.UU. (USPS) ha firmado un acuerdo con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, para implementar recortes significativos dentro de la agencia. La situación es aún más preocupante si consideramos que, como parte de este acuerdo, se planea despedir a más de 10,000 de sus trabajadores en los próximos 30 días.
Si bien el propósito detrás de este acuerdo es reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia, la noticia no está exenta de controversia. El DOGE busca generar ahorros para el gobierno federal, y para eso se ha comprometido a intervenir en la gestión de activos y los programas de compensación del USPS. Sin embargo, la medida ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro de la agencia y sus empleados, quienes ya han estado lidiando con recortes en los últimos años, así que se vienen semanas muy tensas para quienes trabajan allí y también para sus familias.
EL ACUERDO DEL SERVICIO POSTAL CON DOGE
Louis DeJoy, director general del USPS, firmó este acuerdo con el DOGE y la Administración de Servicios Generales, buscando apoyo para reducir la carga financiera de la agencia. En una carta enviada al Congreso, explicó que el área liderada por Musk trabajaría para mejorar la gestión de los activos de jubilación y el Programa de Compensación Laboral del USPS, lo que representa una respuesta a las dificultades económicas que la agencia ha enfrentado en los últimos años. “Es bien sabido que el Servicio Postal tiene un modelo de negocio fallido que no era financieramente sostenible sin un cambio fundamental”, escribió DeJoy, reconociendo la difícil situación financiera que atraviesa el USPS.
El acuerdo también incluye la implementación de un programa de jubilación anticipada voluntaria, mediante el cual se estima que 10,000 empleados del USPS se verán obligados a abandonar la agencia en un plazo de 30 días. Esto se suma a los 30,000 empleos que ya se han perdido desde 2021 debido a medidas similares. Con estos ajustes, la agencia reducirá su plantilla actual de aproximadamente 635,000 trabajadores en todo el país.
LAS CRÍTICAS AL PLAN DE DESPIDOS
No todos están de acuerdo con estas decisiones. El representante demócrata Gerry Connolly, miembro del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, expresó su rotundo rechazo al acuerdo con el DOGE. Según Connolly, este paso podría llevar a la privatización del Servicio Postal, una medida que considera perjudicial para los intereses de los ciudadanos, especialmente aquellos que dependen del USPS para servicios esenciales como el correo, los medicamentos y las papeletas de votación.
En palabras de Connolly: “Lo único peor para el Servicio Postal que el plan de DeJoy ‘Entregando para América’ es entregar el servicio a Elon Musk y DOGE para que lo debiliten, lo privaticen y luego se beneficien de las pérdidas de los estadounidenses”.
LA RESPUESTA DEL USPS Y LOS SINDICATOS
Desde el lado del USPS, Louis DeJoy ha defendido el acuerdo, destacando la necesidad urgente de realizar cambios en una agencia que enfrenta un modelo de negocio insostenible. Sin embargo, incluso dentro del propio servicio postal, las reacciones no son unánimes. Brian L. Renfroe, presidente de la Asociación Nacional de Carteros, señaló que, aunque están dispuestos a aceptar ayuda para resolver los problemas financieros, se oponen firmemente a cualquier intento de privatización.
“El Servicio Postal necesita soluciones sensatas, no privatizaciones que amenazarán los empleos de 640,000 empleados postales y 7.9 millones de empleos vinculados a nuestro trabajo”, declaró Renfroe.
Lo cierto es que el futuro del Servicio Postal de EE.UU. parece cada vez más incierto. Mientras que los defensores de la reforma sostienen que este tipo de ajustes son necesarios para garantizar la viabilidad financiera de la agencia, los detractores alertan sobre las posibles consecuencias de estos recortes y la privatización. Para muchos trabajadores, la sensación de inseguridad laboral se ha incrementado, y el miedo a perder sus empleos se ha convertido en una realidad más palpable que nunca.
De aquí en adelante, se espera que el Congreso tome cartas en el asunto. Algunos miembros ya han señalado que están dispuestos a luchar contra lo que consideran un intento de desmantelar una institución pública esencial para la vida diaria de millones de personas. Sin embargo, también es posible que los cambios sean inevitables, dada la presión económica sobre el gobierno federal.
Bachiller en Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con siete años de experiencia en medios de comunicación escritos, tanto en ediciones impresas como digitales. Actualmente redacto para el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.