Una sacudida inesperada remeció las embajadas estadounidenses alrededor del mundo esta semana, cuando recibieron una directiva fulminante: despedir a todos los trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La orden, emitida por el secretario Marco Rubio, sorprendió tanto por su rapidez como por su desafío abierto a un bloqueo judicial que había intentado frenar este tipo de acciones.
EL ARGUMENTO OFICIAL ES CLARO
Según Rubio, el Departamento de Estado tomará directamente el control de los programas de asistencia exterior, desplazando por completo a USAID. Para muchos, esto representa el fin de una era de diplomacia humanitaria liderada por la emblemática agencia creada durante la Guerra Fría para proyectar el poder blando de Estados Unidos a través del desarrollo y la ayuda internacional.
Sin embargo, la controversia no tardó en encenderse. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, intentó minimizar el impacto de la noticia, afirmando que los despidos “no fueron una sorpresa”.
Según Bruce, ya en febrero y marzo se anticipaba esta eliminación masiva de puestos. “Es exactamente lo que esperábamos”, insistió. Pero muchos dentro y fuera del gobierno consideran que este golpe directo a USAID tiene implicancias más profundas de lo que la portavoz quiso admitir.
USAID es una agencia responsable de administrar la ayuda exterior civil y la asistencia para el desarrollo en todo el mundo (Foto: AFP)
BLOQUEO TEMPORAL DE UN JUEZ
Un juez federal había emitido una orden que bloqueaba temporalmente cualquier despido masivo dentro de agencias federales, incluyendo el Departamento de Estado. La administración Trump, sin embargo, alega que el proceso de despidos ya había comenzado antes de dicha orden, lo que, en su opinión, lo exime de cualquier violación. La jueza Susan Illston aún no ha dictado sentencia, pero lo que está en juego es la legitimidad del proceso y la integridad institucional.
La directiva de Rubio fue concreta: las embajadas deben “abolir todos los puestos de USAID en el extranjero” antes del 30 de septiembre. Una decisión que culmina con el desmantelamiento casi total de la agencia, después del despido de más de 10,000 empleados y contratistas a lo largo del año. Los ecos de este recorte ya resuenan con preocupación en gobiernos aliados, ONGs y organismos internacionales.
En marzo, la administración Trump había cancelado el 83% de los contratos de ayuda exterior. Rubio defendió esa medida argumentando que los 5.200 contratos eliminados “gastaron decenas de miles de millones de dólares en formas que no sirvieron, y en algunos casos incluso perjudicaron, los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos”. Un enfoque que redefine las prioridades de la política exterior del país bajo un lente más transaccional y menos humanitario.
Durante décadas, USAID ha sido sinónimo de cooperación, reconstrucción y asistencia en emergencias humanitarias. Su desmantelamiento podría dejar un vacío en regiones que dependen de su presencia, y abrir el camino a la influencia de potencias rivales como China y Rusia, que compiten por espacio geopolítico en el mundo en desarrollo.
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