Durante casi 20 años, María —nombre ficticio utilizado para proteger su identidad— ha vivido en Estados Unidos, trabajando, criando a sus tres hijos y tratando de salir adelante en silencio. Hoy, esta mujer hondureña residente del sur de Florida enfrenta una realidad angustiante: una multa de 1,82 millones de dólares impuesta por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por no abandonar el país luego de una orden de deportación emitida en 2005.
María llegó a Estados Unidos en febrero de ese año por la frontera de California. En medio de un panorama incierto y sin redes de apoyo, no se presentó a una audiencia de inmigración dos meses después, lo que activó una orden automática de salida. Ella afirmó que nunca recibió documentos oficiales ni sabía a dónde acudir. Ahora, casi dos décadas más tarde, ICE le cobra US$500 por cada día de permanencia en el país desde esa orden.
“Desde ese día vivo con ansiedad… No puedo dormir… No siento nada”, confesó en una entrevista con CBS News Miami. A sus 41 años, con tres hijos ciudadanos estadounidenses y sin antecedentes penales, María vive con el miedo constante de ser separada de su familia y devuelta a un país que ya no siente como suyo.
La abogada de María, Michelle Sánchez, dijo que la multa es excesiva e injusta (Foto: AFP)
LA PALABRA DE LA DEFENSA LEGAL DE MARÍA
La abogada de inmigración Michelle Sánchez ha asumido su defensa y calificó la multa como “absolutamente loca”. Según explicó, la sanción se basa en una ley de 1952 que permite aplicar multas diarias a personas que desobedecen órdenes de deportación. Pero Sánchez sostiene que el caso de su clienta no es uno de rebeldía, sino de desinformación y abandono institucional. “Mi clienta nunca fue debidamente notificada ni entendió las consecuencias legales de su situación”, declaró.
En 2024, Sánchez presentó una moción para reabrir el caso, apelando a la política de discreción otorgada a los abogados de ICE por la administración Biden. Argumentó que María tiene derecho a permanecer en el país por su larga residencia y por el impacto emocional y económico que su deportación causaría a sus hijos. Sin embargo, la solicitud fue rechazada en marzo. Apenas dos meses después, llegó la multa.
PIDE AYUDA PARA PODER QUEDARSE EN ESTADOS UNIDOS
La situación no solo ha generado conmoción en círculos legales, sino que también ha reavivado el debate sobre cómo se aplican las leyes migratorias en casos de personas con fuertes lazos en EE.UU. María no es una amenaza para la sociedad. Es una madre, una trabajadora, una mujer que se ha mantenido en la sombra, cumpliendo con sus responsabilidades. Y ahora, enfrenta la posibilidad de perder todo por una omisión administrativa de hace 20 años.
“Este es el país de mis hijos, esto es todo lo que conocen”, indicó María, conteniendo las lágrimas. Para ella, regresar a Honduras no es una opción. “Por favor, tengan piedad, quiero quedarme con ellos”, sentenció. En medio de un sistema que muchas veces parece inflexible, su pedido resuena como un grito desesperado por justicia y humanidad.
Mientras ICE evalúa su respuesta oficial, el caso de María se convierte en símbolo de una problemática más amplia: ¿cómo equilibrar el cumplimiento de la ley con la compasión y el sentido común?
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