
El presidente Donald Trump ha sacudido el sistema educativo estadounidense con el anuncio de una reorganización histórica del Departamento de Educación. En una conferencia de prensa, el mandatario confirmó que dos funciones clave de esta agencia serán trasladadas a otros departamentos. La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) asumirá la gestión de la cartera de préstamos estudiantiles, mientras que el Departamento de Salud y Servicios Humanos se encargará de los programas de necesidades especiales y nutrición.
LA SBA ASUME EL CONTROL DE LOS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES
Trump explicó que la SBA, dirigida por Kelly Loeffler, tomará el control de la cartera de préstamos estudiantiles de manera inmediata. La Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, que actualmente administra 1,6 billones de dólares en préstamos para 43 millones de prestatarios, será desmantelada y sus funciones transferidas a la SBA.

El presidente de Estados Unidos aseguró que este cambio permitirá una gestión más eficiente de los préstamos, pero las dudas sobre la capacidad de la SBA para asumir esta enorme responsabilidad no se hicieron esperar. La medida ha provocado tanto expectativa como críticas dentro del sector educativo y financiero.
La SBA ya maneja miles de millones de dólares en préstamos cada año, pero ha enfrentado recortes importantes desde el inicio de la administración de Trump. La agencia ha reducido su fuerza laboral en casi 43%, eliminando 2,700 puestos en medio de una reestructuración interna.
Con este escenario, expertos cuestionan cómo una agencia con menos recursos y personal podrá gestionar una cartera de préstamos estudiantiles de tal magnitud. Además, aún no está claro si los más de 1,000 empleados de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes serán transferidos a la SBA o si la agencia contratará nuevo personal.
PROGRAMAS DE NUTRICIÓN Y NECESIDADES ESPECIALES BAJO NUEVA DIRECCIÓN
Trump también anunció que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, dirigido por Robert F. Kennedy Jr., se encargará de los programas de necesidades especiales y nutrición. Aunque Trump reconoció que esta es una tarea compleja, aseguró que la reorganización permitirá un mejor enfoque en las necesidades de los estudiantes más vulnerables. Pero los detalles sobre cómo se implementará esta transferencia y cómo se garantizará la continuidad de los programas siguen sin definirse.
El anuncio de Trump ha generado un alud de críticas en el sector educativo. Mike Pierce, director del Centro de Protección al Prestatario Estudiantil, calificó la decisión como “ilegal” y acusó al presidente de intentar desmantelar el sistema de préstamos estudiantiles en detrimento de millones de prestatarios.
La presidenta de la Federación Americana de Maestros (AFT), Randi Weingarten, fue aún más directa: “Nos vemos en la corte”, afirmó en una declaración pública. La reorganización también podría enfrentar obstáculos legales debido a la Ley de Educación Superior de 1965, que estipula que el programa de ayuda estudiantil debe estar bajo la jurisdicción del Departamento de Educación.
Incluso expertos en políticas conservadoras como Rick Hess, del American Enterprise Institute, reconocieron que la transferencia de los préstamos estudiantiles a la SBA podría generar una batalla legal. La Ley de Educación Superior establece que la administración de la ayuda estudiantil debe recaer en el Secretario de Educación, por lo que el Congreso podría bloquear esta decisión. La presidenta de la AFT y otros líderes sindicales ya han adelantado que están preparando una estrategia legal para frenar esta reorganización.
CONSECUENCIAS PARA LOS PRESTATARIOS
El cambio de dirección en la administración de los préstamos estudiantiles llega en un momento crítico para los prestatarios. Millones de estudiantes y exalumnos están retrasados en los pagos de sus préstamos debido a la difícil situación económica.
Expertos como Jessica Thompson, del Instituto para el Acceso y el Éxito Universitario, advierten que este tipo de reorganización podría generar caos en el sistema de servicio de préstamos, aumentando los errores administrativos y perjudicando directamente a los prestatarios. “Los errores resultarán costosos para los prestatarios y para los contribuyentes”, señaló Thompson.











