
Seguir la historia del tren bala en California se parece a ver una serie de muchas temporadas: avanzan las obras, cambian los planes, sube el presupuesto y la política siempre mete mano. Por eso, cuando el estado decidió retirar la demanda contra el gobierno federal para recuperar cerca de 4.000 millones de dólares, muchos en California —incluida la comunidad latina— se preguntaron: ¿qué cambió ahora?
El proyecto busca conectar San Francisco y Los Ángeles con un tren de alta velocidad, impulsado por la California High-Speed Rail Authority y respaldado por el gobernador Gavin Newsom. Se trata de una obra gigantesca, con un costo estimado que supera los US$100,000 millones, que promete empleos, menos tráfico y menos contaminación, pero que también ha sido criticada por sus retrasos y sobrecostos.
EL RECORTE QUE ENCENDIÓ EL CONFLICTO
El conflicto se intensificó cuando el Departamento de Transporte de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, decidió retirar alrededor de US$4,000 millones en fondos federales asignados al tren bala. La justificación oficial fue que la autoridad del tren no tenía un “plan viable” para completar un tramo clave en el Valle Central, una región agrícola donde muchos trabajadores latinos sostienen la economía del estado.
Desde Sacramento, la respuesta fue inmediata. Newsom calificó el recorte como una maniobra política para castigar a California, y el estado presentó una demanda para revertir la decisión federal. En ese momento, el mensaje era claro: el estado no iba a aceptar, sin pelear, lo que consideraba un golpe injusto a uno de sus proyectos estrella.

¿POR QUÉ CALIFORNIA DECIDIÓ BAJAR LA DEMANDA?
Con el paso de los meses, el cálculo político y financiero cambió. Esta semana, la California High-Speed Rail Authority retiró la demanda tras concluir que el gobierno federal no es un socio confiable ni constructivo para avanzar el proyecto bajo la actual administración de Donald Trump. Seguir en los tribunales significaba gastar tiempo y dinero en una pelea con pocas posibilidades de recuperar esos fondos.
En un comunicado, la autoridad fue directa: “Esta acción refleja la evaluación del Estado de que el gobierno federal no es un socio confiable, constructivo ni digno de confianza para avanzar el tren de alta velocidad en California”. Para la comunidad latina, que suele ver de cerca cómo los proyectos se atrasan en sus barrios mientras la vida se encarece, la señal es que el estado prefiere concentrarse en construir con lo que tiene antes que seguir atrapado en un pleito político.
EL PESO DEL CLIMA POLÍTICO Y LOS ATAQUES DESDE WASHINGTON
El debate ha tenido un tono altamente político. Donald Trump y el secretario de Transporte, Sean Duffy, han atacado repetidamente el proyecto, llamándolo un “tren a ninguna parte” y asegurando que el ferrocarril prometido “no existe y nunca existirá”. En Truth Social, el presidente insistió en que el tren está “severamente sobrevaluado, sobrerregulado y nunca entregado”.
Ese ambiente de confrontación terminó reforzando la idea de que insistir en el dinero federal no era realista. Analistas de transporte consultados por medios nacionales señalan que el retiro de la demanda es, sobre todo, un giro estratégico: si en Washington no hay voluntad política, California opta por avanzar con sus propios recursos y nuevos aliados. Es una lógica familiar para muchos latinos en el estado, acostumbrados a la frase “si no nos ayudan, lo hacemos nosotros”.

CAP-AND-TRADE: EL DINERO QUE AHORA IMPULSA EL TREN
Al dejar atrás la demanda, la estrategia pasó a enfocarse en otras fuentes de financiamiento. Una de las más importantes es el programa estatal de comercio de emisiones, conocido como cap-and-trade o, en su versión renovada, cap-and-invest. Este sistema obliga a grandes contaminantes a pagar por sus emisiones, y ese dinero se destina a proyectos que reducen gases de efecto invernadero.
En 2025, los líderes del estado acordaron reautorizar este programa y garantizar alrededor de US$1,000 millones anuales para el tren de alta velocidad hasta 2045. Para un proyecto cuyo costo total supera los US$100.000 millones, no es la solución completa, pero sí una base sólida y estable, y envía un mensaje claro a inversionistas y a comunidades: el tren sigue en la agenda a largo plazo
MIRAR AL SECTOR PRIVADO Y A LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Sin el apoyo de Washington, la autoridad del tren está apostando por atraer inversionistas privados, tanto dentro como fuera del país. La idea es reducir la dependencia del gobierno federal y acercarse a modelos que ya funcionan en países con redes modernas de trenes de alta velocidad, como España, Japón o Francia.
Según la autoridad, avanzar sin la participación de la administración Trump abre “una nueva oportunidad” para adoptar mejores prácticas globales y acelerar la construcción, evitando algunas de las reglas federales que han añadido costos y retrasos sin aportar valor. Para muchos expertos, esto también podría traducirse en más empleos en el Valle Central y en los corredores urbanos, donde gran parte de la mano de obra es latina.
UN GIRO ESTRATÉGICO, NO UNA RENDICIÓN
Retirar la demanda no significa que California renuncie al tren bala; significa aceptar la realidad política actual y buscar caminos más directos para avanzar. El proyecto sigue estimado en más de US$100,000 millones y el objetivo inmediato es consolidar el tramo inicial en el Valle Central antes de extenderse hacia las grandes ciudades.
En el fondo, el mensaje es que el tren continúa siendo una prioridad para el estado, pero su futuro dependerá menos de los tribunales federales y más de una combinación de fondos estatales, inversión privada y decisiones a largo plazo. Para la población latina que vive en California, esto no es solo una historia de rieles y túneles: es también una disputa sobre qué tipo de infraestructura, empleo y calidad de aire se quiere para las próximas generaciones.
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