Redacción EC
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Más de 500 periodistas han sido asesinados y desaparecidos en las Américas en las últimas décadas. La cifra no solo resulta horrenda por la pérdida de los hombres y mujeres de prensa, sino porque los crímenes cometidos contra ellos están rodeados, en su mayoría, por la impunidad.

Ante este lamentable panorama, la lanza este 21 de octubre la campaña Lápices Inmortales, que busca crear conciencia sobre esa falta de justicia que incentiva más violencia, censura y autocensura.

Bajo el lema “Las voces pueden ser silenciadas, pero la libertad es a prueba de balas”, la campaña está basada en tres casos emblemáticos que la SIP ha elegido como símbolos de lucha: Irma Flaquer (Guatemala), desaparecida en 1980; Carlos Lajud Catalán (Colombia), asesinado en 1993 y Alfredo Jiménez Mota (México), desaparecido en el 2005.

La campaña, que fue creada por la firma Zubi Advertising de Miami, lleva por nombre Lápices Inmortales porque el ADN de Irma, Carlos y Alfredo está incorporado al grafito de los lápices que serán entregados en ceremonias especiales.

El material genético fue obtenido de artículos que donaron sus familias en un laboratorio en Miami, que luego se impregnó en el grafito de los lápices fabricados en San Salvador.

A través de un documento enviado a El Comercio, la SIP dijo estar "convencida de que este símbolo, fuerte y solemne, puede abrir conciencias y corazones”.

(SIP)
(SIP)

Los objetivos de la campaña, a la que se han sumado periodistas como Jorge Ramos de Univisión, son exigir justicia y combatir la impunidad; honrar a las víctimas; elevar la conciencia pública y promocionar cambios de políticas públicas.

Por ello, la asociación de prensa invita a periodistas y ciudadanos y medios de comunicación a sumarse a esta causa, registrando su nombre y email en la web y usando la etiqueta #lapicesinmortales en las redes sociales, lo que servirá para exhortar a los gobiernos a que actúen con medidas en contra de la impunidad y a favor de la seguridad de los profesionales de prensa.

Asimismo, la SIP espera que tras su lanzamiento oficial el 21 de octubre en su asamblea general, la campaña prosiga en los próximos meses y se intensifique especialmente el 2 de noviembre, Día Internacional para Poner Fin a los Crímenes contra Periodistas, con la publicación de los materiales, editoriales y columnas de opinión. Estos contenidos pueden ser enviados a .

Emblemáticos casos

El último viernes se cumplieron 40 años de la desaparición de la periodista guatemalteca Irma Flaquer, cuyo caso protagoniza junto a los de Carlos Lajud Catalán y Alfredo Jiménez Mota la campaña Lápices Inmortales.

Flaquer, de 42 años, fue interceptada el 16 de octubre de 1980 por un grupo de hombres armados cuando estaba a bordo de un vehículo que manejaba su hijo Fernando en las calles de Ciudad de Guatemala. Los atacantes abrieron fuego y mataron al joven de 24 años mientras ella fue empujada al interior de una camioneta que se dio a la fuga.

“Nunca más se supo de Irma Flaquer. Las presunciones indican que la mataron como represalia por sus artículos contra los actos corruptos de funcionarios del gobierno del general Romeo Lucas, de los militares de entonces y contra la opresión de los indígenas y las violaciones a los derechos humanos”, indica el de Proyecto Impunidad.

El radioperiodista colombiano Carlos Lajud Catalán fue asesinado el 19 de abril de 1993 cuando se dirigía a su trabajo en Barranquilla. Fueron dos desconocidos que se transportaban en una moto quienes abrieron fuego contra él.

Según consigna el diario colombiano “”, tras el crimen, la esposa y los compañeros de Lajud dijeron no tener dudas de que el crimen estaba relacionado con las denuncias que el periodista hacía diariamente en su programa Actualidad Deportiva en la emisora ABC. El caso aún está envuelto en la impunidad.

El periodista mexicano Alfredo Jiménez Mota, reportero especializado en nota policiaca, tenía 25 años cuando desapareció el 2 de abril del 2005 cuando cubría temas vinculados al crimen organizado y a la seguridad pública para el periódico El Imparcial de Hermosillo, en el norteño estado de Sonora.

El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 11 de marzo del 2009, tras una investigación realizada por la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México.

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