La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó este jueves “garantizar” la juramentación del presidente electo, el opositor Bernardo Arévalo, al acoger un recurso de amparo contra las maniobras de la fiscalía destinadas a impedir que asuma el poder el 14 de enero.
La máxima instancia judicial del país decidió “conminar al Congreso [...] a garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023, conforme los derechos de oficialización y validación de resultados”, según indicó en un comunicado, tras acoger el recurso presentado en octubre por un grupo de abogados y ciudadanos para despejar de obstáculos judiciales el ascenso de Arévalo al poder.
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La resolución, dictada a un mes del cambio de mando, también protege la toma de posesión de la vicepresidenta Karin Herrera, de los 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano electos en los comicios de este año.
“Este Tribunal [...], por las circunstancias acreditadas, y siendo el momento oportuno para salvaguardar el orden constitucional y el Estado Constitucional de Derecho en Guatemala, decidió otorgar el amparo definitivo”, dijo la Corte.
La Corte había dictado un amparo provisional en octubre, pero el lunes abogados y ciudadanos encabezados por el constitucionalista Edgar Ortiz, pidieron una “debida ejecutoria” luego de que el viernes la Fiscalía presentara una investigación con supuestas anomalías en las elecciones por las que consideraba que éstas eran “nulas”.
“Estas disposiciones se emiten bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, los responsables incurrirán en las responsabilidades civiles y penales correspondientes”, señaló la Corte.
Aunque ordenó garantizar la transición, la Corte señaló que su fallo “es sin perjuicio de las facultades de investigación y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y los jueces del orden penal”.
“El fallo enfatiza la autonomía del Ministerio Público pero deja totalmente claro que sus investigaciones NO pueden impedir la finalización del proceso electoral, que culmina con la toma de posesión de los funcionarios electos”, escribió Ortiz en la red X (antes Twitter).
“La Corte ha emitido un fallo valiente e histórico”, agregó.
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La Fiscalía dirigida por Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, que la considera “corrupta” y “antidemocrática”, lanzó una arremetida contra Arévalo después de que el socialdemócrata dio la sorpresa en junio al colarse al balotaje, que ganó con amplio margen en agosto.
A petición de la Fiscalía, el juez Fredy Orellana ordenó suspender al Movimiento Semilla de Arévalo por presuntas ilegalidades en su conformación hace cinco años, y luego los fiscales pidieron a la justicia quitarle la inmunidad al presidente electo para investigarlo por supuesto lavado de dinero y por daños en la ocupación de una universidad estatal en 2022.
Arévalo, un sociólogo de 65 años, ha señalado que su elección despertó malestar en poderosos sectores “corruptos” del país y que las acciones de la fiscalía son parte de un “golpe de Estado” en curso para evitar que asuma.
El embate de la fiscalía generó el rechazo internacional y Estados Unidos ha sancionado a muchos guatemaltecos por “socavar” la democracia.
El lunes, Washington anunció restricciones de visado a unos 300 guatemaltecos, entre ellos un centenar de diputados que avalaron quitar la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Electoral a petición del Ministerio Público por un supuesto fraude en la compra de un programa de resultados preliminares.
Por su lado, el Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución no vinculante que pide la adopción de sanciones contra los responsables por “la tentativa de golpe de Estado” en Guatemala.
Tras las últimas sanciones de Estados Unidos y una condena de la OEA, el presidente saliente, el derechista Alejandro Giammattei, aseguró el martes que nada impedía que Arévalo y las demás autoridades electas asuman sus puestos.
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Paralelamente, el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche pidió este jueves a la Corte Suprema levantar la inmunidad de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, para investigarla por las presuntas ilegalidades en los comicios.
Además, Curruchiche acusó a Alfaro de “obstaculización a la acción penal” por supuestamente haber agredido a fiscales en un allanamiento a oficinas del TSE en septiembre, cuando fueron secuestradas cajas con material de los comicios.
“Nuevamente el Ministerio Público intenta vulnerar a la máxima autoridad electoral del país con otra persecución legal”, señaló el TSE en Facebook.
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