En esta imagen del martes 15 de septiembre de 2020, Dawn Wooten, enfermera en el Centro de Detención del condado Irwin, en Ocilla, Georgia, habla durante una conferencia de prensa en Atlanta para denunciar las condiciones de la cárcel de inmigrantes. (Foto: AP)
En esta imagen del martes 15 de septiembre de 2020, Dawn Wooten, enfermera en el Centro de Detención del condado Irwin, en Ocilla, Georgia, habla durante una conferencia de prensa en Atlanta para denunciar las condiciones de la cárcel de inmigrantes. (Foto: AP)
/ Agencia AP
Redacción EC
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Algunas de ellas fueron al médico por problemas menores y terminaron sin útero o trompas de Falopio. Tal es el caso de las pacientes del doctor Mahendra Amin, un ginecólogo vinculado esta semana a las acusaciones de practicar histerectomías —extirpación total o parcial del útero— y procedimientos no deseados por mujeres inmigrantes. No quisieron ofrecerles una segunda opinión, eran detenidas del en .

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El caso más reciente es el de Mileidy Cardentey, una cubana de 39 años de edad que fue sometida a una intervención quirúrgica por quistes ováricos. Un mes después todavía no está segura de qué procedimiento le realizaron.

Sentada frente a su abogado en un centro de detención migratoria en una región rural de Georgia, Cardentey se desabrocha el uniforme para mostrar las cicatrices en su abdomen: tres pequeñas marcas circulares. Las dudas la invaden.

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Luego de que solicitó sus registros médicos en repetidas ocasiones para averiguarlo, el Centro de Detención del condado Irwin (Georgia) le entregó más de 100 páginas en las que se detalla el diagnóstico de quistes, pero nada sobre el día de la cirugía.

“Lo único que me dijeron fue: ‘Te vas a dormir y cuando te despiertes, habremos terminado’”, relató Cardentey en una entrevista telefónica a la agencia de noticias The Associated Press (AP). La única prueba que tiene de aquel aterrador día es un brazalete del hospital en el que fue internada. En él se puede leer la fecha, 14 de agosto, y parte del nombre del médico encargado del procedimiento: Mahendra Amin. Las dudas la siguen invadiendo, tras las acusaciones que hay contra este galeno.

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Según una investigación de AP, al revisar los registros médicos de al menos cuatro inmigrantes detenidas y entrevistas con sus abogados pudieron revelar crecientes acusaciones de que ese doctor realizó cirugías y otros procedimientos que las inmigrantes nunca solicitaron o no comprendían en su totalidad.

Pese a que algunos de estos procedimientos podrían estar justificados en base a los problemas documentados por Amin en los registros, las mujeres no dieron su consentimiento o no tenían conocimiento pleno, lo que genera graves problemas éticos y legales, informaron expertos legales y médicos.

Amin ha realizado cirugías y otros tratamientos ginecológicos a por lo menos ocho de las mujeres que han pasado por el Centro de Detención del condado Irwin desde 2017, incluso una histerectomía, dijo Andrew Free, abogado de derechos civiles y migratorios que trabaja con otros colegas para investigar los tratamientos médicos realizados en el lugar. Varios médicos, a pedido de los abogados, están examinando los nuevos registros, y más mujeres han reportado ser pacientes de Amin, dijo Free.

“Hay indicios de que existe una falta sistémica de consentimiento informado y legalmente válido para realizar procedimientos, lo que a final de cuentas podría resultar en una esterilización, intencional o no intencional”, declaró.

La revisión hecha por la AP no encontró evidencia de histerectomías masivas en el centro de detenciones, según se afirma en una denuncia ampliamente compartida que fue presentada por la enfermera Dawn Wooten. Ella dijo que muchas mujeres detenidas fueron llevadas a un ginecólogo que no nombró y a quien llamó “el coleccionista de úteros” debido al número de histerectomías que realizó.

Esta denuncia desató la indignación de varios congresistas demócratas y una investigación realizada por el inspector general del Departamento de Seguridad nacional. A su vez, evocó comparaciones con esfuerzos previos aprobados por el gobierno en Estados Unidos para esterilizar a personas con el pretexto de mejorar la sociedad: víctimas que eran desproporcionadamente pobres, enfermos mentales, indígenas, negros y otras minorías. Treinta y tres estados tuvieron programas de esterilización forzada en el siglo XX.

Por su parte, Priyanka Bhatt, una abogada que ayudó a presentar la denuncia aclaró que la enfermera nunca habló con alguna mujer que hubiera tenido una histerectomía. La abogada por el grupo activista Project South, aseguró a “The Washington Post” que incluyó las acusaciones de histerectomía porque quería que ello generara una investigación para determinar si eran ciertas.

“Tengo la responsabilidad de escuchar a las mujeres con las que he hablado”, dijo Bhatt a la AP el viernes. Agregó que una mujer afirmó que fue presionada reiteradamente para someterse a una histerectomía y que las autoridades le dijeron que no pagarían para que obtuviera una segunda opinión médica.

Mientras tanto, Amin dio su versión al sitio web noticioso “The Intercept” —que reportó inicialmente la denuncia de Wooten— y aseguró que él solamente ha realizado una o dos histerectomías en los últimos tres años. “Esperamos que todos los hechos salgan a la luz y confiamos en que, una vez que eso suceda, el doctor Amin será exonerado de cualquier acción indebida”, señaló su abogado, Scott Grubman.

En consonancia con lo señalado por Amin. El ICE afirma que en la cárcel de Ocilla se parcticaron dos histerectomías. “A los detenidos se les otorga el consentimiento informado, y un procedimiento médico como una histerectomía nunca se realizaría en contra de la voluntad del detenido”, aclaró en un comunicado la doctora Ada Rivera, directora médica del Cuerpo de Servicios de Salud de ICE, que supervisa la atención médica en detención de esta cárcel ubicada en Ocilla, Georgia, a unas 150 millas de Atlanta.

“Si hay algo de verdad en esas acusaciones, estoy comprometido a hacer las correcciones necesarias para asegurarnos de que continuamos dando prioridad a la salud, el bienestar y la seguridad de los detenidos del ICE”, sostuvo el director del ICE, Tony Pham, en un comunicado.

En cambio, LaSalle Corrections —la firma privada encargada de operar el centro de detención— dijo en una declaración que refuta “enérgicamente esas acusaciones y cualquier insinuación de que se procedió indebidamente”.

Se sabe que las mujeres detenidas en el ICE del condado de Irwin que requerían de atención ginecológica siempre eran llevadas ante el doctor Amín, según los historiales médicos revisados por AP. Estos documentos fueron provistos por los abogados Free y Alexis Ruiz, encargado de representar a la cubana Cardentey. Según las entrevistas entre los letrados y las detenidas, algunas de estas mujeres llegaron a tenerle miedo al doctor.

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Dos mujeres inmigrantes que no han vuelto a ser las mismas luego de pasar por la sala de Amin

Una de las mujeres que fue ante Amin por un procedimiento quirúrgico conocido como dilatación y curetaje. Normalmente llamado DyC, el procedimiento implica el retiro de tejido del útero y puede usarse para tratar un sangrado excesivo. Ella señaló que tenía un sangrado irregular y por ello se decidió que debía hacerse este procedimiento. Sin embargo, en un estudio de laboratorio del tejido se encontraron indicios de un cáncer temprano llamado carcinoma.

Las notas de Amín indican que 11 días después de la consulta la mujer aceptó que le hicieran la histerectomía. Según los médicos que hablaron con la agencia de noticias, una histerectomía pudo haber sido apropiada debido al carcinoma, aunque quizá había disponibles opciones menos invasivas.

Free, que habló con esta mujer, dijo que ella se sintió presionada por Amin y “no tuvo la oportunidad de decir que no” o hablar con su familia antes del procedimiento. El abogado solicitó que la identidad de la mujer no fuera revelada, por temor a sufrir represalias de las autoridades de inmigración.

Otro caso alarmante es el de Pauline Binam, una mujer de 30 años traída de Camerún a Estados Unidos cuando tenía dos años de edad, ella cuenta que vio a Amin debido a que tuvo un ciclo menstrual irregular. Ante su problema le dijeron que debía realizarse una DyC, según especificó su abogado Van Huynh.

Cuando la mujer despertó de la cirugía, le contaron que el doctor Amin había extirpado una de sus dos trompas de Falopio, un conducto que conecta el útero y los ovarios para la reproducción humana. Los expedientes médicos de Binam indican que el doctor descubrió que la trompa estaba inflamada.

“Ella estaba estupefacta y como que lo confrontó acerca de que no le había dado su consentimiento para que le hiciera eso”, asegura Huynh. “La respuesta de él fue que de todas formas ya habían ingresado allí y descubrieron que existía ese problema”, dijo el letrado.

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¿Qué dice la ética médica?

Como se sabe, las mujeres aún pueden concebir con una sola trompa de Falopio y un ovario intactos, pero faltó el consentimiento informado de Binam para que se realizara tal cirugía según explicitaron los médicos que conversaron con la AP. Los expertos también sostienen que el retiro de la trompa probablemente fue innecesario y cuestionaron cómo fue que Amin descubrió la trompa inflamada porque la realización de una DyC normalmente no implica explorar las trompas de Falopio.

La doctora Julie Graves, médico familiar y de salud pública en Florida, dijo que el proceso al que fue sometida Binam fue “absolutamente abominable”. Además detalló que “está establecido en la ley en Estados Unidos que no operas todo lo que encuentras”, agregó. “Si estás en un hospital escuela y un médico tratante hace algo así, estalla un escándalo y los despiden”.

Este miércoles, Binam estaba a punto de ser deportada, pero el ICE postergó esa acción a raíz de las peticiones de miembros del Congreso y una solicitud de su abogado para una suspensión de emergencia.

Mientras tanto, Grubman, abogado de Amin, señaló en un comunicado que el doctor “ha dedicado su vida adulta a atender a una población de alto riesgo y desatendida en las zonas rurales de Georgia”.

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Los antecedentes del Dr. Amin

Amin completó su carrera de medicina en India en 1978 y su residencia en ginecología en Nueva Jersey. Ha practicado en las zonas rurales de Georgia durante al menos tres décadas, según documentos judiciales. Registros corporativos estatales también muestran que el doctor es ejecutivo de una compañía que administra el Hospital Condado Irwin.

En 2013, investigadores estatales y federales demandaron a Amin, a la autoridad hospitalaria del condado Irwin y a un grupo de otros doctores acusados de presentar facturas falsas al Medicare y Medicaid, los servicios gubernamentales de atención médica a los ancianos y las personas de bajos ingresos, respectivamente.

En la demanda se afirma que el personal de enfermería del Hospital Condado Irwin estaba capacitado para seguir las “instrucciones fijas” de un médico, descritas como “procedimientos preparados con base en el diagnóstico de la enfermera”. Esto significaba que el personal de enfermería a menudo decidía los planes de tratamiento, pero eran facturados al Medicaid y Medicare como si el doctor los hubiera ordenado, según la demanda.

Los investigadores vincularon una de las instrucciones fijas a Amin, alegando que él solicitó que “siempre se hicieran ciertas pruebas a pacientes embarazadas, sin ninguna evaluación médica y sin importar el problema de salud que tuviesen”.

Se alcanzó una solución a la demanda en 2015 sin sanciones contra Amin que se conozcan. El hospital pagó 520.000 dólares tras llegar a un acuerdo, y señaló que ningún médico pagó nada de esa cantidad y fue “exonerado de toda responsabilidad”.

La Junta Médica Conjunta de Georgia describe a Amin como un médico acreditado y sin ninguna medida pública disciplinaria en su contra. La directora ejecutiva de la junta, LaSharn Hughes, dijo que los expedientes de las investigaciones eran confidenciales de acuerdo con la ley estatal.

Los fiscales estatales no remitieron a Amin ante la junta médica después de la demanda relacionada con las facturaciones porque no implicó acusaciones específicas de daño a paciente alguno, dijo Katie Byrd, portavoz del secretario de Justicia de Georgia, Chris Carr.

Fuente: con información de AP

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