La violencia contra afroamericanos por parte de agentes del Estado es un mal demasiado común en Estados Unidos. Antes de George Floyd fueron Atatiana Jefferson, Botham Jean, Philando Castile, Freddie Gray, Tamir Rice, Michael Brown, Eric Garner, Trayvon Martin y muchos más. Todos murieron a manos de policías.
Floyd murió a inicios de la semana pasada en Minneapolis, Minnesota, después de que un policía lo inmovilizó colocándole la rodilla en el cuello durante ocho minutos y 46 segundos, incluso después de que dejó de moverse y que se quejaba de no poder respirar. Su muerte desató protestas en todo Estados Unidos, donde decenas de miles de personas han tomado las calles hartos de la injusticia racial y las tácticas de fuerza excesiva por parte de los cuerpos policiales.
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Derek Chauvin, el oficial de policía de 44 años, fue acusado el último viernes de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Otros tres oficiales involucrados en el incidente no han sido acusados.
La acusación en su contra llegó cuatro días después de la muerte de Floyd. El tiempo transcurrido es mayor al habitual en estos casos, pero no si se ve desde otra perspectiva.
"Hasta hace poco, era raro que se presentaran cargos penales contra la policía local por la muerte de un civil; Chauvin es ahora el tercer oficial de policía de Twin Cities en ser acusado en cinco años", dice el diario “Minnpost” de Minneapolis. Twin Cities (Ciudades Gemelas) es como se conoce a los territorios aledaños de Minneapolis y Saint Paul.
¿Qué pasó en otros casos?
En octubre del 2019, Atatiana Jefferson, de 28 años, fue abatida en su casa por el oficial Aaron Dean, durante una revisión a su vivienda. El hecho, ocurrido en Fort Worth, Texas, también provocó una ola de protestas e indignación ciudadana.
Dean fue separado del cuerpo policial y acusado de cargos de asesinato en diciembre pasado.
Otro caso que provocó manifestaciones fue el de Philando Castile. El hombre de 32 años, fue detenido junto a su novia en Falcon Heights, Minnesota, por el policía Jeronimo Yáñez porque tenía una luz posterior rota. Según los informes, durante la intervención dijo al oficial que tenía licencia para portar un arma y que tenía una en el automóvil.
Cuando regresó al auto para buscar su licencia, Yáñez le disparó. El hecho fue grabado por su novia, quien emitió las imágenes por Facebook.
Aunque Yáñez fue acusado de homicidio involuntario en segundo grado y dos cargos de descarga peligrosa de un arma de fuego, fue absuelto por un jurado menos de un año después.
Tamir Rice tenía solo 12 años pero fue víctima de una mortal confusión y discriminación. El 22 de noviembre del 2014, el menor estaba en un parque de juegos de Cleveland, Ohio, cuando una persona que estaba ahí llamó al 911 denunciando que el menor llevaba una pistola, que en realidad era de juguete.
Al lugar llegó el policía Timothy Loehmann, un novato, quien le disparó y lo mató.
Loehmann no fue acusado penalmente, pero fue despedido de la policía de Cleveland por mentir sobre un trabajo anterior en su solicitud de empleo. Años después, aceptó otro trabajo policial en la zona rural de Ohio, pero renunció bajo la presión de activistas negros.
Inmunidad calificada
La ley de inmunidad calificada, que tiene sus orígenes en un fallo de la Corte Suprema a principios de los ochenta, puede proteger a los agentes estadounidenses de la responsabilidad civil si no violan una ley claramente establecida.
“La inmunidad calificada es una doctrina legal que protege a los agentes de policía acusados de interferir con los derechos constitucionales de ser responsables a menos que violen una ley claramente establecida y definida”, indica la cadena CNN.
El concepto legal fue desarrollado por la Corte Suprema para los funcionarios públicos cuando actúan en cumplimiento del deber.
Sin embargo, según una investigación de la agencia Reuters, los policías se ven protegidos en gran medida de ser condenados o de tener que pagar reparaciones monetarias a las víctimas o sus familias gracias a la inmunidad calificada.
Así, los agentes se ven blindados por esta figura incluso cuando los tribunales determinan que violaron los derechos civiles de una víctima.
Pese a ello, los casos que obtienen la atención nacional suelen ser la excepción. Es en estos escenarios en que suelen presentarse ofertas de conciliación y, a veces, se levantan cargos penales contra los policías involucrados.
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