Defensor del Pueblo israelí denuncia abusos “sin precedentes” en las cárceles nacionales

El Defensor del Pueblo de Israel denunció que el país vive una crisis penitenciaria marcada por “una violación sin precedentes de los derechos básicos de los detenidos”, según un informe del organismo al que EFE accedió este jueves.

“En 2025, la crisis penitenciaria en Israel alcanzó un nuevo y alarmante punto álgido, con una violación sin precedentes de los derechos básicos de los presos bajo custodia estatal”, afirma el informe, de carácter anual.

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En total, el Defensor del Pueblo (dependiente del Ministerio de Justicia) eleva a más de 23.200 el total de presos, cifra que excede el estándar penitenciario establecido en Israel, de un total de 16.300.

“Aproximadamente, el 61% de los presos se encuentran en instalaciones que no cumplen con la normativa vigente. Alrededor de 4.400 presos duermen en colchones en el suelo, sin cama”, continúa el texto difundido por el organismo.

Representantes del Defensor del Pueblo visitaron cárceles del país “donde constataron la precariedad sanitaria, la falta de equipamiento y graves perjuicios para la salud física y mental de los reclusos”.

El informe recoge también un apartado sobre la violencia policial en Israel, asegurando que de forma habitual los agentes recurren a un uso de la fuerza “excesivo” que provoca daños a los detenidos y viola su presunción de inocencia.

En total, el organismo presentó 297 denuncias por violencia policial en casos en los que intervino.

Denuncias recogidas en el informe sobre las cárceles de Israel, como la precariedad sanitaria o las malas condiciones para el sueño, son también habituales en los reportes de instituciones palestinas como la Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos, y también ONGs israelíes como B’Tselem se han referido a ellas como “campos de tortura”.

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La ONG israelí HaMoked cifra en 9.299 los palestinos detenidos en prisiones israelíes por motivos de seguridad, entre ellos 1.421 condenados, 3.314 en prisión preventiva y 3.244 detenidos administrativos, un método que Israel aplica, también en Cisjordania ocupada, para retener sin cargos ni juicio.

También hay 1.320 detenidos como “combatientes ilegales”, un método similar al de la detención administrativa pero aplicado a palestinos de Gaza.

Desde los ataques del 7 de octubre del 2023, y con un sistema nacional de prisiones dirigido por el ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, el país ha empeorado las condiciones de los presos, marcadas en el caso de los palestinos por la privación de alimento, de productos de higiene o del sueño, así como las agresiones físicas e incluso sexuales.