El disparo que vemos y el agua que no bebemos

“Lo que es extremista es que haya niños en Ayacucho hasta el día de hoy –que hay IA– cargando baldes de agua para lavar sus platos. ¿Sabes lo que es extremista? Que de cada 10 niños menores de 4 años, tres tengan anemia”. Gritaba entre lágrimas e indignación un joven del Bloque Hip Hop en la vigilia de Trvko.

¡Cuánta razón tiene y cómo su grito desesperado debiera interpelarnos como nación!

La violencia toca nuestras puertas sin tregua. Los peruanos ponen su vida en peligro todos los días por ejercer su derecho al trabajo. Aquí, la vida y el trabajo se han vuelto un privilegio. Los especialistas señalan como culpable al crimen organizado. Y lo es. Pero nos olvidamos de que el principal responsable es el Estado, incapaz de ejercer autoridad y garantizarnos derechos básicos.

El 15 de octubre fuimos testigos de un fratricidio. Nos hemos vuelto inmunes al dolor ajeno, como atrapados por el fentanilo. Hemos visto los rostros visibles de la violencia descarnada. La bala que le quitó la vida a Trvko, las piedras que hirieron a policías, los asesinatos diarios a trabajadores son hechos irrefutables que generan indignación inmediata y necesaria.

Sin embargo, desde mi perspectiva de ciudadana y exfuncionaria, debo advertir que el Perú vive una violencia paralela. Una que no genera titulares, que no tiene un rostro único, pero que es igual de letal.

Es la violencia estructural de la indiferencia.

Me refiero a las cifras: anemia (43,1% de prevalencia, Endes, 2024); comprensión lectora (siete de cada 10 estudiantes de cuarto grado no alcanzan un nivel satisfactorio, ENLA, 2024) y acceso a agua de calidad (solo el 36,4% de peruanos la bebe, Enapres, 2024). Nombro estas porque están íntimamente ligadas e hipotecan el futuro de nuestros niños.

Son estadísticas tan frías como violentas.

Los funcionarios manejan con autocomplacencia los “indicadores de cobertura”. En saneamiento, reportan con falso orgullo que el 91% tiene acceso a la red pública. Pero esta cifra es un espejismo burocrático.

Tener un caño no significa tener agua potable.

La cifra que define la salud de la nación es la del acceso a agua clorada. Y es una catástrofe: solo el 36,4% de los peruanos consume agua de calidad. Esto significa que casi siete de cada 10 peruanos beben agua que puede enfermarlos.

Cuando un niño en Puno o Loreto bebe agua no potable, sufre enfermedades diarreicas agudas (EDA), una de las principales causas de mortalidad infantil. Si sobrevive, esa agua lo condena a la parasitosis, que le impide absorber nutrientes y lo sume en la anemia. Un niño anémico no puede aprender. Su futuro le es robado en cada sorbo.

Es una sentencia.

La tragedia violenta de hace unos días sucedió en la capital. Pero la tragedia del agua no clorada sucede todos los días en el ámbito urbano y, sobre todo, rural, donde solo el 3,8% de la población accede a agua segura. Reflexionemos sobre Puno, Huancavelica, Loreto y Ucayali, donde la brecha de agua clorada supera el 96%. Esto no es un indicador técnico: es una violación sistemática de los derechos humanos. Es una falta de decisión política.

Esa es la violencia de la que no hablamos, quizás porque nos cuesta reconocer que hemos sido incapaces de combatirla, como sociedad y Estado.

Las manifestaciones violentas son un fracaso agudo del Estado. Las cifras de anemia y EDA son el fracaso crónico de ese mismo Estado. E irremediablemente, el segundo fracaso alimenta el primero. No reaccionar es admitir que hay peruanos de primera y segunda clase.

Es la normalización de la desigualdad.

Los asesinados y extorsionados exigen justicia inmediata. El 96% olvidado también.

Frente a esta profunda incapacidad, es imprescindible que el nuevo gobierno, el sector privado y la sociedad civil se comprometan irrevocablemente. Un camino real ya es ley, pero no se aplica: la Ley de Acceso Universal al Agua. Su costo es de 2.000 millones de soles. La plataforma multiactor Unidos por el Agua y el Saneamiento es el espacio para impulsar esta reforma. Con unidad de propósito, el cierre de la brecha se puede lograr al 2030.