Cuerdas separadas, soga al cuello

La brutalidad de las cifras de pobreza confirmadas la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es innegable: desde el 2019, 3,3 millones de peruanos han caído por debajo de la línea de pobreza. Es decir, no les alcanzan sus ingresos para cubrir el costo de la canasta básica de consumo, que se calcula en S/446 mensuales por persona. ¡3,3 millones de peruanos! Además, casi dos millones de peruanos están en pobreza extrema, que implica no poder cubrir el costo de la canasta básica de alimentos, estimada en S/251 al mes. Y el total de pobres monetarios asciende a 9,8 millones de peruanos, equivalente al 29% de la población. Estamos peor que durante la pandemia.

Otra cifra que me interesa resaltar es que el 31,4% de la población está en riesgo de caer en pobreza si pierde su empleo o sufre una enfermedad catastrófica. Es decir, seis de cada diez peruanos son pobres o vulnerables a caer en la pobreza. Esto es sencillamente inadmisible.

El informe del INEI incluye algunos datos de pobreza multidimensional que ilustran mejor esta realidad. Porque la pobreza es mucho más amplia y compleja que medir la carencia de dinero. Implica desventajas y falta de acceso en múltiples áreas. Si nos enfocamos en salud, vemos que el 32% de la población carece de atención médica, el 43,2% padece de problemas de salud crónicos y el 43,1% de nuestros niños de 6 a 35 meses de edad presenta anemia. ¡Cuatro de cada diez!

Si bien factores externos como crisis políticas, eventos climáticos y aumento de la inflación complicaron esta situación, la responsabilidad de no haberles hecho frente, especialmente de no haber contrarrestado la caída del empleo, es exclusivamente de nuestras autoridades. De todas: locales, regionales y nacionales.

En el 2017, cuando los embates desde un Congreso con mayoría fujimorista hacían muy difícil gobernar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, recuerdo que el lema de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) fue “Un solo Perú, no más cuerdas separadas”. Empezábamos a desmontar el mito de que, mientras la macroeconomía funcionara, la política seguiría su curso sin mayor impacto sobre la primera y sobre el bienestar de la población.

En dicho encuentro, la entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, declaró: “Soy consciente de que las leyes en el Perú no son perfectas, pero aprovechemos la institucionalidad que tenemos con el sector privado para conocer las dificultades que generan algunas normas y poder sentarnos en una misma mesa para mejorar las cosas”. A pesar de la polarización en la que vivimos y que ha venido incrementándose desde ese entonces, debemos actuar con esa lógica para atraer inversión privada y generar empleo. Solo el crecimiento económico sostenido nos permitirá darle la vuelta a estas cifras.

Entonces, diría que, por un lado, es indispensable contar con reglas de juego claras: es decir, estabilidad jurídica para que los inversionistas se sientan interesados en invertir en el Perú. Pero, por el otro, necesitamos medidas concretas de mejora de los programas sociales, especialmente de aquellos que pueden hacerle frente al hambre, para ayudar a las personas que en estos momentos pasan por situaciones de pobreza y pobreza extrema.

La política que vemos hoy, sin diálogo, sin consensos, defendiendo intereses personales, infiltrada por el crimen organizado y destruyendo con absoluta impunidad la precaria institucionalidad de nuestro país, se ve reflejada en las cifras del INEI. La pobreza mata, pero también lo hacen la ineptitud, la corrupción, la mala gestión y nuestra indiferencia. Reaccionemos.