Jueces vs. periodistas, por Alfredo Torres

De acuerdo a una reciente encuesta de Ipsos, 80% de la ciudadanía confía en los jueces y 25% en los periodistas. ¿Sorprendente? Pues ocurre que esta encuesta fue aplicada en el Reino Unido. Una encuesta similar en el Perú da resultados opuestos: La confianza promedio en la prensa es 50% (radio 65%, prensa escrita 48%, televisión 38%) y la del Poder Judicial es de apenas 28%. 

La baja aprobación del Poder Judicial en el Perú tiene que ver tanto con su ineficiencia como con la corrupción. En efecto, las causas en el Perú duran normalmente varios años cuando en países como el Reino Unido se resuelven en pocos meses. Pero tiene que ver, sobre todo, con que el Poder Judicial peruano es percibido como una de las instituciones más corruptas del país, según todas las encuestas, percepción que se refuerza continuamente con denuncias en la prensa y las redes sociales. 

Esta semana, por ejemplo, empezó con la indignada denuncia del ministro del Interior, Carlos Basombrío, en su cuenta de Twitter, por la liberación de decenas de acusados de integrar bandas criminales involucradas en secuestros, extorsión, asaltos y sicariato en el norte del país y capturados gracias a un destacable trabajo conjunto de la Policía Nacional y la fiscalía. El impacto en la prensa de esta absurda liberación fue tal que el presidente de la Corte Superior de Huaral se apresuró en “dar por concluida la designación de Ismael Orozco como juez supernumerario”. 

Esta semana también se conoció que una propiedad de Sedapal en Lurín fue invadida al amparo de una sospechosa medida cautelar otorgada por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, obligando a la empresa pública a arrojar los desagües a la playa Arica, contaminando el mar, en lugar de verterlos en las lagunas de oxidación que había construido en dichos terrenos. De acuerdo con la investigación periodística, el invasor, beneficiario de la medida cautelar, tiene numerosos procesos por defraudación, estafa, fraude y tráfico de tierras y, sin embargo, sigue actuando impunemente.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski parece estar consciente de la gravedad del problema. Esta semana suscribió con los presidentes del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura, el fiscal de la Nación y la ministra de Justicia un documento de trabajo denominado Acuerdo Nacional por la Justicia invocándolos a trabajar juntos para que “el sistema de justicia reciba la aprobación del pueblo”. Según la ministra Marisol Pérez Tello, este mecanismo dará resultados en 100 días. La expectativa en este tipo de acuerdos es baja, basada en experiencias anteriores. Dada la trayectoria de Pérez Tello, confiemos en que esta vez sí se alcancen resultados significativos.

Los jueces fallan en contra de la justicia por diversas razones: ineptitud, temor a represalias, corrupción económica, influencia política. El problema es que rara vez son sancionados por sus fallos. A lo sumo, son destituidos, pero rara vez pagan por los daños infligidos a la sociedad y estos pueden ser muy graves: Ponen en riesgo la vida de las personas al liberar delincuentes avezados; afectan los derechos de propiedad de mucha gente al permitir, por ejemplo, el tráfico de terrenos; y hasta pueden causar daños ecológicos, como en el caso de los desagües de Sedapal.

El Congreso de la República no puede ser ajeno a esta inquietante situación. Hay mucho por hacer en materia de legislación para agilizar procesos y para sancionar efectivamente a los malos jueces. En particular, es necesario revisar la conformación y desempeño del Consejo Nacional de la Magistratura, el organismo encargado de la selección, nombramiento, evaluación, ratificación y destitución de jueces y fiscales en el Perú. 

Pero, sin duda, el verdadero cambio en el sistema de justicia tiene que ser impulsado desde adentro. Son los jueces probos los que deben promover una limpieza interna de los malos elementos y dignificar su profesión. Mientras ello no ocurra, la confianza en los jueces en el Perú seguirá por los suelos y la ciudadanía seguirá dependiendo de la prensa para que denuncie la corrupción y las arbitrariedades.