Las elecciones generales 2026 en el extranjero

Según cifras de la ONPE al 25 de abril, la participación de votantes en el extranjero ha sido del 29.28%, casi un siete por ciento más que en las elecciones del 2021, que fueron del 22%. En el 2016 fueron del 55 por ciento y en las del 2011 65%. 2011 fue el último año en que hubo multas para quienes no botaron en el extranjero. A partir del 2011 la multa disminuyó a cero soles. No se pudo eliminar porque está establecido en la Constitución que el voto es obligatorio y el Congreso de aquel entonces no pudo realizar la reforma constitucional. O sea que en teoría el voto en el extranjero es obligatorio, en la práctica no lo es, porque la multa es cero soles.

En las elecciones del 2021 se invirtieron USD 4,500,000 en la primera vuelta y USD 4’000,000 en la segunda). En esta oportunidad habrán sido más caras, porque se obliga al repliegue de las cédulas de voto utilizadas en cada mesa. Tanto gasto para resultados tan pobres, que no son culpa de la Cancillería, sino de la ONPE por no permitir el voto por correo para los peruanos en el extranjero, que está establecido taxativamente en la Ley Orgánica de Elecciones y porque el JNE no ha permitido el voto electrónico en estas últimas elecciones por considerarlas inseguras, a pesar que desde el 2011 está vigente la ley que autoriza a la ONPE y al JNE el voto electrónico.

Este análisis pone sobre la mesa una contradicción fundamental en el sistema electoral peruano: la brecha entre la obligatoriedad constitucional y la capacidad logística real de un ciudadano en el exterior para ejercer su derecho.

La caída drástica en la participación —pasando de un 65% en 2011 a un 29.28% en 2026— coincide plenamente con la eliminación fáctica de la sanción económica. Sin embargo, más allá de la multa, la gestión de la ONPE y el JNE revelan barreras estructurales importantes:

1. El factor económico vs. El ausentismo

Es notable que, a pesar de que la inversión supera los 9 millones de dólares americanos (considerando ambas vueltas y el aumento por el repliegue físico de actas), el retorno en participación sea tan bajo. El costo por voto emitido en el extranjero resulta significativamente más alto que en territorio nacional, lo que genera un debate sobre la eficiencia del gasto público frente a normas que parecen diseñadas para el desincentivo.

2. Voto Postal: Una ley no ejecutada

La Ley Orgánica de Elecciones contempla modalidades que facilitarían el proceso. El hecho de que no se implemente el voto por correo obliga a miles de peruanos a desplazarse distancias enormes (a veces entre ciudades o estados distintos) hacia los consulados. En la práctica, el costo del viaje actúa como una “multa privada” que el ciudadano debe pagar para votar.

En España, el voto por correo está implantado desde hace muchos años y funciona perfectamente, tanto para las votantes que se encuentran dentro de España como los que se encuentran en el exterior, sin que haya generado quejas de los partidos políticos sobre su uso. En las últimas elecciones Generales, casi dos millones y medio de personas votaron por correo, sin que se hubieren producido acusaciones de fraude o irregularidades.

No se entiende cómo alo tan simple y reiteradamente probado en la práctica por otros Gobiernos nunca haya sido ejecutado por la ONPE como exige la ley.

3. La desconfianza del JNE en el Voto Electrónico

La resistencia del JNE a implementar el voto electrónico, citando razones de seguridad, contrasta con la tendencia global de digitalización. Al no existir ni el voto postal ni el electrónico, el sistema se queda anclado en un modelo de presencialidad física que no es compatible con la realidad geográfica de la diáspora peruana.

Resumen de la evolución de participación

Es evidente que mientras el marco legal siga exigiendo la presencia de los votantes en el local de votación, el despliegue y repliegue físico de cédulas y de actas y no se habiliten canales remotos, la inversión seguirá siendo alta y la representatividad de los peruanos en el exterior seguirá siendo baja.

La solución pasa por poner en marcha el voto postal, que ya está previsto en la Ley Orgánica de Elecciones desde su versión original en 1997.