El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, fue censurado por el Congreso. La drástica decisión fue tomada con 80 votos a favor, cuatro en contra y 13 abstenciones. Es decir, por abrumadora mayoría. Y dentro de esa mayoría estuvieron las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre y otras que han sido visitadas en los últimos tiempos por representantes de la minería ilegal, interesados en la extensión indefinida de la vigencia del Reinfo. Tal medida, como se sabe, no contaba con el respaldo del titular del Minem, quien presentó recientemente al Legislativo el proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal (ley MAPE), en el que solo se contemplaba una ampliación del mentado registro por seis meses.
Esa circunstancia hace pensar que las razones expresadas en la moción de censura –falta de capacidad e interés para resolver la problemática de los mineros informales– no describen cabalmente lo que la motivó. Seamos claros: en la gestión del ministro Mucho existían desde luego factores negativos que, eventualmente, podrían haber justificado una censura. Nos referimos en concreto a la actitud remisa que él tuvo a lo largo de todo el proceso que llevó a la renuncia del anterior directorio de Petro-Perú y a la designación del actual. Un camino con el que hemos sido duramente críticos desde este Diario y que, a nuestro juicio, condena a la petrolera estatal a no solucionar la grave situación económica que enfrenta y que, más temprano que tarde, la hará demandar un nuevo rescate financiero.
Ese asunto, sin embargo, solo fue marginalmente mencionado en el debate previo a la censura. Mientras que la suerte del ministro se decidía en el pleno, además, un dictamen para ampliar el plazo de la formalización minera hasta por dos años se encontraba en cuarto intermedio en la Comisión de Energía y Minas... En consecuencia, la razón que parecería estar detrás del licenciamiento del titular del Minem es el afán de todas esas bancadas que, embozadamente o no, están a favor de la minería ilegal por remover el obstáculo que existía en el Ejecutivo para el logro de ese cometido. Vale decir, la peor de las razones.
Cuestión aparte es la incógnita que plantea el hecho de que bancadas ideológicamente tan disímiles estén a favor de una medida así. Y la respuesta a esa interrogante, una vez más, solo puede ser alarmante.