Editorial El Comercio

Un nuevo testimonio sobre recortes de salario en el ha traído de regreso un asunto que, en su mayoría, los integrantes de la representación nacional parecerían querer olvidar. El último domingo, en efecto, en el programa periodístico “Punto final”, se presentó la declaración de una extrabajadora del despacho de la congresista (Alianza para el Progreso), cuyo sueldo con el mismo propósito que en todos los otros casos que hemos conocido: engrosar los bolsillos de su jefe o jefa. La nueva testigo afirma que la entrega de dinero fue gestionada por el ex asesor principal de la parlamentaria Jhony Romero, lo que coincide con lo manifestado por Carlos Marina, otro excolaborador de Ruiz.

Lo primero que llama la atención tras la confirmación de lo que hace tanto tiempo sabíamos es la impavidez de la propia bancada de la congresista ante el problema. APP no solo la mantiene hasta ahora en la presidencia de la comisión especial encargada del seguimiento, coordinación y formulación de propuestas en materia de mitigación del cambio climático, sino que, además, varios de sus miembros optan por hacerse los desentendidos cuando se les pregunta sobre el particular. Consultado por este Diario, por ejemplo, el legislador Eduardo Salhuana, vocero del referido grupo parlamentario, ha alegado una supuesta incapacidad de pronunciarse al respecto por estar en semana de representación. “Estoy en Madre de Dios […]; lo veremos cuando regresemos a Lima”, ha sido su respuesta. Y algo semejante han argumentado las representantes Elva Julón y Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por su parte, la congresista Cheryl Trigozo (una de las que evitó la suspensión de Ruiz cuando esta fue votada en la ) sostuvo: “Aún no nos hemos reunido [en la bancada]; no puedo adelantar respuesta”.

Pero, en realidad, estamos ante una actitud generalizada en el Legislativo. De hecho, en la comisión que preside la parlamentaria Ruiz, hay otros dos acusados de mochasueldos: (Acción Popular) y (Podemos Perú). Y, por lo demás, las investigaciones y procesos en los que están comprendidos todos los otros congresistas denunciados por ese mismo comportamiento se encuentran congelados en la Comisión de Ética en una especie de limbo que se parece al olvido. Como se sabe, aparte de los ya mencionados, hay siete más: María Cordero Jon Tay (antes de Fuerza Popular), Katy Ugarte (Unidad y Diálogo), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Marleny Portero (Acción Popular), José Arriola (no agrupado), Rosio Torres y María Acuña (las dos de APP). Y su situación es elocuente.

A Torres sencillamente la blindaron, mientras que, en los casos de Cordero Jon Tay y Ugarte, el informe final se encuentra pendiente. En la denuncia contra Arriola, por otro lado, se programará una nueva votación, habida cuenta de que en la primera ocasión la comisión no se puso de acuerdo acerca del inicio de una investigación en su contra. Finalmente, en lo que concierne a Tello, Portero, Acuña y Flores Ancachi, sus audiencias se deben poner todavía en agenda. Pero se diría que no hay apuro de parte del presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País), cuya parsimonia para revisar, por ejemplo, las denuncias contra el titular del Congreso, Alejandro Soto, en el pasado reciente.

Es verdad que en nuestro país los escándalos de implicancias políticas se suceden a una velocidad pasmosa, y que lo que se destapa hoy parecerá antiguo mañana, y a fin de mes, solo un recuerdo brumoso. Pero en el Parlamento no pueden confundir ese envejecimiento de las acusaciones con la prescripción.

La circunstancia de que una determinada denuncia de presunta corrupción o abuso de parte de un legislador sea desplazada por otra en las portadas de la prensa diaria no debería ser pretexto para que sus pares la echen a una suerte de desván del que solo algún nuevo evento más escandaloso que el original podrá rescatar. Sin embargo, eso es exactamente lo que el cuadro que acabamos de repasar sugiere.

Editorial de El Comercio