Ciudades sedientas

Un informe del Videnza Instituto que recogimos ayer en este Diario pone sobre el tapete que la situación crítica del saneamiento no es, como habitualmente se cree, un problema que afecta esencialmente a las zonas rurales de nuestro país, sino también a las ciudades. De hecho, durante la última década, el acceso rural al agua y desagüe creció del 65% al 77%, mientras que la cobertura urbana de esos mismos servicios se estancó en alrededor del 92%. Una auscultación minuciosa de este estado de cosas revela, además, detalles que las cifras gruesas podrían ocultar. Concretamente, que solo el 48% de los hogares citadinos recibe agua todo el día y que el nivel de cloración del agua que se provee tanto en el campo como en el espacio urbano presenta una debilidad estructural: apenas un 38% de la población accede a agua con la cloración adecuada y más del 40% consume agua en la que el cloro no es detectable. En estas páginas hemos abordado ya las consecuencias que ello acarrea a la salud de los peruanos, por lo que conviene concentrarse aquí en los orígenes del problema, un ángulo que el referido informe también contempla.

La circunstancia crítica del servicio tiene, previsiblemente, relación con una infraestructura insuficiente o defectuosa, pero también con la gestión, el financiamiento y las prioridades de quienes toman las decisiones que lo afectan. El sistema simplemente gasta mucho y pierde aún más, sin lograr su propósito esencial: proveer a todos de agua segura y continua. Por ejemplo, el presupuesto público en saneamiento superó en el 2024 los S/5.600 millones, pero la ejecución promedio de ese presupuesto alcanzó apenas el 66,7%. Y donde más se distinguen los efectos de ello es en el mantenimiento de las redes, hoy envejecidas y jaqueadas por fugas y colapsos. El agua no facturada, por otra parte, llega, en promedio, al 37%.

La salida de este dramático cuadro, por lo tanto, tiene que ser tanto técnica como institucional y financiera. Se requiere profesionalizar la gestión de las EPS vinculadas al servicio a través de asociaciones público-privadas (APP); consolidar un enfoque integrado de recursos hídricos, mejorando la coordinación de esas EPS con el Gobierno Central y los gobiernos regionales; y habilitar el uso de herramientas digitales para detectar fugas y monitorear consumos.

Como decíamos en un reciente editorial, los candidatos presidenciales deberían colocar este tema muy arriba en su lista de prioridades de campaña, pues las ciudades claman hoy por agua tanto como el campo.