Inclusión por ley no es inclusión

Las circunstancias dramáticas de la pandemia han contribuido a la propagación de un argumento discutible. Si todos los peruanos tuviéramos cuentas bancarias, la gente no habría tenido que salir de sus casas en plena cuarentena a cobrar sus bonos. A cobrarlos, ciertamente no; pero a sacarlos del cajero y a gastarlos, sí, pues para eso justamente eran los bonos.

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La razón fundamental de nuestro escepticismo es que una cuenta bancaria es un “producto” como cualquier otro. Tiene un costo, naturalmente, como todos los demás productos. Quienquiera que esté dispuesto a pagar ese costo puede adquirir una. No es difícil. Ahora hasta se puede hacer por Internet. Hay gente, sin embargo, para la que no vale la pena pagar el costo de una cuenta o que simplemente siente que no la necesita. Esa gente no ignora que, si abriera una, el banco eventualmente podría darle un préstamo; pero quizás la experiencia de sus conocidos le hace pensar que, cuando lo solicite, no va a calificar. No ignora tampoco que puede pagar con transferencias una serie de cosas; pero quizás prefiere el efectivo (una preferencia, por supuesto, legítima).

El costo de una cuenta es esencialmente una alícuota de lo que cuesta mantener operativo un sistema informático capaz de albergar millones de cuentas. Que el Banco de la Nación absorba ese costo y no se lo traslade a los titulares de las mismas hará que más gente tenga cuentas, pero no necesariamente que las use. Hace unos años la revista “The Economist” publicó un artículo sobre un ensayo similar de inclusión financiera en la India. Cientos de millones de cuentas bancarias abiertas por mandato de la ley no habían sido nunca utilizadas. Sospechamos que, guardando las proporciones, lo mismo va a pasar en el Perú.

Eso sería un desperdicio de recursos. Pero peor sería que el Gobierno comenzara a inventarles usos para justificar su existencia. Podría disponer que todos los impuestos y todos los trámites se paguen desde cuentas en el Banco de la Nación; o que toda transferencia por encima de cierto monto se haga necesariamente entre cuentas en el Banco de la Nación. Uno de los tantos proyectos que antecedieron a esta ley decía que estas cuentas serían de uso “preferente”; preferente para qué, no lo sabemos. Otro decía que dos años después de haber sacado el DNI los jóvenes podían “optar” por cerrar sus cuentas, dando a entender que, en la mente del autor, cabía la posibilidad de prohibirles depositar su plata en otro banco, aunque fuera temporalmente.

La inclusión financiera no es más que la penetración de un producto en el mercado. Su éxito depende –o debería depender– de los costos y beneficios de tener más cuentas abiertas. Corresponde a los bancos persuadir al público de los beneficios y buscar maneras de reducir el costo. La inclusión por mandato de la ley no va a crear servicios de valor que los bancos no puedan crear por sí mismos.