(Ilustración: Raúl Rodríguez).
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Ian Vásquez

Instituto Cato

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Una vez más, las empresas ‘big tech’ en Estados Unidos están bajo ataque. No es que no merezcan críticas, pero el actual ambiente de intolerancia ha llevado a que políticos de bandos opuestos amenacen la libertad de expresión en nombre de la libertad de expresión.

Es un tema con implicancias globales. Se trata de compañías globales y de un debate –¿hasta qué punto debe ser regulada la expresión en las plataformas de redes sociales?– que se está dando en países alrededor del mundo.

La semana pasada, el “New York Post” publicó un reporte que sugería que el hijo del candidato presidencial demócrata Joe Biden estuvo envuelto en un acto de corrupción cuando este último fue vicepresidente. Tanto Twitter como Facebook negaron permitir que el artículo se comparta en sus plataformas. El presidente Trump y sus aliados republicanos acusaron a esas empresas de censurar las noticias. Facebook dijo que estaba siguiendo sus políticas de no permitir la circulación de noticias falsas mientras que Twitter terminó explicando que prohibía el compartir materiales hackeados o que contenían datos personales. Desde hace días, sin embargo, Twitter ha permitido que el artículo se comparta. Facebook dice que no ha cambiado su política.

Al margen del cuestionable criterio de los gigantes tecnológicos, Trump y varios senadores republicanos quieren reformar la ley para evitar este tipo de “censura”. El problema para ellos es que Facebook y Twitter son empresas privadas que están en todo su derecho de postear contenido de terceras partes como les guste. Ese derecho, consistente con la libertad de expresión, lo aclara una parte de una ley de comunicaciones estadounidense. Esa ley (“Section 230”) no obliga a que estas plataformas sean neutrales, simplemente les permite postear contenido de otras personas o entes sin temor a que sean legalmente responsables de tal contenido. Es tan importante esta corta parte de la ley que es conocida como las 26 palabras que crearon Internet.

No solo Trump quiere cambiar la ley. Biden dice que la quiere revocar. La izquierda critica a los gigantes de la tecnología por abusar de su poder al permitir extremismo de derecha, hostigamiento y desinformación mientras que la derecha los acusa de semejantes faltas izquierdistas. Pero regular el contenido de estas plataformas violaría la libertad de expresión, mientras que abolir la ley actual resultaría contraproducente a los fines que muchos conservadores y otros buscan. Después de todo, si existe la posibilidad de que una plataforma sea legalmente responsable por el contenido de una tercera parte, será menos propenso a dejar postear contenido que algunos consideren controversiales, reduciendo así las perspectivas conservadoras todavía más. Solamente las grandes empresas podrían costear tales riesgos legales, reduciendo aún más la competencia en este sector.

Por ahora, no hay mucha posibilidad de que se elimine la ley en cuestión. Pero la constante presión política y pública sobre las empresas ‘big tech’ hacen que tomen sus propias medidas para moderar el contenido. Muchas de ellas son risibles. Tal como observó el “Wall Street Journal”, si Twitter de verdad prohíbe postear “contenido que fue obtenido sin autorización”, buena parte del periodismo, incluso el investigativo, no sería permitido. Sabemos, sin embargo, que ese criterio no lo ha aplicado Twitter de manera neutral, especialmente durante la presidencia de Trump.

Los conservadores tienen cierta razón al quejarse de los sesgos políticos de las grandes plataformas de los redes sociales. Ellos y otros yerran, sin embargo, al identificar en estas empresas ‘big tech’ una falta de libertad de expresión. La primera enmienda todavía se protege en EE.UU. pero preocupa que tantos líderes políticos e ideológicos la faltan respeto.

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