Bombas nucleares, por Fernando Cáceres

El Ejecutivo y el Congreso han disparado sus ‘armas’ más violentas en la guerra fría que hemos venido viviendo. El primero ha decretado la disolución del Congreso por denegatoria tácita de la cuestión de confianza, y el segundo la suspensión por 12 meses del presidente.

En el corto plazo, gana el Ejecutivo, porque controla a la PNP y las FF.AA.: obedecen a su comandante en jefe. Pero en el largo plazo ganará a quien el Tribunal Constitucional (TC) le dé la razón (si le llega el caso). Para el perdedor podría haber, incluso, consecuencias penales.

Es cierto que caben dudas sobre si Vizcarra podía disolver el Congreso. De un lado, puede cuestionarse si cabía hacer cuestión de confianza (CdC) sobre el mecanismo de elección del TC, por cuanto esto no sería “Para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera” (Expediente 0006-2018-P1/TC). Pero considerando que las opiniones expertas no coinciden, difícilmente podrá alegarse que Vizcarra excedió dolosamente sus facultades.

De otro lado, puede cuestionarse si cabía considerar denegada tácitamente la CdC. Al decretar la disolución no se conocía que se había aprobado la CdC, y razonablemente podía entenderse denegada porque al elegirse un miembro del TC ya se había vaciado de contenido. Pero también podría alegarse que solo con los votos del Congreso se cumplía la formalidad para dar eficacia a la decisión.

En cualquier caso, es muy difícil que se alegue dolo de parte del Ejecutivo, y a lo más cabría que, si el TC da la razón al Congreso, el siguiente Congreso inicie un proceso por infracción constitucional.

En el caso de los congresistas, tras la disolución decretada por el presidente, ellos han declarado la suspensión presidencial y juramentado a Mercedes Araoz como presidente. Sin embargo, no podrían alegar falta de dolo, y dependiendo de cómo decidan permanecer en el Congreso, si de forma violenta o no, podría acusárseles de rebelión/sedición o usurpación de funciones. Y tampoco podrían argumentar no haber sido notificados a tiempo (ahí ganó el Ejecutivo por puesta de mano).

Tenía razón Rosa Bartra cuando dijo anteayer que, “si acaso se les ocurre firmar un decreto de disolución del Congreso, tendrán un camino penal que puede terminar en la cárcel”. Pero olvidó la siempre ‘ponderada’ congresista que a estos también les correspondería el mismo destino, si es que adoptan una actitud contraria a la Constitución.

Si el fujimorismo hubiera antepuesto las buenas maneras, hubiese podido aceptar la CdC por un proceso muy poco transparente de elección del TC, para luego elegir a quienes ellos quisieran, porque tenían los votos. Así hubiesen logrado que un nuevo TC vea el caso de Keiko Fujimori. Mal jugado.