¿Alguna vez has pensado en lo duro que es el día a día de un ciudadano extorsionado? ¿Te imaginas vivir con miedo, sabiendo que cualquier día podría ser el último si un encapuchado armado así lo decide?
Ya no es necesario imaginar, todos compartimos el mismo dolor de cabeza. No me refiero a malestares que se alivian con aspirinas; esta es una problemática que no distingue entre sectores económicos, edades o profesiones. Pensar en una solución parece un acto de codicia, o al menos eso es lo que nos hacen creer el gobierno y el Congreso cuando el pueblo exige medidas contra los altos índices de criminalidad.
El país enfrenta una ola de extorsiones y sicariatos, y los sectores más vulnerables son presa fácil para las bandas delincuenciales. En el mejor de los casos, si no los matan, los ciudadanos colapsan por el estrés y elmiedo. Según la Organización Mundial de la Salud (2024), los trabajadores tienen derecho a un ambiente de trabajo seguro y sano, y en el Perú ninguno de esos factores se cumple. En relación con esto, el decano nacional del Colegio de Psicólogos, Miguel Ángel Vallejos Flores, sostiene que un trabajador con estrés o ansiedad irá a trabajar, pero no producirá de la misma manera, lo que afectará su salud física y mental.
De por sí, el sistema de salud en el país es paupérrimo, y si hablamos de salud mental, la situación es aún más crítica. Si a esto le sumamos ciudadanos que están comenzando a padecer enfermedades severas, que ni siquiera son atendidas o detectadas debido a esta ola de criminalidad, todo nos conduce a un solo camino: una crisis inminente provocada por la ineficacia de quienes están acomodados y no sufren la extorsión.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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