El más reciente conflicto social que afecta la operatividad de Machu Picchu tiene su origen en la falta de orden en el proceso de licitación y transición de la operación de los buses turísticos en la ruta Hiram Bingham, que conecta Machu Picchu Pueblo con la llaqta.
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Según denunciaron gremios del sector, el problema surge por el incumplimiento de la Municipalidad Provincial de Urubamba, que no organizó a tiempo el concurso público. Como consecuencia, pobladores protagonizaron protestas y bloqueos, incluyendo el lanzamiento de piedras desde las laderas, poniendo en riesgo a visitantes, personal y vecinos de la zona.
La situación llevó a que las empresas ferroviarias suspendieran indefinidamente los servicios de tren entre Ollantaytambo y Machu Picchu, dejando a cientos de turistas varados y afectando de manera directa la principal actividad económica de la región Cusco.
Los gremios recordaron que este episodio refleja una crisis estructural en la gestión del santuario, debido a la dispersión de funciones entre instituciones como la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco (Ministerio de Cultura), el Sernanp (Ministerio del Ambiente), el Mincetur, el Gobierno Regional del Cusco y las municipalidades de Urubamba y Machu Picchu.
Ante ello, propusieron que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) asuma un rol de liderazgo y adopte medidas como:
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“El turismo no puede seguir siendo rehén de conflictos locales, intereses políticos ni de la falta de planificación. Machu Picchu es la imagen del Perú en el mundo y su afectación pone en riesgo hasta el 40% del turismo receptivo del país”, señalaron los representantes del sector.
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