Desde que llegó al Perú el primer lote de 300 mil dosis del laboratorio chino Sinopharm, distintos sectores y gremios han solicitado ser priorizados en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que elaboró el Ministerio de Salud (Minsa).
Congresistas, fiscales, profesores y trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), son algunos de los grupos de la población que han pedido ser considerados en la primera fase de inmunización debido a que —dicen— “están en primera línea”.
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A estas demandas, se ha sumado ahora el gremio de transportistas de carga pesada y de pasajeros. Desde el último lunes, ellos vienen acatando un paro indefinido a nivel nacional en plena emergencia sanitaria. Esto ha ocasionado una serie de bloqueos en las principales vías del país que ha afectado el tránsito vehicular en al menos 14 regiones del Perú.
El pliego de reclamos de los transportistas plantea la eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado al diésel, reducir el costo de los peajes y que se elimine el cobro que se realiza al eje retráctil de los camiones, así como mejorar la infraestructura de la Carretera Central y la Panamericana Norte-Sur.
Pero no queda ahí: otro de los pedidos del referido gremio es que los conductores profesionales sean incluidos en la primera línea de vacunación contra el coronavirus. Ellos sostienen que están “permanentemente expuestos” a la enfermedad por la naturaleza de su trabajo.
De acuerdo con la resolución ministerial N°345-2021 del Minsa, la primera fase de inmunización contempla a toda persona que presta servicios —independientemente de la naturaleza de su vínculo laboral o contractual— en las diferentes instancias del sector salud, a los adultos mayores de 60 años a más, personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Policía Nacional del Perú (PNP). También a los bomberos, Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas, personal de limpieza, estudiantes de la salud y miembros de las mesas electorales.
De todo este grupo, hasta el momento solo se ha vacunado al personal de salud, FF.AA. y PNP, así como a los adultos mayores de 85 años. El resto aún ni siquiera ha sido programado.
En ese sentido, ¿qué tan viable es que se priorice a los transportistas u otros grupos cuando aún no se ha terminado con los que ya figuran en primera línea?
Hablan los especialistas
Para el epidemiólogo Edward Mezones-Holguin, es “difícil” que se incluya a otros grupos dentro de la fase 1 de vacunación cuando ni siquiera se concluye con los ya priorizados. Esto se debe —sostiene— a la “escasez de vacunas a nivel mundial”.
“La realidad es que estamos en un ambiente de escasez [de vacunas] internacional, por ello considero que más allá de la viabilidad es priorizar a los grupos más vulnerables. Si hay escasez, en realidad lo que hay que buscar es la disminución de mortalidad”, dijo a El Comercio.
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Según la Sala Situacional COVID-19 del Minsa, en lo que va de la pandemia 49.330 personas han fallecido a causa de esta enfermedad. De la cual, 34.320 son adultos mayores, lo que equivale al 70% del total de muertes por este mal.
En esa línea, Mezones-Holguin considera que se debe trabajar sobre poblaciones vulnerables como adultos mayores y personas con comorbilidades. “Más allá de que todos queremos ser vacunados yo creo que hay un tema de priorización y los primeros que deben de vacunarse a estas alturas son los adultos mayores”.
Precisamente, el pasado lunes 8 de marzo el Perú inició con el proceso de vacunación contra el COVID-19 a la población más vulnerable ante la pandemia: los adultos mayores. A ellos se les aplicó la dosis del laboratorio Pfizer.
Hasta el momento, un total de 18.700 adultos mayores de 85 años —quienes están asegurados a Essalud— han sido inmunizados, así lo informó ayer la presidenta de Essalud, Fiorella Molinelli.
Durante la primera semana (del 8 al 13 de marzo) se inoculó a 11,700 personas de este grupo etario —3 mil a través de Padomi y 8.700 en los primeros cinco vacunatorios—. Entre lunes y martes de esta semana se inmunizó a 7 mil de los 29.250 adultos mayores que están previstos que sean vacunados en esta segunda etapa que va hasta este sábado 20.
El especialista indicó, además, que “no tenemos” un stock enorme de vacunas para poder responder a todos los gremios. “Si no hubiera escasez de vacunas yo creo que podría verse varios grupos y cada gremio podría salir a decir que es prioridad. Pero lo real ahora es que el criterio que debería primar es epidemiológico, no tanto por transmisión sino por prevención de carga de enfermedad”, manifestó.
Cabe recordar, que el pasado 7 de febrero la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, exhortó al Gobierno Central a incluir al personal del Ministerio Público en la fase uno de vacunación ya que, según dijo, “los fiscales están presentes en la primera línea de riesgo”.
#Comunicado | La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, exhorta al gobierno central a que incluya al personal del Ministerio Público en el I grupo de vacunación contra la COVID-19, por el alto riesgo de contagio que representan las funciones de prevenir y perseguir el delito. pic.twitter.com/5Ul1e9lL7c
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 7, 2021
Lo mismo ocurrió con la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Susana Silva Hasembank, quien en una nota que publicó este Diario, el 11 de febrero, propuso que el personal del INPE —tanto de seguridad como de salud— pasen a ser incluidos en la primera fase, ya que estos “llegan a su centro de trabajo y retornan a sus hogares”.
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Lo cierto es que, hasta el momento, al Perú solo ha llegado 1 millón de vacunas de Sinopharm y 217 mil de Pfizer. Estos arribaron al territorio nacional entre febrero y marzo de este año.
Por su parte, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, considera que el reclamo del gremio de transportistas en ser incluidos en la primera fase de vacunación es “justo”.
“El reclamo de los transportistas es justo, nosotros estamos de acuerdo con ellos. El ministerio [de Salud] debería de priorizarlos. Ellos están en constante exposición al contagio, pues entran y salen de los mercados donde hay aglomeraciones. Es un reclamo justo y corresponde al Gobierno incluirlos”, refirió Palacios.
No obstante, mostró su preocupación de que exista una “escasez de vacunas”. “Cuando hay una buena gestión por parte del ministerio y hay una buena cantidad de vacunas, el Perú ha demostrado que tiene capacidad de vacunar a 20 millones de personas en 45 días”, afirmó.
Para el decano actualmente ocurren dos cosas: “No hay vacunas y hay una mala gobernanza por parte del ministerio [de Salud]. En base a esas debilidades se ha priorizado en grupos para avanzar con la vacunación”.
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Si bien en la primera fase de vacunación incluye a varios grupos, no todos están siendo vacunados. “El hecho de estar en el primer grupo ahorita no garantiza de que sean vacunados porque no hay vacunas. El ritmo es muy lento”.
Miguel Palacios lamentó que ni siquiera los propios médicos que están en primera línea en la lucha contra el coronavirus hayan sido vacunados en su totalidad.
“Nosotros que estamos en el primer grupo de todos los grupos falta que seamos vacunados. Son 16 mil médicos que tenemos que vacunar y apenas hemos avanzado con 2.400”, reveló.
El decano del CMP precisó, además, que la pandemia ha golpeado duro al cuerpo médico. En lo que va de la pandemia, 390 doctores han fallecido por coronavirus. Un total de 14 mil se han contagiado y 50 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
“El gremio de transportistas debe sumarse a la voz del Colegio Médico que reclama más vacunas y mayor velocidad en la vacunación. Es un derecho humano”, concluyó.
Por otro lado, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés considera que la forma en que el gremio de transportistas está reclamando ciertos beneficios a cruzado la línea de lo legal hacia lo ilegal.
“Una cosa es que soliciten el pedido de vacunación fundamental por estar en primera línea y estar sujetos a un posible contagio por tener que transitar todos los días para abastecer a las ciudades, pero cuando ya se cruza la línea y se cometen ilícitos como bloquear carreteras y afectar propiedades de terceros para conseguir un fin eso ya se tipifica como extorsión según está en el Código Penal”, explicó Valdés a este Diario.
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El artículo 200 del documento jurídico señala: “El que mediante violencia o amenaza obstaculiza vías de comunicación, impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos con el objeto de tener de las autoridades cualquier beneficio, ventaja económica o de cualquier otra índole será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años”.
Al ser consultado si se generaría un mal precedente en caso el Gobierno decide incluirlos en la primera fase de vacunación luego de haber bloqueado carreteras, Ricardo Valdés respondió: “Absolutamente. Sea cual sea el pedido que haga este gremio se tiene que manejar en el ámbito legal”.
“Si la gente empieza a ver que los que bloquean carreteras obtienen un beneficio y son impunes ante la ley, pues dirán si ellos son impunes por qué yo no. Eso es lo delicado. Por eso el tema debe manejarse al interior de las mesas de negociación y no en las calles con el bloqueo de carreteras”, sostuvo.
No obstante, dijo que los transportistas están expuestos al contagio por el servicio que brinda a diario en transportar los alimentos, oxígeno, y otros. Pero, —indicó— le corresponderá al Ministerio de Salud decidir si son o no miembros de primera línea.
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