Ayer por la mañana, un polémico anuncio del ministro del Interior, Daniel Urresti, remeció las oficinas electorales y judiciales del país. Según él, al menos 115 candidatos a municipios y gobiernos regionales presentaban antecedentes por tráfico ilícito de drogas.
Sin embargo, esta información no está confirmada oficialmente, pues el JNE aún no depura el tipo de delito con el que se vincula a cada candidato, un proceso que tardará varios días. Por ahora, la única información corroborada es de la existencia de 13 postulantes a cargos que han declarado, voluntariamente en sus hojas de vida, haber tenido alguna condena por el delito de tráfico ilícito de drogas, aunque esta información fue hecha pública hace varias semanas por la Asociación Civil Transparencia y el portal Utero.pe los partidos políticos que acogen a estos candidatos aseguran haber sido sorprendidos.
Trece candidatos fueron sentenciados por trafico de drogas ---> http://t.co/Bh0kElvsFQ… @uterope @ACTransparencia— Verita (@verita_pe) julio 22, 2014
Llama la atención que todos ellos busquen cargos públicos en zonas cocaleras del Perú, como Huánuco, Puno, Ayacucho y La Libertad. Lo que más causa alarma es la escasa información que los partidos políticos y movimientos regionales poseen sobre los aspirantes que han sido incluidos en sus listas. En declaraciones a El Comercio, varios partidos políticos dieron a entender que recién investigarán los antecedentes penales de sus postulantes.
El personero legal de Unión por el Perú (UPP), Víctor Soto Remuzgo, indicó que recién van a indagar sobre el caso de Pedro Feliz Cuevas Arpi, candidato a regidor distrital de San Juan de Salinas (Azángaro, Puno), sentenciado en el 2003 por tráfico ilícito de drogas.
“Primero se hará una investigación sobre el caso. De encontrarse algún tipo de responsabilidad que realmente confirme la información de que tiene estos antecedentes, se procedería al retiro de esta candidatura, porque no podemos permitir que el partido se manche de esta forma. Pero nosotros somos la dirigencia nacional, yo tengo que pedir información a la dirigencia allá en Puno y específicamente a la provincia de Azángaro”, justificó.
El caso de Mauro Gómez Mendoza, quien postula a la Alcaldía Provincial de Vilcashuamán (Ayacucho) por el Partido Aprista Peruano (PAP), y quien fue sentenciado en el 2004 por el mismo delito, es también desconocido por las bases nacionales de este partido. Sobre ello, el secretario institucional del Apra, Omar Quezada Martínez, afirmó no conocer a este candidato.
“Para empezar, no lo conozco; siendo de Ayacucho, no lo conozco, puede ser invitado. Nosotros hemos sido claros con los candidatos: ninguna de esas personas que han tenido sentencias está candidateando en el partido”, indicó.
El mismo PAP, dentro de sus requisitos para ser candidato, afirma que los postulantes deben presentar una declaración jurada de no tener antecedentes policiales ni penales. Con ello, se confirmaría que las bases centrales de este partido no han leído las hojas de vida de todos sus postulantes.
Quezada afirmó que “se retirará la candidatura, pues así hemos hecho en algunas circunstancias”. También prometió enviar un correo de parte del personero encargado de Ayacucho con la normativa interna del Apra.