El Ministerio de Vivienda y Saneamiento tiene un enorme trabajo: tratar de disminuir el déficit de viviendas formales en el país. Anualmente, se registra una necesidad de 143 mil viviendas, pero el Estado solo promueve 70 mil. Es decir, más de la mitad de la demanda no está cubierta. En esa línea, el ministerio publicará en los próximos días el reglamento de ley que promueve la vivienda de interés social, según informó el viceministro de vivienda y urbanismo, Hernán Navarro. Sin embargo, este ha traído críticas por parte de ciertos municipios quienes aseguran que no es posible generar este tipo de viviendas en sus jurisdicciones.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el que menciona que un mínimo 10% del territorio distrital debe ser designado como zona para desarrollar las viviendas de interés social. En una entrevista con este Diario, el viceministro aclaró que los municipios de todo el país deben ubicar y designar zonas donde se podrían desarrollar, pero no necesariamente se van a ejecutar los proyectos.
Asimismo, indicó que dichas viviendas no se pueden desarrollar en cualquier sitio, tienen que ser zonas residenciales altas, muy altas o medias, pues se necesita tener espacios altos, oferta de servicios básicos, etc. Normalmente estas zonas están en grandes avenidas. Aseguró que toda esta definición, zonificación y licencias estará a cargo de las municipalidades.
¿Qué es vivienda de interés social?
Según el Ministerio de Vivienda, es toda vivienda promovida por el Estado, cuya finalidad se encuentra dirigida a reducir la brecha del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo.
Algunos municipios en contra
Municipios como Miraflores, Jesús María y San Isidro han sido de los primeros en mostrarse en contra de esta reglamentación. Esta última consideró como “no viable” técnicamente el desarrollo de este tipo de proyectos en el distrito porque “San Isidro es un distrito con características claramente consolidadas y ello se debe, entre varios factores, a que cuenta con un Plan Urbano distrital”.
En un comunicado enviado a El Comercio también explica que esta planificación impide que se construyan edificios con alturas por encima de lo establecido en las normas distritales y provinciales que rompan la armonía urbana. “La aprobación de estos proyectos, no garantizarían el contar con equipamiento e infraestructura de servicios básicos adecuados, los cuales podrían estar bajo el riesgo de inminentes colapsos”, menciona.
Por su parte, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, conversó con este Diario e indicó que ningún área en Miraflores califica para vivienda de interés social pues el precio del metro cuadrado es muy alto y excede el monto establecido por el fondo Mi Vivienda. Además, comentó que se están haciendo consultas vecinales sobre el tema y en zonas de densidad baja o media el 90% de los vecinos no quieren, en zonas de alta densidad recién se están realizando.
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Pese a esto, el 9 de junio, el Concejo Municipal de Miraflores aprobó la ordenanza que establece Zonas Especiales de Interés Social en las que se podrá desarrollar proyectos de vivienda social. Se excluye de estas las áreas que ya cuentan con importante desarrollo urbano y que podrían verse afectadas si se construyen más edificios. Miraflores aseguró que esto se hizo en base a la ordenanza 2961-2021-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que señala que los distritos deben identificar dónde se pueden desarrollar estos proyectos.
Las zonas determinadas tienen que ser avenidas metropolitanas con adecuada capacidad vial, con más de 40 metros de ancho y requieran renovación urbana y cambio de suelos. Dichas zonas habilitadas son las ubicadas en algunas cuadras de la avenida Paseo de la República y Mariscal Cáceres. Estas serán señaladas y especificadas por una resolución de alcaldía.
En esa misma línea, el alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, sostuvo a El Comercio que su distrito no cuenta con ese 10% que exigiría la norma. “Esta es una norma a nivel nacional, pero Jesús María ya no tiene [espacio], estamos creciendo hacia arriba y estamos tratando de sacar una normativa para no malograr el pasaje urbanístico”, dijo.
Explicó también que el tema de servicios básicos sería un problema con el aumento de la densidad poblacional. Si se pasa de casas con pocos habitantes a edificios donde viven unas 100 familias el agua sería un problema, los desagües colapsan, así como la luz. “Dichas edificaciones podrían ser en avenidas metropolitanas, pero ya están colapsando y no tenemos espacios para estas edificaciones en avenidas troncales y metropolitanas”, agregó.
El alcalde de La Molina, Diego Uceda, fue otra autoridad edil que se mostró en contra de la reglamentación. Adelantó a Gestión que no cederá el 10% de su territorio para el desarrollo de vivienda de interés social. Asimismo, explicó que “no puedes uniformizar [medidas para] todos los distritos ya que somos diferentes. Cada distrito tiene una realidad distinta. Una ley como está, en la que todo tiene que ser igual, me parece absolutamente absurda”.
Surco a favor
En diálogo con El Comercio, Carlos Bruce, alcalde de Surco, sostuvo que su municipio está a favor del reglamento. “Lo que he escuchado por parte del viceministro me parece bien. Ha mencionado que los municipios deciden en qué zonas se va a desarrollar, eso es positivo. Además, que estas zonas no sean menos del 10%, en Surco no hay problema, yo calculo que sería 20% o 30% de nuestro territorio”, declaró.
Se promoverá vivienda social en la zona sur de Surco, pues ahí hay más espacio, además que ayudaría en la regeneración urbana, dijo el alcalde. Aseguró que los servicios básicos no serán un problema, pues sí se dan abasto.
Desde el inicio de la gestión de Bruce en Surco se suspendió la licencia de construcción a diversas empresas que estaban, supuestamente, desarrollando vivienda de interés social. Bruce explicó que malos empresarios se acogían a los parámetros de estas (más altura, más pisos, departamentos más chicos, etc) pero como nadie los controlaba, luego los vendían al precio que querían y que no correspondía a vivienda social. Esta misma situación pasa en Jesús María, según indicó el alcalde, y comentó que es posible que pase en varios distritos de Lima.
Autonomía de los municipios
Las autoridades distritales que se han mostrado en contra del reglamento aseguran que el ministerio estaría interfiriendo con las competencias del planeamiento urbano y la autonomía de las municipalidades.
“Hay una interpretación inadecuada. El Ministerio de Vivienda se mete en competencias urbanísticas que no le compete. Está usurpando funciones que no le competen. No nos puede obligar a destinar el 10% del territorio. El ministerio no tiene facultad de obligar a las municipalidades. Tenemos autonomía y el ente rector es la MML”, sostuvo Canales.
En cuanto a San Isidro, explicó que, de insistir el ministerio en la publicación de dicho reglamento, la municipalidad adoptará medidas legales que se encuentren enmarcadas en la ley, pues son las municipalidades las que deciden sobre la planificación urbana.
Por el contrario, el viceministro aseguró que este reglamento no afecta la autonomía que tienen las municipalidades otorgada en la Ley Orgánica de Municipalidades, porque son los gobiernos distritales quienes definen el territorio designado para la vivienda social y “la zonificación y definición de todos los trámites para licencia es algo que hacen las municipalidades. Se sigue manteniendo zonificación por parte de ellas, así como la aprobación de las licencias. Lo único que hace (esta iniciativa) es promover la vivienda”, dijo. “La ley de Desarrollo Urbano Sostenible establece que los municipios no pueden excluir la vivienda social”, agregó.
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El abogado y experto en derecho municipal, José Manuel Villalobos, explicó que la Ley Orgánica de Municipalidades les da autonomía territorial a los distritos. En caso los municipios lo dispongan, se podría implementar una acción popular ante el reglamento de ley del Ministerio de Vivienda, sostuvo. Aunque, agregó que “el ministerio es el órgano gestor, al desarrollar una ley por parte del Congreso, solo está reglamentando dicha ley”.
Villalobos resaltó que no todos los distritos tienen planes de desarrollo urbano e implementar este 10% hará que se crezca de manera desordenada. Por otro lado, hay distritos que ya tienen la expansión urbana desarrollada y ya no hay espacio.
De hecho, el viceministro Navarro, indicó que el 80% de distritos a nivel nacional no cuenta con plan de desarrollo urbano.
Además…
Déficit de viviendas
El viceministro indicó a El Comercio que el Perú tiene una necesidad anual de 143 mil viviendas. Sin embargo, el Estado promueve alrededor de 70 mil viviendas formales al año. Además, con el tiempo, se acumula esa demanda y, actualmente, suma 1.8 millones de viviendas en déficit. Por esa razón, explicó, se desarrolla el reglamento para promover la vivienda de interés social.
Por su parte, José Carlos Fernández, abogado y urbanista investigador de Conurb, indicó que la discusión en torno a la vivienda social no es útil, como lo sería la discusión frente la vivienda de interés social de tipo prioritario, pues para cerrar esta brecha se deben enfocar políticas a la población más necesitada y con menos recursos. La vivienda social de tipo prioritario es la que llega a los últimos quintiles de nivel de pobreza o vulnerabilidad. "Se debería invertir más en esto", sostuvo.
