Castillo se reunió la tarde ayer en Palacio de Gobierno con sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas. (Foto: Presidencia)
Castillo se reunió la tarde ayer en Palacio de Gobierno con sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas. (Foto: Presidencia) / Juan Carlos Guzman Negrini

A solo 10 meses de iniciado su mandato, se ha convertido en el primer presidente de la República en ejercicio en ser investigado preliminarmente por el Ministerio Público. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al profesor por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

Sánchez- en la disposición fiscal N°06, del 27 de mayo último- ordenó que Castillo Terrones sea incorporado a la investigación que, desde inicios de este mes, ya se seguía en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y de seis congresistas de Acción Popular, conocidos como “Los Niños”, por las irregularidades en la licitación del Puente Tarata III (ubicado en la región San Martín).

En el documento, al cual tuvo acceso El Comercio, el titular del Ministerio Público da cuenta de la declaración que hizo el colaborador eficaz con clave CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 ante la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro. Esta persona no solo brindó información sobre Silva, sino también respecto al mandatario.

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Por ejemplo, relató que Fray Vásquez Castillo, sobrino del jefe de Estado, le comentó al empresario Samir Villaverde, quien hoy cumple prisión preventiva, que Castillo “tenía interés en designar a funcionarios” en Provías Descentralizado “con el objetivo de adjudicar obras a las empresas de provincias que habían apoyado” en su campaña.

En ese contexto, el empresario recomendó la designación de Alcides Villafuerte como gerente de Obras de Provías Descentralizado.

Después de su nombramiento, Villafuerte, según la declaración del colaborador eficaz, habría recibido la llamada del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones para que atienda a un empresario de nombre “Roger”. Esta persona había apoyado económicamente a la campaña presidencial de Perú Libre.

Villafuerte es investigado por las presuntas irregularidades en la licitación del Puente Tarata III.

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El colaborador eficaz con clave CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 indicó que entre noviembre y diciembre del año pasado, Silva Villegas le solicitó S/50 mil a Villaverde García, a quien citó en su departamento ubicado en el Cercado de Lima. El empresario terminaría dándole el doble: S/100 mil.

Para octubre de 2021, el entonces ministro tenía una deuda de S/95,153, según un reporte de Infocorp difundido anoche en “Cuarto Poder”. Silva saldó el total de esta deuda un mes después.

(Foto: Cuarto Poder)
(Foto: Cuarto Poder)

Además, el colaborador eficaz ha referido que, entre agosto y setiembre últimos, Villaverde le habría entregado S/30 mil al presidente Castillo, por intermedio del titular del MTC.

“El entonces ministro Silva habría llamado a Zamir Villaverde para solicitarle la suma de S/30 mil, citándolo en su departamento en el Cercado de Lima, siendo al día siguiente de la llamada que el citado empresario habría hecho entrega de los S/30 mil en el lugar señalado, circunstancias en las cuales este último [Silva] le habría mencionado a Zamir Villaverde que ese dinero era para el presidente Pedro Castillo”, se lee en la disposición emitida por el fiscal de la Nación.

Sánchez detalla que el dinero entregado por Villaverde a Castillo se dio “en el contexto en el que se habrían dado nombramientos de funcionarios” en el MTC.

(Foto: El Comercio)
(Foto: El Comercio)

En su disposición, el fiscal de la Nación también incluye la transcripción de un audio entre dos personas, quienes de acuerdo al colaborador eficaz, serían Villaverde y Juan Altamirano, quien fue asesor de Silva en el MTC.

En la transcripción, Villaverde le pide a Altamirano que lo ayude con un concurso que vino de la “casa blanca”, en referencia a Palacio de Gobierno, que ha sido otorgado a una empresa del club de la construcción. Agregó que se tenía que cambiar a 60 funcionarios del MTC y reemplazarlo por una persona de confianza y otras 20 operativas que puedan “agarrar todos los contratos”.

Villaverde, además, le cuenta al asesor de Silva que le ha pedido un favor a “Francia”, quien sería Fray Vásquez Castillo, para que loa ayude con su “tío” [el presidente Castillo] para sacar adelante “esta gestión en Transilvania”, en alusión a un concurso relacionado a Karelim López en el MTC.

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La evaluación de Sánchez

El fiscal de la Nación consideró- tras evaluar informes remitidos por las fiscales Zecenarro y Luz Taquire (de lavado de activos)- que existen “indicios razonables” de que el presidente Castillo lideraría una presunta organización criminal que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal.

Esta presunta organización criminal habría sido integrada por Silva, Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo (otro de los sobrinos del mandatario), el ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y los empresarios Samir Villaverde y Karelim López, de acuerdo a la tesis fiscal.

El objetivo de este conjunto habría sido no solo favorecer al Consorcio Puente Tarata III, que fue representado por López, sino también a otras empresas, en especial a las que apoyaron la campaña de Castillo Terrones, y otras, cuyos directivos son cercanos al entorno del jefe de Estado.

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En la parte final de su disposición, Sánchez explicó que si bien el presidente goza de “una mayor protección en comparación con cualquier otro alto funcionario del Estado”, ante los serios indicios de que Castillo estaría involucrado en “graves delitos de corrupción”, dicha prerrogativa debe ser compatibilizada con la obligación constitucional del Estado de perseguir el delito”.

Advirtió que el funcionamiento de una presunta organización criminal “enquistada” en el Estado, pone en riesgo “la propia existencia del sistema democrático de derecho”.

El titular del Ministerio Público también dijo que desarrollar una investigación preliminar contra el presidente “es fundamental para asegurar los elementos materiales” y “prevenir” la destrucción o alteración de pruebas, “no pudiendo esperar” a que Castillo Terrones “culmine su mandato” para iniciar la pesquisa.

La Fiscalía de la Nación, además, informó que se ha ordenado que se tome “la declaración indagatoria” del presidente Castillo, quien ya ha sido notificado de la disposición.

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De esta manera, Sánchez tuvo una interpretación distinta del artículo 117 de la Constitución respecto a su antecesora en la Fiscalía de la Nación, Zoraida Ávalos, quien había abierta y suspendido dos investigaciones al mandatario por los casos Petro-Perú y ascensos en Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Castillo se reunió la tarde ayer en Palacio de Gobierno con sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas. Este último señaló a El Comercio que la decisión del fiscal Sánchez es “ilegal” y contraviene el artículo 117 de la Constitución, que indica que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por cuatro causales, entre ellas traición a la patria, y la disolución ilegal del Parlamento.

Pachas también negó que su cliente haya recibido pagos de Villaverde.

“Negamos todos los hechos [imputados], no aceptamos nada, el presidente es una persona honrada. Nosotros vamos a actuar de acuerdo a ley”, manifestó.

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¿Hasta dónde puede avanzar?

La abogada penalista consideró que el fiscal Sánchez “ha encaminado” la investigación a Castillo, luego de que Ávalos haya suspendido otras pesquisas, acto que en la práctica le daba una inmunidad casi absoluta. Agregó que la indagación solo podrá avanzar hasta que se concluya la etapa preliminar.

Chang, en diálogo con este Diario, indicó que si el fiscal de la Nación decidió investigar al mandatario durante su mandato por la presunta instalación de una organización criminal en el MTC, debe hacer lo mismo respecto a los otros casos que su antecesora paralizó, es decir, indagar los casos Petro-Perú y los ascensos en las FF.AA. y Policía.

“Esta decisión [de Sánchez] complica significativamente [al presidente], pero porque hay varios elementos de prueba que nos dicen que algo irregular hay, el señor Castillo tendrá que dar explicaciones, ya su condición es la de investigado, ya no es un testigo al que se le podía enviar el pliego de preguntas por escrito”, acotó.

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El abogado penalista César Azabache indicó que Sánchez ha dado “un paso más” al dado por Ávalos, cuando decidió iniciar dos investigaciones a Castillo, pero suspenderlas, al recordar que a otros fiscales de la Nación evitaron iniciar pesquisas a otros mandatarios, como Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Azabache refirió que cuando se cierre la investigación preliminar, “habrá un debate”, en el sentido, de que si se suspende o si se pasa a preparatoria.

“Mi impresión es que se requiere una reforma legal en el Código Procesal Penal para que esa investigación en teoría pueda pasar sin dudas a etapa preparatoria. Mi impresión es que esta decisión [de Sánchez] pone en evidencia que el artículo 117 [de la Constitución] debe comenzar a ser revisado”, manifestó.

Explicó que el artículo 117 “mezcla” dos tipos de acusaciones, las que son por infracción a la Constitución, que la tiene que realizar el Congreso, porque conducen a suspensión o inhabilitación, y las denuncias de tipo penal. “Estas últimas deberían ser mantenidas en manos de la fiscal de la Nación”, subrayó.

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El abogado penalista Carlos Caro sostuvo que la suspensión de investigación a Castillo no es vinculante, por ello, Sánchez tiene la facultad de abrir una pesquisa preliminar.

“No hay un recurso dentro del Ministerio Público que pueda impugnar [esta medida], si el abogado del presidente quiere cuestionar [la disposición] va a tener que ir al Poder Judicial con un hábeas corpus, una acción de amparo o una tutela de derecho”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Caro también señaló que el fiscal Sánchez podría avanzar la investigación hasta la etapa de preparatoria, porque la Constitución solo prohíbe acusar al jefe de Estado.

Más información

La Defensoría del Pueblo destacó, a través de un comunicado, la decisión del fiscal Sánchez de realizar actos de investigación contra el presidente Castillo, porque “contribuye a cumplir el debate constitucional de combatir la corrupción en todos los niveles del Estado”.

La institución, que dirige interinamente Eliana Revollar, exhortó al Ministerio Público a llevar a cabo “una acción diligente y oportuna” frente a presuntos actos de corrupción, “lo cuales generan grave impacto en la institucionalidad del país”.

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