Audios refuerzan declaración de Karelim López y complicarían situación de Pedro Castillo, señalan penalistas | ANÁLISIS

En esa misma línea, abogados también consideraron que las implicancias del contenido de los audios podrían alcanzar al propio presidente, sea como elementos para investigarlo o como un motivo para que rinda su testimonio en las investigaciones actualmente en mercha. Tanto Zamir Villaverde como Bruno Pacheco y el exministro Juan Silva están siendo investigados actualmente por distintos despachos e instancias del Ministerio Público.

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Este miércoles, la abogada de Bruno Pacheco, Giuliana Quiñones, negó que la voz que aparece en el audio sea de su defendido y afirmó que, en todo caso, sería una prueba ilícita. Sobre este punto, la mayoría de penalistas consultados para esta nota discreparon, pero coincidieron en que será importante que el Ministerio Público actúa para validar su autenticidad y determinar otros aspectos como la fecha, el lugar, las circunstancias y la persona que hizo la grabación.

En tanto, fuentes de El Comercio indicaron que la fiscal contra el lavado de activos Luz Taquire, quien corrobora las declaraciones de Karelim López y también investiga a Bruno Pacheco y Zamir Villaverde, prevé pedir los audios al medio de comunicación que los difundió. En este escenario, cuatro abogados penalistas respondieron cinco preguntas relacionadas a este nuevo desarrollo del caso que envuelve al entorno del presidente de al República.

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Andy Carrión, abogado penalista: “Hay dos aspectos que debemos valorar de los audios. Uno, que las declaraciones de Karelim López ya tienen cierto asidero respecto a los actos preparatorios de los delitos de colusión; y que en segundo lugar, de ser ciertos, reforzarían la tesis de la participación del propio ministro de Transportes y Comunicaciones (...) Reforzaría no solo el Caso Puente Tarata, sino que abriría algunas líneas que alcanzaría a otras personas”.

“Con este supuesto pago, el [caso] ya no estaría solo enmarcado dentro del delito de colusión, sino también dentro del delito de cohecho. Se supone que hubo un pago determinado para asumir un puesto y que luego, a raíz de la asunción de estos puestos, habrían unos negociados (...) A los delitos que viene siendo investigados deberíamos añadir el delito de cohecho: cohecho pasivo respecto de quien recibió del dinero que se menciona, y también de cohecho activo, como el particular que soborna a un funcionario o eventual funcionario para un favorecimiento”.

Luis Vargas Valdivia, exprocurador: “Abre una línea de investigación interesante e importante a la fiscalía. Obviamente, lo que hay que hacer es verificar la autenticidad de los audios (...) y la información que contienen, en ese caso, será de suma importancia para poder identificar a los participantes en los actos delictivos que se desprenden de esa conversación”.

Karin Fernández, abogada penalista: ”Lo primero que advierto es que se habla mucho de futuros eventos delictivos, de que se quiere coludir con alguna empresa en alguna contratación cuando sean autoridades en algunos ministerios. Esto se califica como acto preparatorio: planeamos que cuando yo sea ministra voy a ayudarte para que tu empresa gane. No todos los actos preparatorios son sancionables penalmente”

“Sin embargo, también se habla de una supuesta donación que habría hecho el exministro Juan Silva a la campaña del actual presidente. Eso sí es material para que un fiscal pueda generar una investigación y diga ‘a ver, ¿es cierto que el señor Juan Silva donó este dinero en la campaña?’, porque hay un delito que se llama financiamiento ilegal a las campañas políticas (...) Si no se registró, se puede sospechar que es dinero de un origen ilícito y eso podría desencadenar, a la par, una investigación por lavado de activos contra Juan Silva”.

Franco García Lazo, abogado: “La fiscalía va a tener que determinar si tipifica estas declaraciones como tentativa o como delitos (...) Del audio que se ha escuchado, en el único momento en que se vincula al presidente es haber recibido medio millón de soles de parte del ministro Silva para que este pueda tener toda la libertad de hacer los tráficos de influencias que quiera o requiera necesario, según él o las personas que lo acompañaban en el cargo. Eso es un solo dicho, si no está corroborado, va a ser un elemento de prueba o de convicción (...) Es por eso que es importante el Ministerio Público cambie de tesis para que a partir de este indicio, por más vago que sea, se inicien las investigaciones directamente al presidente”.

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Andy Carrión: “Lo primero que hacen las fiscalías es someterlo a un examen pericial, eso es básico. Eso es lo que va a tener que implementar. Ahora, veamos qué fiscalía lo hace, porque estos audios no solo sustentarían el curso de la investigación que ya está llevando adelante en las fiscalía anticorrupción, sino que también sobre la pericia tendrían que informar, en su oportunidad, a la Fiscalía de la Nación respecto a la ampliación de un nuevo delito en lo que respecta a Juan Silva (...) Y luego las declaraciones ampliatorias para que los involucrados puedan declarar sobre los audios (...) Esto no impide que también sea incluido en la ampliación de hechos en la fiscalía contra el lavado”.

“Es usual que los abogados cuestionen la forma de obtención de los audios. Sin embargo, la Corte Suprema ha sostenido que en tanto sea uno de los interlocutores quien grabe, los audios o videos son legales, no hay problema con eso. Eso lo declararon desde el caso de [Vladimiro] Montesinos (...) En la pericias eso [quién grabó el audio] es algo sencillo de determinar”.

Luis Vargas Valdivia: “Lo primero es el tema de las pericias que permitan determinar que se trata de la voz de los que aparecen como participantes, que no se trata de un documento editado. Respecto de la validez en cuanto a licitud o ilicitud, en realidad la Corte Suprema ya tiene reiterada jurisprudencia (...) Si [la defensa de Bruno Pacheco] señala que es prueba ilícita porque no se advirtió a su cliente que estaba siendo grabado, eso no es un argumento válido (...) La grabación está referida no a temas que afecten la intimidad del señor Pacheco, está referida a actos delictivos”.

Karin Fernández: “En tanto la fiscalía quiera hacer una investigación, va a tener que verificar la autenticidad de este audio (...) El Ministerio Público está obligado a investigar cualquier hecho criminal, de la forma en que tome conocimiento. Ahora, en el curso de esa es si va a analizar si es prueba lícita o ilícita. ¿Este audio cómo se ha obtenido? ¿Quién grabó a quién? Porque, hasta cierto punto, parece que esto fue en la calle, entones no se habría vulnerado la intimidad. Todo es va a ser parte de la investigación.

“Si se demuestra que sí se vulneró la privacidad de alguno de ellos, que es parte de una prueba en otro caso y fue obtenido de manera irregular, sí sería irregular su obtención. Sin embargo, no podemos ignorar los temas que se tratan en este audio, son muy delicados. A veces, la fiscalía tiene que colocar en una balanza la formalidad de la obtención de una prueba y el fondo de qué es lo que discute en el audio. Creo yo que sí hay material para iniciar una investigación, al margen de cómo se obtuvo”.

Franco García Lazo: “Este nuevo audio seguramente va a ser incorporado a la carpeta fiscal de parte del Ministerio Público. Los interlocutores son Zamir Villaverde, que ya se encuentra detenido, y Bruno Pacheco, que se encuentra no habido. No se va a poder tomar más allá de la declaración de Villaverde, la fiscalía puede hacer esa actuación. Sin embargo, son dichos que él ha incorporado en la carpeta que ha iniciado como aspirante a colaborador, va a tener que corroborar todo lo que ha dicho”.

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“La tesis de la prueba ilícita va a ser tocada en el proceso penal, pero no solamente esta podría ser declarada fundada, sino también se tendría que ver la manipulación y la edición de las conversaciones (...) No creo que la tesis de la abogada del señor Pacheco sea aceptada, dado que es un interlocutor que, seguramente, en el procedimiento de aspirante a colaborador eficaz ha adjuntado estos audios o los adjuntará. Ahí deja de ser prueba prohibida, pero sí su manipulación y su edición será sujeto de pericias”.

Andy Carrión, abogado: “[El cohecho] es lo vital, porque ya el resto de delitos vienen siendo investigados. Están investigando organización criminal, también colusión, que para mí son los dos más importantes. Podría incluirse dos: cohecho, tanto activo como pasivo, y tráfico de influencias, respecto al negociado en los puestos públicos”.

Luis Vargas Valdivia: ”Acá tenemos posibles delitos de corrupción de funcionarios, de tráfico de influencias. Es un medio probatorio que podría reforzar la atribución del delito de organización criminal y esclarecer quiénes formaron parte de esta organización criminal. De los audios, lo que aparece es que hay obviamente un acuerdo de voluntades, hasta una negociación, a efectos de acceder a cargos públicos, de distribuir contratos, ubicar personas en puestos importantes de la administración pública para favorecer intereses particulares (...) Podría dar lugar a delitos de corrupción de funcionarios, entendido también como cohecho, tanto en la modalidad activa como pasiva”.

Karin Fernández: “Se podría investigar si la donación [atribuida en el audio a Juan Silva] fue registrada y se investigaría el delito de financiamiento prohibido para partidos (...) y si el señor Juan Silva no puede demostrar el origen de ese dinero, se puede originar una investigación por lavado de activos”.

Franco García Lazo: “En los audios hay una clara, no sé si tentativa o tipificación, de asociación ilícita para delinquir, también hay de tráfico de influencias y de cohecho (...) Se habla de un donativo ahí”.

Andy Carrión: “Sí, refuerza lo que ella ha venido declarando. Fue ella quien, en principio, puso la alerta y los ojos sobre Zamir Villaverde. Ya se tenía una idea, pero no en el alcance de los datos o de la información que ella brindó. Ahora, de ser ciertos los audios, estarían corroborando en cierta parte lo que ha mencionado Karelim López, sobre todo respecto a la participación de quienes se escucha en el audio (...) Hay una línea importante de corroboración que se está dando con estos audios, lo que le otorgaría mayor fiabilidad a lo que pueda seguir declarando”.

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Luis Vargas Valdivia: “Es un elemento que corrobora lo señalado por la señora López. Esto tendrá que ser evaluado por la fiscalía en el proceso de corroboración de la información brindada por ello. ¿Es un medio probatorio que puede servir para corroborar lo que ha señalado? Sí, claro que sí. He ahí la importancia de esto: va sumando medios probatorios que tienden a acreditar la comisión de estos delitos y que vinculan, nuevamente, al entorno presidencial.

Karin Fernández: “Veo que hay muchas cosas que pueden coincidir con confesiones que ha hecho Karelim López. Y ella, entiendo yo, no sabía de estos audios. Por lo tanto, habría cierta confirmación de lo que ella dijo incluso en su procedimiento de colaboración eficaz. Va a servir a las investigaciones que están en curso (...) Le daría fuerza a la versión de López. Coincide. En resumen, lo que ella ha dicho es que habría una organización criminal repartiéndose proyectos. Y retrocedemos un año, a julio del 2021: hablan de una lista de proyectos con número que se entregarían. Sí podría reforzar la afirmación que ha hecho Karelim Lopez”.

Franco García Lazo: “En el sistema procesal se aplica el principio de la unidad de la prueba: la prueba se interpreta de forma sistemática. En este caso, todo da a pensar que estos audios son bajo la misma teoría, pero no necesariamente prueban lo que indica el colaborador eficaz. Sin embargo, da una cierta coherencia a lo declarado. No corrobora lo dicho por Karelim López ni por Zamir Villaverde, pero sí llega a tener armonía con lo que ellos han declarado”.

Andy Carrión: “Hay una mención específica, en la que se da por supuesto que el presidente está enterado de los pagos que se realizaban. Ya con este dato podría ameritar que la fiscalía eleve otro informe en contra del propio presidente. Ya no por los delitos que se informó en su oportunidad, sino por cohecho. Hay una línea interesante de desarrollo en derecho penal, en el que el funcionario, en este caso el propio presidente, no necesariamente se le imputa el delito de cohecho por haber recibido el dinero, sino que también por no haber impedido la realización de estos delitos por sus subordinados (...) También por un ámbito omisivo podría ameritar ya una investigación contra el presidente”

Luis Vargas Valdivia: “Lo que queda claro es que estas personas que han intervenido en estas conversaciones, en estos actos ilícitos, están vinculadas directamente al entorno del presidente. Falta establecer, y para eso loa fiscalía también debe desplegar las medidas de investigación para determinar si el presidente también tenía conocimiento o ha participado de estos actos delictivos. Resulta extraño porque no se ofrece cualquier puesto en el Estado: ministros, viceministros, designaciones que pasan por el presidente. Se hace un tanto difícil creer que el presidente no tenía conocimiento de esto”.

“El presidente no está cumpliendo con coadyudar al esclarecimiento de los hechos y podría entenderse, en todo caso, que estaría tratando de utilizar el facto de la inmunidad para entorpecer las investigaciones y ganar impunidad. Ha llegado el momento que la Fiscalía de la Nación se replantee la posibilidad de iniciar investigaciones”.

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Karin Fernández: “No veo que en este audio hayan dicho que Pedro Castillo conozca de estos planes, no podría afirmarlo porque no lo escucho del audio. Quizás hay otras versiones que más adelante salgan, pero no de este audio (...) Puede ser investigado, por supuesto que sí, todos pueden ser investigados, incluso el presidente de la República. [¿Por estos hechos?] Considero que estos hechos pueden generar una investigación preliminar donde el presidente puede ser convocado a dar su versión, no se si involucrado como investigado, pero al menos como testigo y como actual presidente, claro que sí”.

Franco García Lazo: “Su condición no va a cambiar dada la postura equivocada del Ministerio Público de no abrir investigación al presidente de la República (...) Esperar que se culmine el mandato da la presidencia es, por el propio transcurso del tiempo, la facilidad de la eliminación de las pruebas y de los testigos. Es por ello que debería iniciarse la investigación (...) El problema no es tanto la falta de pruebas, sino el pensamiento actual del Ministerio Público de no investigar al presidente”.

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