Dina Boluarte: PJ autoriza a Procuraduría a participar en investigación por muertes en protestas

El Poder Judicial declaró fundada en parte la tutela de derechos presentada por la Procuraduría General del Estado (PGE) por la declaración del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ante la Fiscalía de la Nación en la investigación contra la mandataria Dina Boluarte y ministros por el presunto delito de genocidio.

Asimismo, se desestimó el pedido de la Procuraduría para anular el acta del pasado 16 de febrero con la declaración del titular de la PCM sobre el caso.

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Cabe precisar que dicha decisión no anula la declaración del primer ministro, sino que posibilita que se amplíe la declaración con la participación de la procuraduría, según precisó en su cuenta institucional en Twitter.

De esta manera, con la decisión del juez Juan Carlos Checkley se permite la participación de la PGE en las declaraciones de investigados en condición de representante del agraviado.

La solicitud se había presentado tras el pedido que hizo la procuraduría, que cuestionó que el Ministerio Público no le haya informado como parte agraviada que se iba a llevar a cabo esta diligencia para escuchar al primer ministro.

Específicamente, los abogados de la PGE presentaron una tutela de derechos para declarar la nulidad de la continuación de la declaración de Otárola Peñaranda, ya que en la primera citación del 23 de enero sí estuvieron presentes.

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Sin embargo, esta primera diligencia se suspendió y fue a la ampliación de la misma, realizada el 16 de febrero, a la cual no fueron convocados los miembros de la procuraduría.

Los abogados señalaron en la audiencia que se enteraron por medios de comunicación que Alberto Otárola declaró por segunda vez ante la Fiscalía de la Nación, por lo que el 17 de febrero pidieron información formal y pidieron la nulidad de esta diligencia porque afectaron sus derechos de defensa en representación del Estado.

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En respuesta, el Ministerio Público negó que se haya perjudicado el derecho de defensa o que se haya dejado en un estado de “indefensión material” al Estado por su decisión de realizar la diligencia con Otárola sin presencia de los procuradores.

Tras el pronunciamiento del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación podrá reanudar la declaración de Dina Boluarte, luego que se suspendiera la diligencia el pasado 7 de marzo por el recurso presentado por la PGE ante el Poder Judicial.

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El Ministerio Público inició el 10 de enero una investigación preliminar a Boluarte Zegarra y miembros de su gabinete por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

La indagación se abrió tras las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. Por entonces, ya habían 39 civiles y un policía fallecidos en enfrentamientos.