El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, afirmó que el Gobierno se mantendrá al margen de las anunciadas acciones de otras instituciones -como el Ministerio Público- contra la ley que limita los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crímenes de guerra respecto a hechos ocurridos antes de 2002.
La norma fue aprobada y promulgada por el Congreso, luego de que el propio Ejecutivo optara por no pronunciarse: ni la devolvió al Parlamento con observaciones, ni tampoco la publicó hasta el 1 de julio, que vencía el plazo de 15 días hábiles que tenía. Con eso, dejó que el Legislativo la publicara.
“Desde el Gobierno nosotros vamos a tener que estar al margen de esto, porque seguramente va a ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad donde le corresponderá al Congreso responder desde su procuraduría los inconvenientes o aquellos aspectos que desde estas instituciones consideren que no son aplicables”, exclamó en conferencia de prensa, tras el Consejo de Ministros.
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Arana respondió así cuando se le consultó sobre los comunicados del Ministerio Público -que adelantó que presentará una demanda de inconstitucionalidad- así como de la Conferencia Episcopal.
La semana pasada, el propio presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, confirmó que la presidenta Dina Boluarte no iba a promulgar la norma. “Nosotros tuvimos un debate a la interna muy intenso y finalmente, desde el Ejecutivo, se decidió no observarla y dejar que esto ocurra si así el Congreso así lo estima pertinente”, expresó.
“No lo ha promulgado la presidenta y, de acuerdo con el artículo 80 del reglamento del Congreso, le corresponde ahora al Congreso de la República promulgarla, presumo yo que en los días próximos se produzca aquello”, señaló el jefe del Gabinete.
La Conferencia Episcopal pidió que derogar la ley al advertir que plantea cambios que fueron declarados como inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en el 2011, y al señalar que una “ley positiva no puede atentar contra la ley natural y menos contra el valor de la vida”.
“Respetamos las posiciones que institucionalmente las entidades como la Conferencia Episcopal o el Ministerio Público puedan tener respecto del contenido, vigencia y los alcances de la ley”, aseguró el ministro de Justicia.
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Arana evitó responder si el Gobierno está a favor o en contra de la norma. “Es un hecho consumado. La ley está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla. El Ejecutivo no tiene que aplicarla y corresponderá a los jueces y fiscales disponer si aplican control difuso, control de convencionalidad o eventualmente si es que ponen una acción que el tribunal tenga que resolver”, señaló.
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“La posición del Gobierno es de cumplimiento de las normas que el Congreso expide. No existe otra disposición de momento que corresponda a no aplicarla, pero esta norma está destinada para ser aplicada por jueces y fiscales”, respondió cuando se le insistió sobre la postura del Ejecutivo.
