“Hemos puesto en conocimiento de la CIDH los hechos y que se adopten los mecanismos de protección”

¿Qué representa para ustedes la investigación sumaria aprobada por el Congreso?

Quedamos muy sorprendidos de que se adoptara esa medida frente a una moción presentada por una congresista. El día que estaba en agenda del Congreso, esta moción era la número 33 y pasó al segundo lugar. Se aprobó para que se realice una investigación sumarísima, frente a los cargos de esa moción. Es bueno precisar que no hay regulación de una comisión del Congreso para una investigación sumarísima. Hay un control, indudablemente, que todos los funcionarios tenemos; pero sí nos sorprendió porque no hay regulación de esa investigación. No hay un procedimiento. Siempre que hay una acusación, también esa causa grave tiene que estar debidamente señalada. Nos causó sorpresa y emitimos nuestro pronunciamiento ese día. La JNJ es un órgano constitucionalmente autónomo y, efectivamente, es el garante de la independencia del sistema judicial.

Ustedes allí lo llamaron un posible quiebre del orden constitucional.

Así es. Y lo seguimos sosteniendo porque los órganos constitucionalmente autónomos (OCA) justamente, esa autonomía que tienen debe ser respetada por todos. Y cuando hay una falta muy grave, hay el mecanismo constitucional. Sobre lo cargos de esa moción ya tenemos cuatro demandas constitucionales, una que fue admitida y que están siendo elevada a la Comisión Permanente.

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¿El Congreso no les da ninguna garantía de que el proceso de investigación se llevará de forma objetiva?

Efectivamente. Nos preocupó el jueves, al recibir en la mañana la convocatoria a la sesión a realizar el viernes por la mañana. Solo era la convocatoria. En la tarde, recibimos la moción. Y si era el viernes [la sesión], ¿menos de 24 horas para elaborar una defensa? A nadie se hace ello. Siempre los plazos que se dan están regulados y en este caso no hay regulación. Se nos ha comunicado que se suspendía la sesión. La próxima fecha ya fue definida: está para el 21 en horas de la tarde. Nos han convocado a los siete miembros de la JNJ.

¿Y van a acudir a esa citación?

Sí, porque no tememos nada. Hemos procedido de acuerdo a la Constitución, a la ley, a los principios, y garantizando la institucionalidad, los valores democráticos. Y lo más importante: la junta, por que las instituciones priman frente a las personas.

¿Les explicaron por qué se canceló esa primera citación?

No, no se nos indicó el motivo.

Para el 21 ya van a haber pasado varios días del plazo de dos semanas que se le dio a la Comisión de Justicia para la investigación. ¿Es un tiempo adecuado para que todos los citados puedan dar sus respuestas?

Consideramos que no. Y reiteramos: no hay un procedimiento. Lo que sí, hemos invocado a que se nos garantice los requisitos mínimos de un debido proceso. Por eso el jueves nos quedamos sorprendidos, porque era la convocatoria sin ningún cargo. Y bueno, en la tarde nos lo alcanzaron. ¿24 horas para elaborar un descargo? ¿Y el derecho a la defensa dónde está? Pero ya hemos comprendido ahora que suspendieron y nos están dando un plazo mayor para elaborar los descargos, hasta el día jueves.

Ratifica que sí van a asistir a dar sus respuestas.

Así es. No tememos a nada. Nuestro trabajo es transparente, bajo los principios que siempre hemos considerado. Vamos a ir y explicar.

El Poder Judicial admitió un habeas corpus presentado por un abogado a favor de ustedes. ¿Ustedes sabían de este recurso?

No. Desconocemos a las personas que han presentado. Desconocemos el contenido.

Muy aparte de esto, ¿ustedes piensan recurrir al Poder Judicial con una acción de amparo? Hace poco, justamente, la fiscal de la Nación obtuvo un amparo ante las investigaciones que le siguen ustedes…

Ese es un mecanismo de protección de derechos que, indudablemente, se está evaluando.

¿Y también han evaluado recurrir a la CIDH para pedir medidas cautelares?

Los sistemas de protección de Derechos Humanos permiten ello. Hemos puesto en conocimiento de la CIDH los hechos que vienen aconteciendo y que se adopten los mecanismos de protección pertinentes. En ello está la cautelar también. Hemos comunicado al sistema, solicitando estos mecanismos de protección. Entre ellas está una medida cautelar.

¿Y para cuando esperan una respuesta?

Bueno, en el sistema interamericano ellos evalúan, comunican al Estado, reciben información del Estado y proceden. Es un trámite

¿Y en caso les otorguen una cautelar, eso detendría necesariamente el proceso en el Congreso o tendría consecuencia en caso se les otorgue después?

Depende de la evaluación que ellos hagan también.

¿Pero ustedes apuntan a eso, a que se ordene la suspensión?

Hay diversas resoluciones de los mecanismos de protección. La comisión tiene que adoptarlas.

Vayamos a las imputaciones que se hacen en la moción. ¿Era necesario pronunciarse sobre el caso de la fiscal suprema Zoraida Avalos?

Quiero precisar que allí no ha habido intromisión alguna. Como un OCA, garante del principio de independencia de jueces y fiscales, lo que respetuosamente pedimos fue una reflexión. Fue una expresión de lo que considerábamos y consideramos. En todas las instituciones, lo demás OCA, también hacen ello en diversos temas. Son mecanismo como un comunicado, una nota de prensa, un llamado que se puede hacer a las instituciones, porque vivismo en una democracia y un equilibrio de poderes. Si alguno de ellos hace una comunicación, ¿tendría que ser sancionado por ello? También hay que tener en cuenta el derecho a la libertad de expresión. Creo que hemos sido muy claros y precisos. Y lo haríamos en casos similares de jueces y fiscales.

Si la persona afectada fuese otro fiscal supremo, como la fiscal Patricia Benavides, o quizás una jueza como Elvia Barrios, ¿se hubiesen pronunciado igual?

Igualmente. Es un principio el que defendemos. Ante los valores democráticos y los principios siempre hay que defenderlos. Y uno de los mecanismos es un comunicado, solicitando respetuosamente una reflexión.

¿Ese comunicado salió de la misma junta o hubo un pedido al respecto? ¿Quizás de la misma fiscal Ávalos?

De ninguna manera. Con la señora Ávalos nunca hemos conversado del tema. Nosotros, consecuente con los principios que defendemos, redactamos ese comunicado.

Es conocimiento público que una de las integrantes de la JNJ, la doctora María Zavala, es amiga y comadre de la fiscal Ávalos. ¿Eso no tuvo que ver en el pronunciamiento?

Nada que ver. La doctora tiene abstención respecto a ella. Ella no participa de los plenos en los que podemos ver temas relacionados a la doctora Ávalos.

¿Pero sí suscribió el comunicado?

No, tampoco. No lo suscribe. No interviene en nada de ella.

De todas formas, entiende por qué se puede ver eso con suspicacia

Indudablemente, puede dar lugar. Pero firmemente lo señalo: los miembros de la JNJ como institución somos garantes de la independencia de jueces y fiscales. Y como garantes, frente a un caso concreto de afectación, tenemos que levantar la voz.

También está el señalamiento por una supuesta presión al presidente del Poder Judicial para que la Corte Suprema relacionado al caso de la fiscal Ávalos. La moción señala en particular a usted, a la doctora Zavala y al doctor De la Haza, quienes habrían llamado al juez Arévalo Vela e incluso lo habrían amenazado con un proceso disciplinario. ¿Qué responden ante eso?

Cuando se tomó conocimiento de esa demanda constitucional, nos pronunciamos porque no había nada. No hay ningún indicio de ello. No llamamos al doctor. Las acciones que se han realizado desde la junta han sido para actividades protocolares, nada más. [En] Los juramentos de jueces y fiscales invitamos a los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público. En ese caso, el doctor ha venido poquísimas veces. Reitero: no lo hemos llamado, no lo hemos convocado, no nos hemos reunido con él

¿Tampoco hubo alguna comunicación a través de un emisario, una tercera persona?

De ninguna manera. Por ética, no lo haríamos. Hemos firmado un pacto ético político. No recibimos incluso visitas en la junta, llamadas tampoco. Si una persona quiere una audiencia, tenemos un procedimiento, tienen que señalar el motivo.

¿No se acercaron a alguno de los jueces que al interior de la Corte Suprema pidieron pronunciarse sobre el tema? Sabemos que en ese grupo estuvieron jueces como César San Martín, Elvia Barrios

Tampoco. Con ningún juez supremo. Nuestra regla es, sinceramente, con ningún juez ni fiscal. Quiero recoger lo que la prensa está difundiendo: la doctora Elvia Barrios le ha preguntado al doctor Arévalo, y él le ha afirmado que no ha sido presionado ni ha recibido llamadas nuestras.

¿Usted le pediría al doctor Arévalo Vela que responda y aclare esto?

Efectivamente. Creo que la versión que brindó en Trujillo, de que no ha sido presionado, sea más explícito. Los funcionarios y servidores del Estado tenemos el deber de decir la verdad, para aclarar los hechos, los rumores o las noticias que se basan en un dicho.

¿Y está aclaración debería hacerla ante la prensa, la opinión pública, o directamente ante el Congreso?

En el plan de trabajo que presentaron en la comisión está él como una de las personas a las que citarían como testigo. Y en la investigación preliminar que se nos sigue en la fiscalía también se ha solicitado que reciban la declaración del doctor.

¿El juez Arévalo Vela se reunió con ustedes, como parte de una actividad oficial o protocolar, en los días cercanos al pronunciamiento sobre la fiscal Ávalos?

Tampoco. Del 21 de junio al 3 de julio, nada.

Mencionaba la investigación de la fiscal de la Nación por este mismo tema. ¿Ustedes ya fueron citados a declarar por esa indagación?

Todavía no. Indudablemente que sí {estamos dispuestos a declarar]. Todos estamos dispuestos a declarar porque no hay nada, no hay un indicio, no hay un elemento. Cuando se abre una investigación, lo primero que se solicita es cuándo ocurrió el hecho, el lugar, el día y la hora. Sin ello, sin lo elemental, no puedo iniciar una investigación.

Otro de los señalamientos es por la edad de la doctora Inés Tello y si el máximo de 75 años para ser miembros de la JNJ es al momento de ser elegido o durante toda la gestión. ¿Fue un exceso interpretar en el pleno de la JNJ, por su cuenta, lo que decía la Constitución del tema? Porque eso es también lo que cuestiona la moción

Mire, ante el vacío, se comenzó un análisis jurídico. Se cuenta con informe de asesoría jurídica y un informe de Servir. Ambos coinciden en el tema de que hay una regulación para efectos del acceso [a la JNJ]: entre 45 y 75 años. Y hay una norma explícita que señala que la vigencia en el cargo es de 5 años. En otras normas sí se precisa: por ejemplo, en el Poder Judicial, cumplidos los 70 años cesan. Igual en el Ministerio Público y otras instituciones del Estado.

En el mismo Congreso consideraron el vacío. Dos congresistas presentaron proyectos de ley: uno de reforma constitucional y otro de desarrollo constitucional. Esos dos proyectos ya fueron sustentados en la Comisión de Constitución. Por ello consideramos que es el legislador el que debe llenar ese vacío y regularlo.

Pero lo que cuestiona la moción es que ustedes se hayan tomado la atribución de interpretar ese vacío constitucional. ¿Podían hacerlo?

Sí se puede hacer, sí se puede adoptar esa decisión porque está dentro del marco del bloque constitucional. ¿Qué hubiera pasado de lo contrario?

¿No era más prudente que sea el Congreso el que interprete?

¿Y la doctora cómo quedaba? ¿En el limbo? Por eso, ¿qué hubiera pasado si con este criterio se le vaca a la doctora? Nuestra ley orgánica tiene más de 30 causales [de vacancia], en los cuales ninguna regula la edad para la vacancia. Si se hubiese hecho ello, sí hubiéramos cometido una grave infracción a la Constitución, no la hubiéramos respetado.

Y si realmente hubiesen ocurrido las presiones al presidente del Poder Judicial, al margen de que ustedes lo nieguen, ¿eso sería una falta grave que amerite un proceso sumario de este tipo?

Reitero: todas las faltas graves o causas graves tienen que estar debidamente tipificadas. Eso es lo mínimo que se exige en un debido proceso. A ninguna persona se le puede imputar un hecho si no está considerado en la ley.

Por lo que me dice, ¿el Congreso debería establecer expresamente cuáles son las faltas graves para la JNJ?

Efectivamente. Antes, en las normas del CNM, existían señaladas las faltas graves. Pero en nuestras normas no. Allí hay un hecho que no está tipificado bajo ningún punto de visto

¿Si ocurriese que un miembro de la JNJ presione a un juez para que se pronuncie de tal o cual forma, eso sería una falta grave?

Indudablemente, se sanciona por esos hechos. Nosotros hemos sancionado a muchos jueces que haya permitido entablar relaciones extraprocesales, interferencias que se han dado justamente en el caso de los denominados ‘Cuellos Blancos’. Nos encontramos ante conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué nos dice el TC? Que justamente ello lo tenemos que desarrollar, fundamentar. Ello nos lleva a evaluar el tipo de sanción que debemos aplicar, bajo la razonabilidad y la proporcionalidad.

En cuanto a la fiscal de la Nación, ¿han acatado la medida cautelar que suspende las investigaciones en su contra?

En cumplimiento estricto a la decisión del órgano jurisdiccional, estamos suspendiendo el trámite de esas investigaciones y también de las denuncias. Todo.

¿Van a apelar la orden de la jueza?

El procurador nos ha informado que ha pedido la aclaración, porque no estaba muy clara, y también se ha apelado. Eso está siguiendo su trámite regular.

No coinciden con el análisis que hace la jueza de la actuación de la junta en esos procesos...

Quiero precisar que las facultades de la JNJ son seleccionar y nombrar jueces y fiscales a nivel nacional; la ratificación de ellos y evaluación parcial de desempeño; y llevamos el procedimiento disciplinario, [donde] también tenemos que ceñirnos a las normas. Así procedemos en todos los casos.

Lo que la jueza y la defensa de la fiscal alegan es que se ha adelantado opinión o hay un riesgo de parcialidad de parte de integrantes de la JNJ. ¿Usted qué responde a ello?

Muy respetuosamente, le digo que no es cierto todo ello. Ya hemos demostrado nuestro trabajo con transparencia, imparcialidad, independencia y ciñéndonos a la Constitución y la norma.

¿Le parece una coincidencia que la moción de la congresista Chirinos contra ustedes se haya presentado casi en paralelo a los recursos que ha estado presentando la fiscal también contra la JNJ?

Sinceramente, no hemos analizado ese tema. Yo, particularmente, por el trabajo que tenemos, no nos hemos percatado de ese aspecto.

¿Ustedes hubiese estado dispuestos a responder sobre todos estos temas por algún otro canal que no sea este proceso sumario? ¿Nunca fueron citados?

Indudablemente. Somos muy respetuosos de los poderes del Estado y los otros OCA. Si nos comunican, por ejemplo, una denuncia constitucional, daremos las respuestas que ya tenemos, debidamente sustentadas. Reitero: nos ceñimos a la Constitución y a la norma vigente

Pero nunca fueron convocados por alguna comisión para responder por estos temas.

No. Nunca hemos sido convocados en el Congreso, recién es la primera convocatoria que se nos hizo el jueves y que luego dijeron que se postergaba y que ahora recibimos para el 21.

¿Cuál es el límite entre la función de control que puede tener el Congreso sobre un ente autónomo como la JNJ y lo que ustedes han llamado una posible ruptura del orden constitucional?

Todas las instituciones tienen ya procedimientos predeterminados para supervisar, para un control que se puede hacer. Este es un control político que, efectivamente, no alcanza a la JNJ.

Si no es político, ¿qué tipo de control puede hacérseles a ustedes?

Por ejemplo, están las acusaciones constitucionales. A través de las acusaciones constitucionales se puede ejercer el control. Y tenemos las presentadas en el Congreso, que son por los mismos hechos. Eso es lo que nos llama la atención: son los mismos hechos de las acusaciones constitucionales, que los que están considerados en la moción.

Entonces, no tienen problema con el que Congreso haga un control, siempre y cuando las reglas estén claras

Efectivamente. Todos debemos exigir que cuando hay una imputación de cargos, tienen que estar determinadas las faltas. Son las reglas del debido proceso. Ante un hecho, ¿qué hace la autoridad? Inmediatamente comunica a la persona, le da un plazo y se rige a un procedimiento, que en este caso no hay. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que hacer el descargo respectivo. Para ello, se nos tienen que admitir las pruebas que presentamos y las que se pueden solicitar. También puedo señalar que el análisis que se hace tiene que ser dentro de la norma, y que exista una razonabilidad y proporcionalidad.

¿Qué ven detrás de esto? ¿Una intención política de removerlos?

No quisiera especular eso, sinceramente. Creo en la democracia, en los valores democráticos, en los principios. Como mujer de Derecho, tengo la plena convicción de que en el Congreso, la mayoría, con una madurez podrá resolver estos casos.

Un sector político los asocia con un determinado sector ideológico, o con la figura del expresidente Martín Vizcarra…

La JNJ nace luego de que toda la ciudadanía vio los videos de conversaciones entre supremos y superiores del Poder Judicial y la fiscalía, para favorecimientos en nombramientos, en procesos judiciales. Eso es lo que vimos todos. Frente a ello, hay una reforma constitucional, hay un referéndum. Con un porcentaje alto se decide cambiar al CNM y se crea la JNJ. ¿Ha intervenido el señor que señala? No, ha sido el Congreso.

Luego se formó una comisión para la designación [de los miembros de la JNJ], no intervino el Ejecutivo ni el Legislativo. Intervinieron el defensor del Pueblo, que presidía; el presidente del Poder Judicial; el presidente del TC; la fiscal de la nación; el contralor; y dos rectores representantes de las universidades públicas y privadas. Nuestra evaluación fue la más estricta en todos los temas. Tuvimos que presentar nuestro currículum, dar una evaluación muy estricta, con transparencia y rigurosidad. Pasamos luego todos los exámenes necesario: psicológicos, psicotécnicos, financieros. Luego, la entrevista, que fue públicas, todos tenemos acceso a ellas hasta ahora. Y con base a una trayectoria de vida profesional, a una evaluación de todos estos componentes, se no has designado a los siete.

Entonces, ¿cómo interpretan que se les quiera seguir asociando con cierto sector o cierto personaje político?

Bueno, yo respeto esas opiniones, que no son ciertas por lo que acaba de explicarle. No hay ninguna relación, somos sumamente profesionales, tenemos una conducta ética. Nuestras resoluciones hablan por nosotros. Los procedimientos disciplinarios que resolvemos son transparentes.

Mencionaba al CNM. Algunos congresistas, para defender esta investigación sumaria contra la JNJ, han señalado que se hizo lo mismo con los consejeros del CNM ¿Son comparables ambas situaciones?

De ninguna manera. En el 2018 se advirtieron actos de corrupción, que hoy están siendo investigados en el Poder Judicial como corrupción. Consideramos que no hay ningún punto de comparación. Es más, en nuestro caso ni siquiera los hechos se han realizado, nos están imputando hechos que no se han llevado a cabo, que no son de relevancia para una investigación.

¿Qué pasaría con la JNJ como ente autónomo si al final de este proceso se aprueba la remoción del pleno? ¿En qué estado quedaría la institución?

No quiero ponerme en ese acontecimiento, pero sí sería muy grave para el país, porque se afecta la institucionalidad, se afecta la seguridad jurídica. Lo que necesitamos hoy es, justamente, fortalecer. Tenemos que pensar en lo económico, que afecta a la mayor población. El viernes fue el Día Mundial de la Democracia. En democracia no puede haber silencio y si hay problemas, tienen que ser expuestos con claridad. Y resolverlos a través de los medios pertinentes, ya regulados, precisos, y que vivemos en unidad. Yo, al menos, voy a luchar muchísimo por la independencia judicial, el equilibrio de poderes y la junta. Porque la JNJ tiene un encargo vital para el sistema de justicia y el sistema electoral, porque nombramos al jefe de la ONPE y el Reniec. También los evaluamos cada cuatro años para ver si renovamos o no. Indudablemente, es una institución fuerte para el sistema y lo que el país necesita es eso, el fortalecimiento de las instituciones para vivir en democracia y sobre todo, en la paz que se requiere.

Para ustedes, ¿qué es está en riesgo en este proceso sumario?

El orden constitucional. Quiero agradecer a las personas, organizaciones, instituciones nacionales e internacionales que se han solidarizado y han levantando su voz. Están llamando a que todos reflexionemos sobre este tema y también a evitar este quiebre del orden constitucional.

Un quiebre del orden constitucional es, en otras palabras, un golpe de Estado. ¿El Congreso estaría dando un golpe de Estado si los remueve al final de este proceso sumario?

Pero justamente, no me pongo en ese acontecimiento. Como mujer de Derecho, va a primar la razón y la justicia. Confiamos en la madurez de los congresistas para dar una respuesta al ciudadano del país.

Ya hay congresistas que tienen una postura fija y definida ante este tema. ¿Qué les diría a los que aún están evaluando este tema?

Un mensaje, en el Día de la Democracia, es saber escuchar y con base en eso, resolver con justicia.