Defensoría advierte que recorte presupuestal al equipo de la PNP constituiría obstaculización a la justicia

La Defensoría del Pueblo advirtió que el recorte presupuestal al equipo especial de la Policía Nacional (PNP), encabezado por el coronel Harvey Colchado, sin justificación alguna constituiría una obstaculización a la acción de la justicia.

A través de su cuenta en Twitter, la entidad señaló que el Ministerio del Interior (Mininter) debe preservar a todo el equipo especial de PNP de apoyo al equipo de fiscales contra la corrupción en el poder.

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Asimismo, mediante oficio demandó a dicho portafolio informar recorte de presupuesto al equipo especial de la Policía. En el documento señala que disminución económica contradice compromiso del sector de dotar de recursos suficientes a este grupo.

“No otorgar, sin justificación plausible, recursos económicos solicitados constituiría una obstaculización a la acción de justicia, conllevando responsabilidades. Mininter debe preservar a todo el equipo especial de PNP de apoyo al equipo de fiscales contra la corrupción”, subrayó.

Colchado fue notificado por la Dirección General de Inteligencia (Digimin) que este mes el presupuesto de su división será reducido en 25% en comparación al mes de septiembre.

La comunicación se da en respuesta a una solicitud enviada en un inicio por el mismo oficial el pasado 15 de septiembre al jefe de la Digimin, el coronel PNP (r) Carlos Eduardo Cabrejo Becerra.

Ante la no respuesta, se envió un segundo escrito reiterando la asignación presupuestal de este mes el pasado lunes 10. Es decir, al día siguiente recién contestaron el oficio enviado por el coronel PNP.

Se trata del recorte presupuestal más significativo de los últimos cinco años en la Digimin y se dio justo después de las detenciones a los miembros del denominado “gabinete en la sombra”, el último martes 11 de octubre.

Colchado es el líder del equipo especial PNP que apoya en las investigaciones al también equipo especial de la fiscalía que dirige la fiscal superior Marita Barreto. Ellos cuentan con más de una decena de carpetas fiscales abiertas con casos que comprometen al gobierno de Pedro Castillo.

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