La conexión de azuzadores de las protestas con los consejos descentralizados del gobierno de Pedro Castillo

Por lo menos 12 dirigentes de organizaciones de distintas regiones que participaron en los Consejos de Ministros descentralizados del gobierno de Pedro Castillo, destituido tras su golpe de Estado, figuran en un informe del Ministerio del Interior (Mininter) como actores de las movilizaciones. En estas, además de exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, buscan la liberación del exmandatario, recluido en el penal de Barbadillo de forma preventiva.

En los 16 meses de la gestión de Castillo se realizaron 19 Consejos de Ministros descentralizados, entre octubre del 2021 y julio del 2022. Estas sesiones significaron un desembolso de fondos públicos de más de S/1 millón en total, según cifras oficiales difundidas por Centro Liber. Cada reunión implicaba traslados y viáticos para decenas de funcionarios a las zonas donde se desarrollaría la actividad.

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El ahora ex primer ministro Aníbal Torres presentaba estas actividades como una forma de que “el pueblo intervenga en el diseño de políticas públicas […], [pues] comunican personalmente sus necesidades e inquietudes a los titulares de las 19 carteras ministeriales y a sus equipos técnicos”.

Pero en la práctica estas sesiones fueron una plataforma en la que predominó el uso político de Castillo y su entorno, pues se evidenciaba la ausencia de resultados técnicos concretos, se exponían discursos contra los opositores del régimen e incluso se defendía al mandatario en relación con las denuncias en su contra por casos de corrupción.

Un sector del gobierno de Boluarte considera que parte del origen de las violentas protestas, iniciadas al día siguiente de que la actual presidenta asumiera el cargo, está relacionada con las conexiones surgidas o reforzadas mediante los Consejos de Ministros descentralizados, entre organizaciones o gremios de cada región y la administración de Pedro Castillo.

“En el gobierno del expresidente Castillo hubo demasiados Consejos [de Ministros] descentralizados, incluso viajábamos hasta dos veces por semana. […] Era como si estuvieran en campaña electoral”, declaró Boluarte, a inicios de enero, sobre esas actividades, en las que participó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Los nombres

Los representantes de organizaciones que participaron en los Consejos de Ministros descentralizados del gobierno de Castillo, los cuales fueron identificados como promotores de las manifestaciones, son de las regiones Cusco, Junín, Ucayali, Huánuco, Amazonas y Arequipa, según documentos revisados por El Comercio.

En Cusco, donde se desarrollaron dos Consejos de Ministros descentralizados, estuvieron en la actividad oficial Justino Tupayachi, de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco; Walter Torres Orccón, de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco; y Samuel Acero Hurtado, del Comité de Lucha Regional.

También Rómulo Ramos, de la Federación Provincial de Campesinos de La Convención; Leonela Labra, de la Federación Universitaria del Cusco; y Alfredo Cornejo, del colectivo Perú te Quiero por eso te Defiendo.

Sus nombres aparecen en el Informe 000348-2022/IN/VOI/DGOP/DPCS/ETC, del Ministerio del Interior, como actores de las protestas, las cuales se reanudaron el 4 de enero.

En el caso de Walter Torres, quien impulsa las movilizaciones en el Cusco, registra una reunión con Castillo, el 16 de setiembre del 2021, en Palacio de Gobierno. También con el exjefe del Gabinete Aníbal Torres, el 1 de abril del 2022, en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En tanto, Samuel Acero fue uno de los dirigentes de las regiones del sur que el 29 de diciembre acordaron la reanudación de las movilizaciones. Entre los objetivos planteados están “la marcha de los 4 Suyos” en Lima y “la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo por la ilegal detención”.

Justino Tupayachi, el 9 de enero último, firmó y remitió un oficio de la Coordinadora Nacional de Frentes Regionales del Perú en el que se informaba sobre la negativa de esta organización de no participar en el Acuerdo Nacional, en apoyo a los manifestantes.

Asimismo, Rómulo Ramos y Leonela Labra impulsaron las manifestaciones en Cusco. Labra incluso viajó a la capital para participar en la llamada Toma de Lima.

En Junín, el Consejo de Ministros descentralizado se realizó el 7 de abril del 2022. Raúl Ariste estuvo como representante de la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP) y Rogelio López como dirigente del Frente de Defensa de Junín. Ariste tuvo una reunión con el ministro Carlos Palacios (Energía y Minas), el 3 de marzo del 2022.

Los Consejos de Ministros descentralizados en Ucayali, Huánuco, Amazonas y Arequipa se hicieron entre abril y junio del año pasado.

En cada región participaron, respectivamente, Luis Tejada Espinoza, del Frente de Defensa de Ucayali; Lucio Candelario, de la Federación Provincial de Campesinos de Huánuco; José Lozano, del Frente de Defensa del Eje Vial 1 de Amazonas; y Máximo Franco Béquer, del gremio de mineros informales y artesanales de Arequipa.

Objetivo subalterno

Consultado al respecto, el exministro del Interior Rubén Vargas afirmó que existe una “relación directa” entre los Consejos de Ministros descentralizados del gobierno de Castillo y la ola de protestas de los dos últimos meses.

“[Eran actividades proselitistas] que tenían entre sus fines construir un brazo político para esa estructura criminal que Pedro Castillo lideraba”, manifestó vía telefónica a este Diario.

Vargas añadió que “los operadores de la minería ilegal han estado presentes en los días de protesta violenta, especialmente en el ‘secuestro’ de Madre de Dios [...]. Ese sector de la minería ilegal tenía vínculos con Castillo. Los operadores de la minería ilegal están al servicio de un interés político. [...] La minería ilegal es el brazo operativo de la mafia que está al servicio de los antisistemas y de la izquierda radical”.

Datos

• Los dirigentes Marino Flores y Lourdes Huanca, que azuzan las protestas, se reunieron con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y en la cárcel.
• Durante las movilizaciones, turbas atacaron 18 veces los aeropuertos de cinco regiones. Y hubo casi 90 atentados contra sedes policiales, judiciales y fiscales.