Palacio reporta desaparición de grabaciones claves: ¿En qué delitos podrían incurrir los involucrados?

Según documentos a los que accedió El Comercio, se perdieron las imágenes captadas por las cámaras número 26, ubicada en la azotea de Palacio, hacia las avenidas Ancash y Carabaya; la número 3, en el ingreso de la Estación de Desamparados; y 55, en el Salón Dorado de Palacio, justo cuando el Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder y la policía intentaron ubicar a Paredes para que cumpla con una orden de detención preliminar por 10 días.

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Los abogados penalistas Luis Lamas Puccio, Carlos Caro Coria y Andy Carrión coincidieron en que hay sospechas suficientes para que el Ministerio Público abra una investigación por este caso. Añadieron que se estaría frente a diversos delitos como obstrucción de la justicia, encubrimiento personal, encubrimiento real y destrucción de pruebas.

Las circunstancias

El penalista Andy Carrión resaltó que la desaparición de las grabaciones se suman a otros hechos que sustentan el inicio de una investigación.

Primero, el día de la diligencia en Palacio, el pasado 9 de agosto, los representantes de la fiscalía y los efectivos de la policía fueron impedidos de ingresar rápidamente a la residencia presidencial. Aquella vez, estuvieron más de una hora esperando autorización para acceder.

El Comercio reveló que el jefe de la Casa Militar, José Mariscal Quiroz, recibió la orden del presidente Castillo de no dejar pasar al equipo especial del Ministerio Público y el de la PNP.

Otro hecho a considerar -apuntó Carrión - es que el reporte de pérdida de información de las cámaras lo firma Arturo Manuel Mendoza López, quien fue destacado como personal de seguridad del Despacho Presidencial.

Además, antes de la diligencia en Palacio para detener a Paredes, la policía contaba con información de inteligencia que señalaba que ella había llegado a Lima proveniente de Cajamarca en un vuelo de Latam el viernes 5 de agosto, y que luego ingresó a Palacio.

En opinión de Carrión, se debe investigar la presunta comisión del delito de encubrimiento personal, puesto que la desaparición de los videos buscarían encubrir la sustracción de una persona de la persecución pública.

El abogado penalista añadió que también podrían configurarse los delitos de obstrucción a la justicia y sustracción, cambio o destrucción de pruebas.

"La Corte Suprema ha sostenido que para abrir una investigación basta una sospecha inicial simple. Y hay que analizar el marco en el que se da la desaparición de los videos y tomar en cuenta elementos adicionales."

Andy Carrión , abogado penalista

Las diligencias

El penalista Carlos Caro agregó que es necesario hacer una pericia informática para establecer si se borraron las grabaciones. De comprobarse, “tendríamos varios delitos sobre la mesa: el que sanciona la destrucción de información, el de obstrucción a la justicia y el encubrimiento real”, apuntó.

La pericia estaría a cargo de especialistas de la propia fiscalía.

Caro señaló que lo principal es determinar si hubo destrucción de información, y en base a ello, el Ministerio Público podría empezar a recoger las declaraciones de los involucrados.

“Si efectivamente la falla viene de las cámaras, en ese caso estaríamos ante un supuesto de negligencia, porque hay una seguridad mínima que mantener en el recinto más importante del Poder Ejecutivo, como es Palacio de Gobierno. Esta segunda posibilidad es bastante baja. Lo más probable es que se haya destruido una prueba”, dijo.

¿Nueva investigación contra el presidente?

El penalista Luis Lamas Puccio señaló que el caso involucraría al presidente Castillo, quien ya enfrenta seis investigaciones fiscales por diversos delitos, como organización criminal y tráfico de influencias.

“En la casa de Palacio de Gobierno quien manda y decide es el presidente. Dada la coyuntura, por supuesto que Castillo debe haber estado al tanto de lo que sucedió”,

Luis Lamas Puccio , abogado penalista

Lamas Puccio añadió que el jefe de la Casa Militar, José Mariscal Quiroz, debe rendir cuentas y poner a disposición de la fiscalía los sistemas de videovigilancia.

En tanto, Carrión apuntó que el presidente y la primera dama, Lilia Paredes, estarían exentos del delito de encubrimiento personal, pero sí podrían se investigados por presunta obstrucción a la justicia.

“El caso implicaría una nueva carpeta contra Castillo, pero habría que ser cautelosos porque al abrir la investigación, la Fiscalía de la Nación tendría que sustentar cuál es el grado de conexión con el presidente. El solo hecho de que se encuentre en Palacio no significa que deba ser directamente investigado”, dijo.

Carrión añadió que primero ameritaría una investigación “contra quienes resulten responsables”, que estaría a cargo de una fiscalía provincial o del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.

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Si en el transcurso de la investigación se encuentra algún grado de conexión con el presidente, se enviaría un informe a la Fiscalía de la Nación para que abra otra carpeta contra el jefe del Estado.

Castillo ya enfrenta una investigación por presunto encubrimiento real, basado en declaraciones del ex ministro del Interior Mariano González y del colaborador eficaz Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial.

Según González, antes de ser destituido como ministro, el presidente le cuestionó haber aprobado la creación de un equipo especial de la policía que apoya a la fiscalía en las investigaciones contra Juan Silva, ex titular del MTC; Fray Vásquez, sobrino de Castillo, y otros.

En tanto, Pacheco aseguró que su fuga fue coordinada por Castillo y el subsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho.