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El expresidente Pedro Castillo se negó a ser interrogado por el Ministerio Público como parte de la investigación que se le sigue por presuntos actos ilícitos en los proyectos avalados por el Fondo MiVivienda, adscrito al Ministerio de Vivienda y Construcción; y el caso de la empresaria Sada Goray.
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Se trata de la tercera vez que el expresidente es convocado para que declare por la recepción de dinero proveniente de Sada Goray Chong y la empresa Marka Group, entre otros hechos.
Según fuentes de El Comercio, representantes de la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría General de la República (PGE) se trasladaron este miércoles hasta el Penal de Barbadillo, donde Pedro Castillo cumple prisión preventiva, a fin de concretar la diligencia.
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Sin embargo, durante la sesión, el investigado exmandatario se acogió a su derecho de guardar silencio, cuestionando la participación de los representantes de la Unidad Funcional que sigue casos contra altos funcionarios de la PGE.
No obstante, su cuestionamiento contra los defensores del Estado fue rechazado por el representante del Ministerio Público, al señalar que la participación de los procuradores ya fue admitida por el Poder Judicial.
Ante ello, Castillo Terrones -quien estuvo acompañado por su abogado Eduardo Pachas- decidió no declarar.
Esta es la tercera oportunidad que Castillo Terrones no acepta ser interrogado. La primera vez, indicaron las fuentes, alegó que no estaba siendo asistido por su defensa y la segunda argumentó que no se sentía cómodo con el abogado que lo acompañaba (que no era Eduardo Pachas).
Pachas: "Dijo que no conoce a Sada Goray"
Este Diario se comunicó con el abogado Eduardo Pachas, defensa legal de Castillo Terrones, quien confirmó haber participado en la diligencia. Sin embargo, aseguró que el expresidente fue “puntual” ante los fiscales al decir que es inocente y que no ha liderado ninguna organización criminal; luego de ello, guardó silencio.
“Ha dicho que no conoce a la señora Sada Goray, nunca en su vida la ha visto. Al señor Mauricio Fernandini, nunca ha tenido relación; ni ha pedido ningún tipo de dinero a nadie; y por lo demás ha guardado silencio”, afirmó.
Aseguró que su patrocinado colaborará con las investigaciones las veces que sea citado por el Ministerio Público.
Según las pesquisas del caso, el expresidente Castillo habría constituido, promovido, controlado y dirigido una estructura criminal instrumentalizando los poderes del Estado, como el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción y sus entidades adscritas como el Fondo MiVivienda y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, así como la Superintendencia Nacional de Registros Públicos-SUNARP, del Ministerio de Justicia.
Para ello, junto a otros coinvestigados como el exministro Geiner Alvarado y su entonces jefe de gabinete de asesores, Salatiel Marrufo, habrían incorporando a dichas instituciones un gran número de integrantes para que sean estratégicamente funcionales a los objetivos de la organización delictiva.
Como se recuerda, Sada Goray Chong buscó que el periodista Mauricio Fernandini logre contactarse con funcionarios del gobierno de Pedro Castillo y el exministro Alvarado habría respondido a los intereses de la empresaria a través de su entonces asesor Salatiel Marrufo.
Fue a través de Alvarado y Marrufo que la empresaria habría entregado más de S/4,5 millones, que habrían sido repartidos entre el expresidente y terceros según aspirantes a colaboradores eficaces que han declarado en la investigación.
Por ejemplo, el aspirante a colaborador eficaz con clave N° 13-2022, señaló que del 15 de septiembre del 2021 hasta el mes de julio del 2022, la organización criminal que lideraría Castillo Terrones habría empezado a recibir los pagos de Sada Goray Chong -a través de Alvarado y Marrufo- para beneficio propio, solventar marchas, y otras acciones ilegales.
A cambio, Goray Chong, Marka Group SAC y sus empresas subsidiarias se beneficiarían en los proyectos tramitados en el Fondo MiVivienda, en la SBN y en la Sunarp.
Sada Goray y Mauricio Fernandini permanecerán detenidos hasta que se resuelva el pedido de prisión preventiva.
