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El presidente Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, aún son investigados por el presunto delito de “plagio agravado” en la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba (Cajamarca) que tiene en curso las diligencias para esclarecer el presunto plagio de su tesis que presentaron ante la Universidad César Vallejo (UCV) para obtener una maestría en Psicología Educativa, según documentos obtenidos por El Comercio.
La tesis “La Equidad de Género y los Aprendizajes Significativos del Área de Personal Social en los Estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa Nº 10465-Puña-Tacabamba-Chota”, sometida al software Turnitin, habría registrado que el 54% del documento sería copia de otros autores.
Además, se reveló que no existía registros de identificación en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de los tres especialistas que revisaron su trabajo de investigación.
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Posteriormente, luego de conocerse el hecho, un informe elaborado por la UCV reveló que la tesis presentada por Castillo y Paredes registraba el 86% de “similitudes con exclusiones” y 96% “sin exclusiones” -con el trabajo de otros autores- en las 27 páginas referidas al marco teórico del trabajo académico. Esto, pese a que la misma casa de estudios le otorgó el grado de originalidad al aceptarlo como sustento para que ambos obtengan su maestría.
La investigación
Fue así que en mayo del 2022, la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba dispuso, de oficio, abrir investigación preliminar contra Castillo y Paredes por los presuntos delitos contra los derechos intelectuales, derechos de autor y conexos, en su figura de “plagio agravado” y contra la fe pública, en su modalidad de “falsedad genérica”, previstos en los artículos 220 y 438 del Código Penal, respetivamente.
Ambos delitos en agravio del el Estado-Ministerio de Educación representado por la Superintencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), la Universidad Privada César Vallejo y otros que resulten agraviados.
Además se dispuso remitir copia de la carpeta a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca para que investigue a la pareja presidencial por la presunta comisión de delito de “cobro indebido” en agravio del Estado. Esto, puesto que los investigados habrían solicitado ante la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota mejoras salariales debido a su actividad docente por el grado obtenido a través de la tesis de maestría.
Primer archivo
En julio, la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, dispuso no formalizar la investigación preparatoria contra Pedro Castillo Terrones y Lilia Paredes Navarro, por los presuntos delitos de “plagio agravado” y “falsedad genérica”, por lo que ordenó el archivo del caso.
Sin embargo, contra dicho archivo, la Procuraduría de la SUNEDU interpuso un recurso de queja de derecho y el caso se elevó ante la Fiscalía Superior para que revise y evalúe la decisión del fiscal de primera instancia.
Un mes después, en agosto, la Fiscalía Superior le dio la razón en parte a la SUNEDU y declaró fundada su queja ordenando que la investigación por el presunto delito de “plagio agravado” continúe su curso puesto que, consideró, se trata de un delito permanente que no ha prescrito. Además, ordenó que el fiscal realice diligencias que había omitido practicar.
No obstante, la Fiscalía Superior sí confirmó el archivo del delito de “falsedad genérica” al considerar que operó la prescripción.
¿Qué se archivó recientemente?
Mientras en la Fiscalía Mixta de Tacabamba la investigación continuaba, en la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca, la situación fue distinta.
En setiembre, la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca dispuso no formalizar investigación preparatoria contra la pareja presidencial por el presunto delito de “cobro indebido”.
Debido a que dicha decisión no fue apelada por la Procuraduría Anticorrupción, el archivo quedó consentido en octubre.
El caso fue devuelto a la Fiscalía Mixta de Tacabamba que dispuso abrir investigación por falsedad genérica, pero al percatarse que este delito ya había sido archivado en agosto por la Fiscalía Superior -y sobre la cual ya no se puede apelar- emitió un nuevo pronunciamiento el 10 de noviembre último archivándolo.
En conclusión, la investigación por la presunta comisión de delito de “plagio agravado” en perjuicio de la SUNEDU-Ministerio de Educación no ha concluido y sigue en trámite.
Fuentes vinculadas al caso han indicado a este Diario que, recientemente, los investigados Castillo Terrones y Paredes Navarro, remitieron su declaración escrita, sin responder las preguntas formuladas por la Fiscalía, limitándose a señalar que no se consideran responsables del delito que se les atribuye.
Además, está pendiente que el Fiscal de Tacabamba programe diligencia de visualización de los videos de los reportajes que se han presentado por parte de la entidad agraviada como medios de prueba que sustentan el delito de plagio agravado.
Este Diario buscó la versión del abogado Benji Espinoza, defensa legal de Castillo Terrones y Paredes Navarro, pero no respondió.
