Sobrinos de Pedro Castillo y Bruno Pacheco prófugos: ¿Cómo se explica que no hayan sido detenidos durante operativo?

Solo seis de los once implicados en el Caso Puente Tarata y las supuestas irregularidades en Provías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cumplen - hasta el momento - con la orden de detención preliminar dictada por el juez Hugo Chuyo a pedido de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro. Peor aún, apenas tres fueron capturados durante el operativo del lunes y otros 3 se entregaron este martes.

Sin embargo, cinco investigados se encuentran prófugos, entre ellos los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo y el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco.

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Durante el operativo del lunes fueron detenidos los empresarios Zamir Villaverde y George Pasapera y al exfuncionario de Provías Descentralizado Víctor Valdivia Malpartida.

El martes por la mañana se pusieron a disposición de las autoridades Héctor Pasapera López y Víctor San Miguel Velásquez, representantes del Consorcio Puente Tarata III; y Luis Carlos Pasapera Adrianzen, miembro de la Empresa Grupo ARCOSE.

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¿Cómo se explica esta situación? El Comercio conversó con los exministros del Interior, Carlos Basombrío y Remigio Hernani, así como con Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía, el ex fiscal supremo Víctor Cubas y el penalista Andy Carrión.

En diálogo con este Diario, Basombrío y Hernani responsabilizan a la fiscalía, aunque no descartan filtración de información por parte de la policía o el juzgado.

“El fiscal debe verificar que no haya ningún tipo de filtración ni en la policía ni en la misma fiscalía …Cuando se trabaja en forma seria no ocurre la filtración”, declara Hernani.

“Lamentablemente ha ocurrido esto porque se trata de Perú Libre, el partido de gobierno. Sabe Dios cómo estarán trabajando los fiscales, con esta fiscalía que tenemos no hay seriedad”, apunta además el exministro.

Carlos Basombrío compara esta situación con lo ocurrido en el mes de octubre de 2021 con Los Dinámicos del Centro. Desde esa fecha, cinco de los integrantes de la presunta organización criminal, sobre quienes pesa una orden de captura, se encuentran prófugos de la justicia.

“(Estas personas) vinculadas a Perú Libre fueron advertidas con anticipación por las autoridades, de la fiscalía o de la policía, y eso ha permitido que se puedan fugar. En este caso jamás fueron capturados. Hay sospechas de que huyeron a Bolivia”, asevera el extitular de Interior.

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Asegura que su calidad de ministro fue testigo de la “rigurosidad” de las acciones que se toman para que no se filtre la información sobre las detenciones y allanamientos. “Sin embargo, esta (rigurosidad) parece haber desaparecido para beneficio de personas vinculadas al poder”, subraya.

En opinión del exministro, la responsabilidad esta situación “anómala” recaería en la fiscalía anticorrupción, pero “no descarta” que haya existido una fuga de información por parte de la policía.

Para Basombrío, el hecho de que Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente hayan optado por no presentarse y se mantengan en esa posición en los próximos días, “en la práctica es un reconocimiento de culpa más que evidente”.

El pasado viernes, el extitular de Interior expresó en Twitter su preocupación por la designación del controversial coronel PNP (r) Martín Gonzales Sánchez como jefe de la Dirección General de Inteligencia del Mininter (Digimin).

A su criterio, es “creíble” que el retorno de Gonzales a la Digimin responda a la necesidad de “impedir investigaciones contra el Gobierno, en particular contra (Bruno) Pacheco”.

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Eduardo Pérez Rocha: “Esto es preocupante”

Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía, opina: “No sé si es falta de coordinación entre fiscalía y personal de la PNP. Ya estamos viendo que de forma reiterada se dan las disposiciones y resulta que desaparecen las personas que deben ser intervenidas. Esto es preocupante, lo mismo pasó con los de Junín, que han desaparecido. Ni siquiera con órdenes de captura se sabe algo de ellos”.

Pérez Rocha califica de “peligrosa esta situación”. Agrega que le llama la atención “que justo cuando hay problemas del partido de Gobierno se den estas desapariciones”.

“Se supone que el titular de la acción penal es el fiscal, quien debe coordinar con el juez para que se dicten estas órdenes de detención. No quiero determinar y decir que solamente es la fiscalía, también podría ser personal judicial”, dice también.

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Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión manifiesta que “si hay que buscar un responsable, sería en primer lugar el Ministerio Público”.

Sin embargo, indica que “no se trata solo de responsabilizar a la fiscalía porque la fuga (de información) puede salir de algún elemento judicial”. “A nivel policial puede haber una filtración porque a nivel operativo tienen que comunicarse y también cabe la posibilidad mayor”, añade.

Carrión explica que es responsabilidad del fiscal “construir” todo el contexto adecuado para evitar la fuga de los involucrados durante un operativo y que este caso tiene como precedente lo que ocurrió en octubre pasado con Los Dinámicos del Centro.

Para el penalista es “probable” que la estrategia de la fiscalía sea presionar a uno de los detenidos para que acceda a ser colaborador eficaz.

El ex fiscal supremo Víctor Cubas Villanueva señala en diálogo con El Comercio que “la primera entidad responsable” sería la fiscalía porque “al estar a cargo de la investigación debe tener el suficiente cuidado para que la información, que en estos casos es secreta, no se filtre”.

Sin embargo, dice Cubas, “no solo la fiscalía maneja este tipo de información, también lo hacen la policía y el juzgado, de cualquiera de esas instituciones se pudo producir el filtro” que ocasionó la fuga de los implicados en el Caso Puente Tarata.

Otro detalle a tener en cuenta, según el ex fiscal supremo, es que- en este caso- “el pedido de prisión preliminar era evidente”, de tal manera que “estas personas no se quedaron tranquilas y se pusieron a buen recaudo”.

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Cuando se inicia una investigación, explica Cubas, lo primero que se hacen son las diligencias preliminares, durante ellas se trata de determinar la posibilidad de que se haya cometido un delito.

“La medida restrictiva que puede aplicarse en esa etapa es la detención preliminar o el impedimento de salida del país. La detención preliminar debe durar un máximo de 10 días, así lo expresa el Código Procesal Penal, y la pide el fiscal al juez de investigación preparatoria en secreto. Éste a su vez, por el mérito de la información que le remiten, emite la resolución declarando procedente o no la medida. Se supone que el trámite es secreto. La persona afectada por la medida solo se va a enterar cuando esta se esté ejecutando”, añade.

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El rol de los sobrinos y Pacheco

Los sobrinos del presidente Pedro Castillo han sido implicados en el caso de la presunta red que dirigiría obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esto a partir de la declaración de Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, y de la inclusión de al menos uno de ellos, Fray Vásquez Castillo, como investigado por lavado de activos.

En diálogo con Cuarto Poder, César Nakazaki, abogado de la empresaria aseveró que los sobrinos del presidente Pedro Castillo eran “la llave” que daba acceso al jefe de Estado y que cualquier persona que quería acercarse al mandatario debía coordinar primero con ellos.

“Ella [Karelim López] refiere que Samir Villaverde detecta este punto débil de la familia- por llamarlo de alguna manera - y les entrega las camionetas que varios medios de comunicación han señalado”, agregó.

De todos los familiares del presidente Castillo es su sobrino Fray Vasquez Castillo, quien tiene la situación más complicada. No solo la Fiscalía le ha abierto un proceso por presunto lavado de activos. La Comisión de Fiscalización lo pasó a calidad de investigado y pedirá en los próximos días impedimento de salida del país.

En tanto, el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco es investigado en la fiscalía anticorrupción junto a Karelim López por el presunto delito de tráfico de influencias en Provías-MTC. Por este caso, se le dictó 8 meses de impedimento de salida del país desde diciembre del 2021.

También se le investiga por presunto lavado de activos. Sobre este caso, el exsecretario general del Despacho Presidencial no ha asistido a las dos citaciones para que declare como investigado que le ha hecho la fiscal Luz Taquire.

A Pacheco también se le investiga en la fiscalía anticorrupción por el Caso Sunat, donde tiene 8 meses de impedimento de salida del país desde diciembre del 2021. Además, en la Fiscalía de la Nación es investigado por los casos de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía, y por presunto enriquecimiento ilícito.

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