César Villanueva pide que cesen las “amenazas”

Por Diego Chirinos / Mario Mejía

La eventual convocatoria de la Comisión de Fiscalización del Congreso al presidente Martín Vizcarra encontró ayer eco en el más alto nivel del Ejecutivo. El primer ministro César Villanueva describió tal posibilidad en dos palabras: inoportuna e impertinente.

“Esa suerte de amenazas no pueden concretarse cuando debe primar la sensatez. El presidente no puede ni debe ir a una comisión de esa naturaleza por un proceso que se investigó escrupulosamente y fue archivado”, remarcó el titular de la PCM en diálogo con El Comercio.

El titular de la mencionada comisión parlamentaria, el congresista de Fuerza Popular Luis López, indicó esta semana que el jefe del Estado podría ser llamado para declarar por el caso de Chinchero, escándalo que estalló cuando Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

—Archivo e inmunidad—
La alusión de Villanueva está vinculada a la investigación que inició la fiscalía, en el 2017, contra el hoy mandatario. En marzo de este año –días antes del relevo presidencial–, el Ministerio Público decidió archivar la investigación a Vizcarra por la suscripción de la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero.

“Por eso, resulta inaceptable la amenaza. Una citación de este tipo generaría desconfianza e inestabilidad. El presidente no tiene ningún temor a ser investigado de arriba abajo, pero en el marco de la ley. Si hay una insistencia sobre eso, calificará sin duda como una persecución política”, agregó el jefe de la PCM.

La reciente apertura de una pesquisa fiscal por el Caso Chinchero contra el ex ministro Alfredo Thorne y “quienes resulten responsables” también es vista desde el Ejecutivo como parte de un ensañamiento. Así lo comentó, en días previos, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

El malestar del gobierno, sin embargo, no solo se circunscribe al momento, sino también a las formas. “El Congreso tiene derecho a hacer las investigaciones que considere, pero deben acordarse de que el presidente tiene inmunidad mientras gobierna. Una vez que termine, pueden proceder con lo que quieran. Las investigaciones deben hacerse con las garantías pertinentes”, enfatizó el jefe del Gabinete.

La inmunidad aludida está vinculada con el artículo 117 de la Constitución, el cual señala que el presidente solo puede ser acusado bajo su mandato por cuatro causales específicas. Dicho argumento también fue empleado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski ante el llamado de la Comisión Lava Jato.

Para Villanueva, omitir aquella protección e insistir con la eventual citación a Vizcarra “no afectaría al presidente, sino al país”.

—Opiniones divididas—
La decisión de la Comisión de Fiscalización, por ahora, es incierta. Las bancadas todavía no adoptan una postura pública al respecto.

En ese contexto, la vocera alterna de Fuerza Popular, Karina Beteta, consideró ayer que las declaraciones acerca de que hay una “persecución política” a Vizcarra son “la peor defensa” del Ejecutivo.

“La mejor forma de poder demostrar transparencia es ir a una comisión por voluntad propia”, sostuvo, a título personal, en diálogo con El Comercio.

Pero parlamentarios de Acción Popular, Frente Amplio y Nuevo Perú sí observan una intencionalidad del fujimorismo. Ello a raíz del momento en el cual se plantea la potencial citación a Vizcarra.

“Una cosa es la necesidad de que se investigue a todos los implicados en el Caso Chinchero, incluido al presidente, y otra cosa es la intencionalidad política de citarlo en esta coyuntura”, argumentó el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, Hernando Cevallos (Frente Amplio).

Por lo pronto, el Ejecutivo ya cerró filas ante una controversia que se perfila como un potencial nuevo capítulo en las disputas con la oposición.