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En claves: la denuncia a Telefónica por información requerida por la fiscalía

La analista Silvana Castagnola hizo público que la empresa habría negado información sobre el Caso Keiko Fujimori que sí tenía a su alcance

José Domingo Pérez

Este lunes, José Domingo Pérez encabezó una diligencia en la sede de Telefónica ubicada en La Victoria. (Foto: Francisco Neyra)

Silvana Castagnola, analista de respuestas gubernamentales de Telefónica, ha acusado que la compañía donde trabaja ha negado información solicitada por la fiscalía pese a tenerla al alcance.

Una de estas oportunidades, precisamente, obedecería al caso referido a la investigación que realiza el fiscal José Domingo Pérez a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos.

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1. La acusación de Castagnola
Silvana Castagnola decidió hacer pública una denuncia contra Telefónica, empresa en la que tiene la tarea de facilitar los registros de llamadas que solicitan las autoridades judiciales para diferentes investigaciones.

Según comentó el último domingo al programa "Punto Final", en abril del 2018 debió atender a una solicitud de información del caso referido a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre datos de llamadas que se remontan a más de tres años atrás.

Sin embargo, aseguró que la empresa le pidió responder que no hay información de tráfico de llamadas para el período requerido sin siquiera haber hecho la búsqueda de información, pues acusa que se habría usado como pretexto el artículo 16 de la Ley N°27336, norma que obliga a las entidades supervisadas a conservar por un período de al menos tres años los registros fuentes del detalle de las llamadas y facturación de los servicios que explota.

“[En mi respuesta] me limité a colocar el párrafo que me obliga la empresa a poner, que si el período supera los tres años ‘no tenemos la información’. Pero no se buscó”, dijo Castagnola al programa de televisión sobre la solicitud de Pérez.

Tras ello, debió atender un requerimiento del fiscal Renzo Huamán, quien en el marco de una investigación de un caso civil pidió un registro de llamadas del 2015.

Castagnola relató que nuevamente se contestó que, como la información superaba los tres años de antigüedad, no se encontraba disponible. No obstante, la analista formuló la búsqueda habitual y descubrió que la información sí estaba en los servidores de la empresa.

En noviembre del 2018, cuando me toca el caso del fiscal Huamán, yo le digo a mi jefe Aarón Cisneros que quiero enviar información completa a la fiscalía porque le ha encontrado completa, el tráfico de llamadas, y él me voltea su computadora y me dice: 'mira, a este fiscal [José Domingo Pérez], le acabamos de negar información, le acabamos de decir que no tenemos información superior a los tres años y no podemos decir ahora que sí la tenemos'", precisó.

Luego, según Silvana Castagnola, su jefe la obligó a borrar la información requerida por el fiscal Huamán. Ante este incidente, formuló el 26 de noviembre del 2018 una denuncia por coacción en una comisaría de La Victoria.

Al no elevarse la denuncia a la fiscalía, la analista decidió acudir personalmente a la sede del Ministerio Público el 5 de diciembre del 2018 para denunciar los incidentes por los presuntos delitos de alteración, supresión y/o destrucción de datos registrada en base de datos, coacción y encubrimiento real.

2. La posición de Telefónica 
Renzo Habich, jefe del área penal de Telefónica, desestimó la denuncia formulada por Silvana Castagnola e indicó que la empresa atiende los requerimientos de información en base a los lineamientos de la norma administrativa que regula al sector para todos los operadores de telecomunicaciones.

Según comentó, Telefónica trabajaba con un sistema de registro denominado Paris, pero que, paulatinamente, a finales del 2018 se fue implementando el sistema que usa desde el 1 de enero del 2019, llamado Antarqui, que sí permitiría revisar información del año 2015.

“Como estaba en fase de prueba un nuevo sistema, llamado Antarqui, Silvana encontró la información [requerida por el fiscal Huamán]. Antarqui nos permite ir más allá de los tres años, eso es precisamente lo que estamos haciendo”, indicó el jefe del área penal de Telefónica a "Punto Final".

Además, el lunes por la mañana, Telefónica emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que sostuvo que, solo en el 2018, atendió más de trece mil solicitudes de registro de llamadas sustentadas en mandatos judiciales, "en estricto cumplimiento del marco normativo vigente".

“De acuerdo a ley, Telefónica custodia y garantiza la idoneidad de la información requerida por un período de tres años, pues ese es el registro que se ha venido entregando hasta el momento, en tanto respecto del mismo la compañía puede garantizar la veracidad e idoneidad de la información”, señaló la empresa.

3. Diligencia fiscal
El lunes por la tarde, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, encabezó una diligencia de exhibición de documentos en el local central de Telefónica, en La Victoria, con la finalidad de verificar la información que le había entregado la empresa de telecomunicaciones a través de la revisión de los equipos ubicados en este edificio.

“El día de hoy ha habido toda la facilidad de parte de la empresa, ha manifestado los descargos correspondientes respecto a la solicitud, nos han indicado los motivos correspondientes al pedido de la investigación que estoy llevando a cabo. Sin embargo, tenemos que contrastar la información que nos han dado”, dijo a la prensa.

Para esto, Pérez acudió acompañado de personal policial técnico y un grupo de representantes de su institución. Poco después, el fiscal señaló que -de momento- no se sabe si cabe el inicio de una indagación contra Telefónica por supuestamente haber negado información útil para su investigación.

4. La palabra de Osiptel
A través de un comunicado a la opinión pública, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) se pronunció ayer en torno al caso.

En un primer momento, el ente regulador remarcó que la obligación de las empresas de telecomunicaciones de resguardar información de registro de llamadas por un período de al menos tres años está establecida por ley, y no por alguna disposición emitida por el organismo.

En ese sentido, mencionó que no existe alguna norma aprobada por Osiptel, así como tampoco disposiciones particulares en el marco de los procedimientos administrativos bajo su potestad, "que regule o haya autorizado la eliminación de información que posean las empresas operadoras".

Finalmente, el ente regulador rechazó todas las afirmaciones que le atribuyen algún tipo de responsabilidad o involucramiento en los hechos reportados por Silvana Castagnola.

5. Abogados fijan estrategias
Los defensores legales de los implicados no han tardado en definir sus posiciones.

En diálogo con El Comercio, José Ugaz, abogado externo de Telefónica, reiteró que las empresas de telecomunicaciones tienen la obligación de mantener los registros de llamadas disponibles hasta por tres años de antigüedad.

Luego de pasado dicho tiempo, el letrado sostiene que, de acuerdo al sistema que maneja la empresa, “la información pasa a unas cintas que después son enviadas a un almacén en Lurín”.

“Por lo tanto, cuando se solicita información superior a los cuatro años, tendría que hacerse un procedimiento especial para sacar la información del almacén, procesarla nuevamente de manera digital y pasar a verificar que lo que contiene es exacto o no es exacto”, sostuvo.

En otro momento, agregó que hay documentos que la empresa va a exhibir pronto para dejar dejando constancia "lo que con anticipación se ha venido explicando a los fiscales" sobre la transición de una tecnología (Paris) a otra (Antarqui).

Por el lado de Silvana Castagnola, se pudo conocer que los ex procuradores Ronald Gamarra y Julio Arbizu tomaron conocimiento de la causa y defenderán legalmente a la analista.

Precisamente Gamarra empleó su cuenta de Twitter para cuestionar que su patrocinada haya efectuado dos denuncias, la última de ellas el 5 de diciembre de 2018, y que, a más de 45 días de los sucesos, la Décima Segunda Fiscalía Penal aún no la haya citado a declarar.

Ante este hecho, el abogado anunció que han solicitado que se fije fecha y hora para la ratificación de la denuncia.

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