Si bien el pleno del Congreso se encuentra de vacaciones hasta marzo, la Comisión Permanente continuará aprobando leyes durante este verano, y su primera sesión del 2025 ya tiene fecha: el martes 7 de enero. Entre los 46 puntos de la agenda, este Diario identificó los 10 prioritarios entre las principales bancadas.
Uno de los debates más importantes está referido a la nueva ley agraria, una fórmula a la que arribó la Comisión Agraria, que preside el congresista Eduardo Castillo (Fuerza Popular), tras cuatro mesas técnicas con entidades y el sector privado. El texto promueve la asociatividad a través de la formalización de pequeños productores y prohíbe la expropiación salvo la sustentación de necesidad pública declarada con indemnización justa.
Esta iniciativa es multipartidaria, pero impulsada principalmente desde Fuerza Popular. El vocero de la bancada fujimorista, Arturo Alegría, indicó que siguen definiendo prioridades, pero destacó que tienen como pendiente la fórmula sobre el “arrendamiento justo”.
Esta propuesta fue debatida en el pleno, en octubre del 2024, pero quedó en cuarto intermedio tras rechazarse una cuestión previa para que retorne a comisión. La iniciativa plantea que el impuesto a la renta por arrendamiento de inmuebles se genere y sea exigible solo en el momento en que el alquiler es cobrado o percibido por el arrendador.
Existen otros temas que generan más expectativas porque solo esperan la ratificación de la segunda votación. El primero tiene que ver con las modificaciones para el régimen especial en el Centro Histórico de Lima. Un sector de comerciantes ha anunciado protestas, pero la Municipalidad de Lima ha respaldado la norma y ha aclarado que esta “no contiene ningún artículo que indique la expropiación de locales”.
Otra iniciativa que aguarda por su segunda votación es la restitución del financiamiento de empresas a partidos políticos. La única resistencia es sobre el apartado donde se dispone que el financiamiento público se utilizará para los abogados de las agrupaciones políticas.
Entre los 10 puntos prioritarios también se encuentran iniciativas que han levantado polémica y tienen posturas divididas entre las bancadas. Uno de estos es la fórmula de la Comisión de Relaciones Exteriores que plantea cambios en la regulación de los fondos de las ONG.
Otra propuesta polémica está referida a la nueva regulación a los taxis por aplicativo. Esta fórmula fue observada por el Poder Ejecutivo, y la nueva propuesta del Congreso continúa teniendo reparos, pues según alertó la empresa Uber, sus cambios “elevarían los costos de la movilidad en el día a día de usuarios y socios conductores”.
—Fuera de agenda—
Este Diario también conversó con distintas bancadas para conocer los proyectos que, pese a no estar aún en la agenda, buscarán aprobar durante este verano.
Héctor Valer, vocero de Somos Perú, refirió que buscarán priorizar una iniciativa de la izquierda que propone restablecer la “autonomía” de Essalud, así como la nueva ley del notariado.
En esa misma línea, Wilson Soto, portavoz de Acción Popular, sostuvo que buscarán impulsar el debate para modificar el cálculo de reparto de utilidades a los trabajadores, así como la iniciativa para que las mypes puedan acceder al mercado de electricidad.
Otras bancadas como Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre y el Bloque Magisterial indicaron que aún estaban evaluado sus prioridades.
El próximo 14 de enero vence el plazo para que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronuncie respecto a la autógrafa de ley que restablece la figura de la detención preliminar. Hoy se cumplen 20 días de silencio del gobierno respecto a la fórmula.
Existen tres caminos para la presidenta Boluarte sobre la autógrafa: 1. Promulgarla; 2. Observarla y devolverla al Congreso; o 3. No emitir ningún pronunciamiento. De darse este último escenario, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quedará habilitado para realizar la promulgación en “El Peruano”.
Existen otras autógrafas pendientes de promulgación cuyo plazo para Boluarte vence en enero. Una de estas es la norma que fija los parámetros para la elección del nuevo sistema bicameral del Congreso y posibilita las alianzas electorales.
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