Ley anti ONG: ¿De qué trata polémico predictamen y por qué ha despertado cuestionamientos?

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Dicho predictamen reúne una serie de proyectos de ley vinculados a la regulación de las fundaciones, organizaciones, asociaciones e instituciones sin fines de lucro y que reciben fondos de la cooperación internacional.

Entre los argumentos en que se sustentan en todos estos proyectos está una supuesta falta de supervisión rigurosa de los recursos obtenidos por las ONG y sus presuntos intentos por “atentar contra el orden y las buenas costumbres”, desestabilizar al país y violar la soberanía nacional.

Esta iniciativa ha despertado una serie críticas por parte de varias ONG y demás instancias civiles sin fines de lucro, quienes precisan que el verdadero interés sería limitar el derecho de asociación y participación ciudadana a través de estas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, la democracia, la libertad de expresión y las libertades individuales, así como en la promoción de cambios hacia la igualdad, el acceso a salud, educación de calidad, la protección del medio ambiente, entre otros temas.

En esa línea, Transparencia mostró su desacuerdo con dicho proyecto congresal, considerando que significa un grave atentado contra la libertad de organizaciones civiles, empresariales y religiosas. En ese sentido, dijo que lo preocupante es que este “siga el modelo de control político de dictaduras como la de Venezuela, Nicaragua y Rusia”.

A esta ola de descontento se sumó la embajada de Canadá en Perú, que el último martes envió un oficio al legislador Aguinaga para solicitarle una reunión para dialogar sobre algunas observaciones contra este predictamen. De acuerdo con el consulado, la propuesta “genera múltiples preocupaciones por las confusiones que crea en términos sobre cómo operarían los donantes y las organizaciones de la sociedad civil en el Perú”.

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También considera que “afecta a la libertad de asociación” y establece imprecisiones en términos de obligar a disolver organizaciones de este tipo. A esto se suma el hecho de que propiciaría la estigmatización respecto al trabajo y las contribuciones de los actores y donantes de la cooperación internacional. Vale precisar que luego de pasar, si se da el caso, por alguna comisión adicional del Congreso, el citado predictamen pasará al Pleno del Congreso para que sea debatido.

Son 6 los proyectos que reúne este predictamen. A continuación algunos de ellos y lo que proponen:

1. Proyecto de ley N° 7354 (presentado por María Acuña de Alianza para el Progreso): 7354/2023-CR: Busca realizar modificaciones para el manejo de los recursos de la cooperación técnica internacional a través de las sedes descentralizadas del APCI, de la mano con los gobiernos regionales y locales.
2. Proyecto de Ley N° 7367, (presentado por Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular): Busca prohibir que las ONG contraten o suscriban convenios con el Estado. También propone la incorporación del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso en el Consejo Directivo de APCI. Asociaciones señalan que esto último afectaría el principio de separación de poderes, ya que esta agencia es un órgano adscrito al Poder Ejecutivo. Además, opinan que prohibición sería arbitraria y sin justificación.
3. Proyecto de Ley Nº 7140, (presentado por José Cueto de Honor y Democracia): Plantea ampliar las competencias de la APCI para que pueda denunciar organizaciones que no estén inscritas en la agencia. Añade que se debe considerar infracción muy grave utilizar los fondos de la cooperación técnica internacional para financiar o participar en actividades que atenten contra el orden público, el estado de derecho y los procesos electorales, y que vayan en contra de la “paz social”. Organizaciones sostienen que mediante esta iniciativa se pretende restringir actividades en contextos de reclamos, conflictos y movilizaciones sociales.
4. Proyecto de Ley N° 7505, (presentado por Américo Gonza de Perú Libre): Pretende promover el desarrollo del sector agropecuario a través de los fondos no reembolsables de la APCI. Además, propone se incluya a un representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego como un nuevo integrante del Consejo Directivo de la APCI.
5. Proyecto de Ley Nº 6162, (presentado por Segundo Montalvo de Perú Libre): Establece que todas las organizaciones sin fines de lucro estén inscritas en la APCI, y no solo las que reciben fondos del exterior, tal y como es al día de hoy. Además, busca modificar la conformación del Consejo Directivo de la APCI incluyendo al Contralor General de la República o a su representante. Asociaciones señalan que de esta manera se violaría la independencia de la Contraloría frente al Ejecutivo, pues se vería obligada a tomar decisiones colegiadas con representantes de este último ya en el Consejo Directivo.
6. Proyecto de Ley Nº 6252, (presentado por Juan Burgos de Unidad y Diálogo Parlamentario): Propone crear una Intendencia ad hoc para detectar lavado de activos y/o posible financiamiento del terrorismo. Vale precisar que las ONG ya son supervisadas por la APCI, SUNAT y la SBS a través de la UIF (para detección de ambos delitos). También establece que las ONG deberán responder todos los pedidos de información que le hagan los ciudadanos. Asociaciones refieren que más bien este deber corresponde a los organismos públicos.

Asimismo, estas no son las únicas iniciativas legislativas que buscan modificar la legislación sobre la supervisión y fiscalización a las ONG en el Perú. Existen otras que no forman parte de este dictamen y que se encuentran en otras comisiones. Incluso algunas también ya han sido aprobadas:

• Proyecto de ley N° 7818 (presentado por Alejandro Muñante de Renovación Popular): Propone que el Ministerio Público solicite la disolución de las asociaciones, fundaciones y sociedades que atenten contra el “orden público y las buenas costumbres”. Se establece como causal de disolución el recibir financiamiento de entidades, asociaciones u organizaciones público privadas que promocionen, desarrollen o financien actividades consideradas ilícitas en territorio peruano. Por ejemplo, relacionadas a la eutanasia, los derechos del colectivo LGTBIQ+, entre otros.
• Proyecto de Ley N° 7146, (presentado por María Jáuregui de Renovación Popular): Pretende prohibir que las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA) suscriban convenios, reciban recursos o servicios de la cooperación. También les prohíbe que dispongan de sus recursos propios para financiar actividades o contratar a quienes consideren para programas de desarrollo y/o capacitación de las Escuelas de Padres. Con esto, las ONG afirman que buscan prohibir su participación en las instituciones educativas públicas y privadas, sin tomar en cuenta que la cooperación internacional ha sido y es un elemento fundamental en la implementación de escuelas y en el desarrollo del sector educativo.

La última iniciativa fue vista en sesión extraordinaria de la Comisión de Mujer y Familia la semana pasada, donde fue aprobada por unanimidad: 9 votos a favor y 0 en contra. En tanto, entre las razones para impulsar del otro proyecto, el congresista Muñante argumentó que en el Perú vienen operando una serie de ONGs que reciben un millonario financiamiento extranjero sin rendirle cuentas a nadie.

“En muchos de estos casos, se ha detectado que su actividad promueve fines ilícitos como es el aborto indiscriminado y la cultura de la muerte; justifican ideologías violentistas que tanto daño le hacen al país, entre otros casos que atentan contra el orden público”, dijo.

Susana Chávez, directora general de la ONG Promsex (Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos), indicó que el referido predictamen es “totalmente lesivo” para el ejercicio de la sociedad civil y que más allá de las organizaciones no gubernamentales, afecta sobre todo al concepto de la cooperación internacional. Explicó que esta se ha acordado en el mundo para que los países puedan tener una sociedad civil organizada y tener interlocuciones con el Estado.

Algo a tener en cuenta, detalló, es que casi todas las acciones propias de las ONG están enmarcadas en compromisos que el Estado ha suscrito y que muchas veces no los cumple e implementa. “El Perú suscribe muchísimos principios ligados a los derechos humanos. La presidenta y otras autoridades van a conferencias u otros eventos y se comprometen a llevar a cabo acciones. Por lo tanto, atentar contra estas acciones, pretender sobre regularlas, decir cuáles van a existir y cuáles no, y qué temas se deben tocar, creo que es escandaloso”, señaló.

Chávez resaltó el hecho de que en el predictamen aprobado se hable del registro de organizaciones y entidades que desarrollan “activismo político”, argumentando que así buscan modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales en favor de intereses extranjeros privados. Sobre esto, precisó que ese “activismo” que se pretende satanizar ha permitido una mejora legislativa en temas urgentes como el enfrentar la violencia hacia la mujer, entre otros. Sin embargo, negó que sea con fines de satisfacer “intereses particulares”.

“¿Qué intereses privados y extranjeros? ¿Eso cuándo ha existido? Cuando se habla de acciones que buscan modificar la política pública, por supuesto que sí. Hemos tratado de modificar la política pública y por eso hemos logrado introducir leyes y servicios que actualmente el país tiene, a fin de enfrentar la violencia hacia la mujer. ¿Esto dónde se originó? Pues en organizaciones como las nuestras que hicieron incidencia para que el país se alineara a una política que erradicara la violencia”, explicó.

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Adicional a ello, Chávez dijo que las ONG como Promsex han estado muy involucradas en la mejora de la salud sexual y reproductiva, el derecho a la anticoncepción oral de emergencia, entre otras iniciativas con las que ya cuenta el Perú. Añadió que se trata de un trabajo que involucra investigaciones serias, levantamiento de datos, encuestas de opinión.

En ese sentido, consideró que lo que realmente le disgusta o molesta a buena parte de los congresistas es que las organizaciones de la sociedad civil estén recurriendo a los espacios internacionales para denunciar, entre otras acciones, la vulneración de los derechos humanos. Agregó que dicho proyecto en realidad pretende fortalecer el totalitarismo.

“Eso es lo que realmente les está molestando (a los congresistas). Lo que están haciendo ahora es buscar desaparecer a las ONG sin tomar en cuenta que afectan la cooperación técnica internacional, algo muy peligroso para el país. Están demasiado apurados. No han querido escuchar a la cooperación internacional, a la Agencia de Cooperación Internacional del Perú, a las organizaciones de Naciones Unidas, a las embajadas. Los congresistas tienen agendas que organizaciones como las nuestras han neutralizado”, enfatizó Chávez.

Por su parte, el exministro de Educación Ricardo Cuenca, sostuvo que el predictamen en realidad no busca modificar las pautas de manejo en la APCI porque esté funcionando mal, sino que lo que se pretende es tener un control directo respecto de algunas ONGs que trabajan con temas que al Congreso le parecen incómodos.

“Estamos frente a otra expresión de vocación autoritaria y conservadora que tiene el Congreso, el cual utiliza de excusa la modificación de APCI para poder tener una censura directa contra estas ONGs que trabajan temas con los que la mayoría del Congreso no está de acuerdo”, consideró.

Por otro lado, dijo también que se trata de una impericia política, ya que supone entre líneas que la APCI trabaja mal y que por eso necesita ser reformulada. Es decir, que la cooperación internacional no está velando por los intereses del país sino por los propios intereses de los países cooperantes. Con esto, indicó, pone en tela de juicio el trabajo del propio Estado peruano y el de los países de la cooperación internacional.

En lo que respecta a uno de los proyectos agrupados por el predictamen aprobado (N° 7146), que buscan buscan prohibir la participación de las ONG en las instituciones educativas públicas y privadas, señaló que carece de sentido, ya que en el rubro de educación existe una larga tradición de trabajo del sistema educativo con varias ONGs internacionales y nacionales el cual ha dado buenos frutos a lo largo del tiempo.

“Instituciones privadas a las que pertenecen las ONGs colaboran con el Estado peruano para desarrollar algunos de los temas educativos que este último propone. No es que las ONG estén tratando de colocar temas distintos a aquellos que están en el Estado. Por ejemplo, les molesta que las ONG trabajen con derechos humanos o con el enfoque de género, sin embargo, en el currículo nacional ambos aparecen como un aprendizaje transversal”, explicó.

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Agregó que este predictamen es una muestra de que el Congreso busca utilizar atajos para poder colocar una agenda muy conservadora en el campo educativo. Recordó que anteriormente ya se han impulsado leyes como el retiro del lenguaje inclusivo de los textos escolares, la participación de grupos de padres de familia para decidir contenidos de los materiales educativos, entre otras.

“Estas ONG no se inventan el trabajo, sino que van de la mano con el propio Estado, entonces una vez más están cuestionando al Estado. Están buscando algunos atajos para poder bloquear estos contenidos que son del Estado, que son formales y que claramente no pueden desaparecerlos del currículo porque sería, considero, demasiado escandaloso”, sostuvo.