Fuerte rechazo a proyecto de Renovación Popular contra la prensa: la opinión de los gremios y los antecedentes

La congresista Noelia Herrera, con la adhesión de otros integrantes de la bancada de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que busca que la titulación sea obligatoria para ejercer el periodismo en medios de comunicación en el Perú y para “impulsar” la colegiatura. La propuesta ha sido rechazada por distintos gremios nacionales, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras instituciones.

La reacción ha sido prácticamente unánime: la propuesta representa a una amenaza a la libertad y atenta contra principios ya fijados por el propio Congreso y el Tribunal Constitucional que garantizan el libre ejercicio del periodismo y no lo limitan al título o la colegiatura. Incluso hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que respalda esa posición.

El proyecto fue presentado formalmente por la legisladora por el Callao el pasado 8 de febrero, como la ‘Ley de Fomento para la Profesionalización de Periodistas y Comunicadores del Perú’. Actualmente, se encuentra a nivel de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, presidido por su colega Gladys Echaíz, también de Renovación Popular.

LEE TAMBIÉN: Luis Cordero y ‘El Español’: ¿Quién es es quién en la Comisión de Inteligencia del Congreso?

El proyecto dice buscar “promover la incorporación” de periodistas y comunicadores en “sus respectivos colegios profesionales, para elevar el nivel de formación” de quienes trabajan en medios de comunicación.

Para ello, plantea modificar la ley que -en 1980- creó el Colegio de Periodistas del Perú para que pase a llamarse Colegios de Periodistas y Comunicadores, así como la Ley que contempla el libre ejercicio de la actividad periodística (1998), para establecer que “el título profesional es exigible cuando la función de periodista o comunicador social se desarrolla en algún medio de comunicación regulado por la autoridad administrativa”.

También propone darle un plazo de cinco años a los medios de comunicación regulados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para informar sobre la aplicación de esta norma con un “listado del título profesional de periodista o comunicador social de sus trabajadores para el desarrollo de estas profesiones”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), asociación integrada por más de 1,300 medios periodísticos de la región, emitió este lunes una alerta referida a esta iniciativa, al considerar que representa “un retroceso para la libertad de prensa y contraviene la jurisprudencia interamericana”.

“La instauración de estos requisitos podría ser utilizada por los gobiernos para decidir quién puede ser periodista y bloquear a voces críticas, como se hacía en muchos países donde existían entes gubernamentales que regulaban la profesión”, dijo Michael Greenspon, presidente de la SIP.

Carlos Jornet, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que la propuesta contradice el precedente sentado por la Corte DIH en su opinión consultiva OC-5/85, la cual aún está vigente.

Allí, en 1985, el tribunal interamericano manifestó por unanimidad que “la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Jornet comentó que “si bien existen colegios en algunos países, estos suelen ser voluntarios”. Respecto a la obligatoriedad de la titulación, señaló que “existe una aproximación más amplia en cuanto a que una sociedad democrática no debe limitar el ejercicio de la libertad de expresión mediante la exigencia de una licencia”.

Ambos representantes de la SIP remarcaron que el punto 8 de la Declaración de Chapultepec de la SIP indica que “el carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios”.

A nivel local, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) emitió un comunicado en el mismo sentido y pidió al Congreso que archive el proyecto porque atenta “contra los derechos humanos y la democracia”. “La colegiatura puede ser un mecanismo de control para silenciar o limitar la expresión de periodistas incómodos”, indicó el organismo, que hizo eco de la expresado por el presidente de la SIP y de lo establecido por la Corte IDH.

“La aprobación del proyecto de Renovación Popular contravendría la jurisprudencia latinoamericana ¿Cómo un proceso burocrático –obtener una colegiatura– puede mejorar la calidad del periodismo? Este proyecto de ley no es un paso para la profesionalización periodística, como el título del proyecto de ley indica. Más bien es la autorregulación la que eleva los estándares periodísticos”, manifestaron.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) también rechazó la propuesta. “El destino de este proyecto va a ser archivo. No es la primera vez que se presentan iniciativas de esta naturaleza, que contravienen, primero, los estándares interamericanos en relación al ejercicio de la actividad periodística. no se puede comparar la actividad periodística con otras”, dijo a El Comercio Zulaina Lainez, presidenta de la ANP.

Lainez refirió que la Corte IDH ya estableció que “no puede haber ningún tipo de exigencia, ni colegiatura ni título profesional, para el ejercicio como una actividad como la periodística, porque nuestra actividad se basa en un derecho humano fundamental, el derecho a la libertad de expresión. Un proyecto de esta naturaleza atenta contra ello, atenta contra un fallo del Tribunal Constitucional”.

Por otro lado, criticó la forma en que se planteó el proyecto y su fundamentación. “Más bien, lo que creemos es que hay que elevar la calidad ética y técnica de quien formula proyectos de ley”.

“Es un tremendo desconocimiento de la propia actividad periodística el formular algo así. Está demostrado no solo en Perú, revisemos América Latina: darle a una institución la potestad de que pueda habilitar o no a alguien para el ejercicio de una actividad periodística, sea un colegio o una asociación, es restrictivo”, exclamó.

"¿Qué pasaría si hay un régimen que no es precisamente democrático y un colegio de periodistas es cercano a ese régimen? ¿Va a empezar a inhabilitar a periodistas que publican investigaciones referidas al régimen? Eso es insostenible en este país y en la mayoría de América Latina"

Zuliana Lainez , presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP)

Añadió que a nivel mundial, la tendencia es que la profesionalización y la colegiatura del periodismo sean opcionales o voluntarias.

“Esa no debe ser nunca una condición restrictiva a la actividad periodística. Es una actividad hipersensible, cualquier tipo de restricción puede ser atentatoria a la libertad de expresión [...] ¿Qué pasaría en zonas donde no hay universidades que enseñen la carrera? ¿Los medios allí desaparecerían?”, concluyó.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también emitió una alerta el último fin de semana. En un comunicado, citaron a su asesor jurídico, Roberto Pereira, quien advirtió que el proyecto de Renovación Popular es “frontalmente contrario al libre ejercicio del periodismo definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en el pronunciamiento antes citado.

El abogado añadió que “de aprobarse, esa norma coloca al Estado en flagrante situación de contravención a dicho tratado haciéndole incurrir en responsabilidad internacional”. En tanto, el IPYS señaló que “permanece alerta sobre este caso, vigilando que estos proyectos de ley no atenten contra la libertad de prensa”.

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, también fue crítico de la propuesta: “Un primer problema jurídico consiste en la incompatibilidad con los estándares internacionales sobre la libertad de expresión definidos por la Corte Interamericana de DD.HH., que considera que este tipo de requisitos implican restricciones inaceptables al ejercicio de un derecho humano. El segundo problema es político: en un contexto donde las amenazas autoritarias crecen, la sola propuesta de regular arbitrariamente el periodismo enciende todas las alertas”.

“El periodismo está más cerca de la literatura. Una actividad que, salvo el respeto de los derechos de terceros, debe ejercerse con absoluta libertad”, añadió.

La congresista sostiene que la finalidad de su propuesta es “crear un entorno que favorezca la profesionalización de los medios de comunicación con la participación de periodistas y comunicadores titulados, y facilitar la incorporación en sus respectivos colegios profesionales y permitir el auto control de la ética en el desarrollo de sus labores”.

También sostiene que el Estado debe velar y generar las condiciones para poder “vivenciar” derechos como la libertad de expresión e información “mediante una regulación adecuada”.

Con ello, afirma que con la coyuntura del país por “la crisis política y la pérdida de confianza en las instituciones públicas y privada”, se ha demostrado que los medios de comunicación, periodistas y comunicadores “tienen un rol preponderante en el ejercicio de su rol de informar a la población con objetividad, veracidad y observando una conducta ética”. Por ello, su proyecto busca que se “regule el ejercicio” de los derechos de información, expresión y libertad de trabajo con una “ponderación adecuada”.

"Para mejorar los estándares profesionales y de calidad de la información que se propaga en los diferentes medios se debe regular la profesionalización de periodistas y comunicadores del Perú y a su vez la incorporación en sus respectivos colegios profesionales; la presente Ley tiene como objeto el fomento de estas dos necesidades"

Noelia Herrera , congresista por Renovación Popular

Respecto a la necesidad de cambiar el nombre del Colegio de Periodistas, indica que esto es para que “se pueda incorporar a los profesionales egresados de la carrera de Ciencias de la Comunicación, y de esta forma poder hacer el auto control respectivo de su conducta ética — profesional en el desarrollo de sus funciones como parte de un colegio profesional”.

En cuanto a la obligatoriedad de la titulación, la congresista afirma que esto es para “mejorar la calidad de la información”. “Al exigir una formación profesional a las personas que laboran en los medios de comunicación se obtendrá en consecuencia un mejor nivel de preparación y formación deontológica de los mismos”.

La legisladora considera que la normativa vigente, que no establece la obligatoriedad, es desmotivadora para los estudiantes de periodismo y “se convierte en un círculo vicioso que tiene como consecuencia un bajo nivel de preparación técnico-profesional en los actuales medios de comunicación”.

En otra sección de su propuesta, Noelia Herrera dice que “se debe erradicar la propagación de ideologías terroristas en los medios de comunicación”. “Para tal fin los colegios profesionales son los escenarios ideales para una correcta ética profesional de sus agremiados en el desarrollo de sus funciones”, agrega. Sin embargo, no cita ningún ejemplo o evidencia de esta propagación en medios masivos.

Finalmente, sostiene que “la exigencia de que las personas que difundan informaciones en los medios de comunicación sean profesionales y que estén formados para tal fin, es de suma importancia. Y esta exigencia debe ser proporcional y programada en el tiempo, por lo que se deberá de brindar un plazo, que en el presente proyecto se postula de 5 años, para que las personas que ejerzan de forma empírica la labor de periodistas o comunicador social se acrediten y formen adecuadamente”.

No es la primera vez que se hace una propuesta referida a la colegiatura y/o a la profesionalización obligatoria para ejercer el periodismo. Solo en el actual Congreso ya hay dos planteamientos similares. Ambas datan de junio del 2022 y siguen a nivel de comisiones.

La primera es de Alfredo Pariona (Perú Libre), con el apoyo de su bancada, para crear el Colegio Profesional de Comunicadores del Perú. Allí se busca establecer que para pertenecer a este colegio se debe contar con un título profesional y que la colegiatura sea un requisito indispensable para “el ejercicio de la profesión de licenciado en ciencias de la comunicación o comunicación social”. La iniciativa permanece en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

También está la propuesta de Miguel Ciccia, nuevamente de Renovación Popular, que busca modificar la Ley del libre ejercicio de la labor periodística. Concretamente, se plantea que el derecho de libre expresión del periodista y/o comunicador “puede ser ejercido libremente por los profesionales de Ciencias de la Comunicación en todas sus especialidades, en el ejercicio de su profesión”; mientras que quienes no ejerzan la profesión, podrán hacer uso de ese derecho “informando debidamente a la ciudadanía sobre su profesión, cargo o condición”.

También busca establecer que los periodistas y profesionales de Ciencias de la Comunicación, en todas sus especialidades, deben “estar colegiados y habilitados” para poder trabajar en el sector público. Este proyecto está en la Comisión de Constitución y Reglamento, que llegó a incluir la sustentación de la propuesta en su sesión de este martes 14 de marzo.

Previamente, en mayo del 2022, el Colegio de Periodistas del Perú presentó su propio proyecto de ley para que -de forma similar a lo que ahora propone Noelia Herrera- se cambié su denominación por la de Colegio de Periodistas y Comunicadores del Perú. La iniciativa también sigue en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y fue objeto de una reciente reunión de representantes de la entidad con la presidenta del grupo.

En el Congreso anterior (2020-21), el mismo Colegio de Periodistas presentó un proyecto de ley que también buscaba cambiar su nombre a Colegio de Periodistas y Comunicadores. Sin embargo, también se buscaba modificar la Ley de libre ejercicio de la actividad periodística para no toda persona que ejerza el periodismo “pueda presentarse como periodista y/o comunicador profesional ante la audiencia”. El proyecto fue eventualmente archivado.

En junio del 2018, el legislador Clayton Galván presentó un proyecto de ley que “fortalece la profesión de los periodistas en el Perú”. Se buscaba establecer que “la colegiación y su habilitación vigente es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión periodística”. La iniciativa contaba con la opinión favorable del Colegio de Periodistas, pero el congresista eventualmente la retiró.

Actualmente, la referida ley de libre ejercicio de la actividad periodística establece en su tercer artículo que “la colegiación para el ejercicio de la profesión de periodista no es obligatoria”. Fue promulgada en 1998 tras una recomendación de la Defensoría del Pueblo, en relación a una condena emitida en 1997 por el Poder Judicial contra un periodista de Puerto Maldonado por supuestamente ejercer “ilegalmente la labor de periodista” al no contar con un título.

En el 2005, el Colegio de Periodistas presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra dicha ley. Sin embargo, la demanda fue declarada infundada al año siguiente.

En su sentencia, el TC determinó que sí es constitucional que quienes no tengan título de periodistas ejerzan el periodismo. Su decisión se sustentó básicamente en “la vinculación directa que existe entre el ejercicio del periodismo con el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información”: “El ejercicio de la profesión periodística se asienta en la realización de los derechos fundamentales mencionados. Y es que el informador profesional, al fin y al cabo, no es más que aquella persona que obtiene, analiza y difunde la información”,

“Nuestra Constitución no restringe la titularidad de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad de información sólo a determinados sujetos; por el contrario, extiende la titularidad de los derechos comprendidos en su artículo 2º a todas las personas. Reservar el ejercicio de la actividad periodística a personas que han obtenido un título profesional en periodismo supone una limitación injustificada del ejercicio de los derechos fundamentales aludidos y una distinción, en cuanto a su titularidad, que la Constitución no realiza. [...] El Tribunal Constitucional considera que limitar el ejercicio del periodismo a profesionales titulados en esa carrera profesional supone privar a la opinión pública de la posibilidad de informarse, de manera plural, sobre una materia especializada”.