La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República aprobó el dictamen que plantea crear la Comisión de Alto Nivel para la elaboración de propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
La propuesta plantea establecer mecanismos de transparencia y equidad sobre la conformación, forma de elección y funciones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, “que garanticen su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.
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La comisión estará presidida por el ministro de Relaciones Exteriores e integrada por los titulares del Poder Judicial, fiscal de la Nación, Defensoría del Pueblo, así como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Entre sus principales funciones se encuentra la elaboración de un diagnóstico situacional sobre la organización y funciones del SIDH y su relación con el Estado peruano.
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Asimismo, formular propuestas de reforma, así como un mecanismo para la elección, en sede interna, de los candidatos que el Perú propone para conformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Este grupo de alto nivel debe emitir un informe final, para lo cual cuenta con un plazo de 90 días calendario. El dictamen fue aprobado con 12 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.
De otro lado, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se presentó ante la Comisión de Constitución y Reglamento para sustentar el proyecto de ley sobre el fortalecimiento de su entidad.
Entre las propuestas de dicha iniciativa se indica que uno de los motivos de cese del defensor es por “vencimiento del plazo de designación, cuando se encuentre elegido el sucesor”, lo que no permitiría que el adjunto asuma dicho cargo.
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También se propone que el defensor del Pueblo “estará auxiliado por adjuntos que lo representarán en el ejercicio de las funciones y atribuciones”, que serán designados mediante una resolución.
En la sesión, Gutiérrez alegó que, durante los últimos años, la designación de un adjunto no ha sido por concurso público y que muchas personas la asumieron sin la experiencia para el cargo.
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“En cinco periodos no hubo ninguna convocatoria a concurso, por eso quiero aclarar que ninguno de los adjuntos que asumieron el cargo estaba en la condición de ser defensor”, sostuvo ante el grupo legislativo.
El proyecto de ley también plantea la modificación de la Ley 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, donde plantea que la Secretaría Técnica Especializada es un órgano de apoyo a la Comisión Especial que selecciona a magistrados, se encuentra adscrita al despacho del defensor del Pueblo, tiene carácter permanente y “es designado mediante resolución”.
