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La segunda semana de abril vence el plazo para realizar cualquier modificación a las normas electorales para que entren en vigencia en los comicios del 2021. Los ánimos de los nuevos congresistas –que recién jurarán la próxima semana– no parecen haber estado orientados hacia la continuación de la reforma electoral. Si bien han asegurado que recortarán el plazo de la intangibilidad electoral para introducir modificaciones, los especialistas consultados advierten que no existen reales ánimos reformistas. La razón es que la mayoría de los partidos con presencia legislativa se ven beneficiados con el estado actual de las leyes.
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Este Diario escogió ocho puntos centrales de la reforma aprobada en el Congreso disuelto. La capacidad que tienen los partidos para adecuarse a estos requisitos permite determinar quiénes ganan o pierden con el statu quo, y explicaría la razón de fondo en el retraso para el inicio de las actividades legislativas.
Recursos en juego
Con el reloj contra el tiempo, los partidos deben adecuarse a la nueva norma que exige que los partidos tengan más de 24.800 afiliados y 65 comités en más de 20 departamentos. A la fecha, de los 24 partidos inscritos, solo ocho cumplen ambos requisitos. De estos, tres están en el Parlamento (Acción Popular, Unión por el Perú y Frepap).
Para Fernando Tuesta, quien presidió la comisión de alto nivel que elaboró los proyectos de reforma política, los otros partidos con representación parlamentaria tienen una ventaja para su adecuación: los recursos que obtendrán del financiamiento público.
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Aunque José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, advierte que los partidos del Congreso que aún deben adecuarse –como Fuerza Popular– buscarán una extensión del plazo que vence en abril. “Aprovecharán lo del coronavirus y asegurarán que no pueden realizar convocatorias, que en este escenario no se pueden conseguir firmas”.
Donde ni lo económico ni las excusas podrán entrar a tallar es en la democracia interna. Villalobos considera que solo deben preocuparse los que no puedan conseguir el 1,5% de los votos en las elecciones primarias que, según los promedios del Congreso pasado, eran 280 mil. Si tomamos en cuenta los resultados del 2020, solo cinco partidos tendrían problemas para alcanzar ese número de votos, entre ellos Solidaridad Nacional y Contigo. Además, las agrupaciones antiguas tendrán el beneficio de realizar internas previas a las primarias. Esto quiere decir que llegarán con listas únicas armadas solo para ser ratificadas.
En este punto, se podrían presentar problemas para partidos con disputas internas. “Como Acción Popular, donde tienes hasta tres facciones; el Apra con la pelea entre Mauricio Mulder y Jorge del Castillo. Tienes la lucha por el poder interno que muestran UPP y Podemos, con José Luna-Daniel Urresti”, refiere Tuesta.
Para Villalobos, los partidos ven a las primarias como una intromisión en su vida partidaria y lo permiten, en este proceso, debido a que aún pueden realizar internas donde pueden armar listas únicas. El Jurado Nacional de Elecciones ha propuesto fijar el 11 de abril como fecha límite para determinar el cronograma electoral que contemple el proceso de las primarias.
Otro punto de la reforma aprobado a regañadientes por el Parlamento disuelto fue la paridad y la alternancia. Tanta fue la resistencia que se estableció que su aplicación fuera en forma progresiva: para el 2021, la cuota de mujeres debe ser del 40%. En los comicios extraordinarios del pasado 26 de enero, solo siete partidos la superaron. Solo dos (Alianza para el Progreso y el PPC) alcanzaron la paridad y solo uno (PPC) cumplió la alternancia.
Statu quo
La politóloga Maria Alejandra Campos sostiene que existen más incentivos para que se dé una contrarreforma que para avanzar en los puntos que el Congreso anterior aprobó. “Esta reforma nació con pocas probabilidades de prosperar. Fue promovida desde un Ejecutivo divorciado del Legislativo y del sistema de partidos en general. Un presidente sin partido y sin bancada no parece ser el promotor ideal de una reforma”, anota Campos.
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El Congreso disuelto aprobó bajo el título de “reforma” varios puntos que en el fondo no modificaban nada sustancial, como la falta de una fiscalización continua de los gastos de campaña por parte de la ONPE y la prevalencia del levantamiento de inmunidad dentro del fuero parlamentario.
“Lo ideal sería que este nuevo Parlamento modifique estos puntos pero, como muestra la infografía, la gran mayoría de partidos se beneficia con el statu quo”, dice Campos. Añade que existe un factor comunicacional que juega a favor de ellos: “Estamos hablando de modificar artículos que ya han sido aprobados. Eso no transmite un sentido de urgencia ni logra concitar el interés de la opinión pública, con lo cual es difícil generar presión desde la sociedad civil para que el Congreso aborde esos proyectos. La infografía muestra muchos partidos con ‘rabo de paja’ y que posiblemente solo terminen apoyando una modificación menor para no quedar mal”.
Villalobos considera que este Congreso no hará cambios sustanciales sino de forma, como la corrección para reincorporar al voto extranjero en el padrón de Lima, y la segunda votación de la reforma constitucional que prohíbe la postulación de condenados en primera instancia.
Tuesta recuerda que la reforma surgió desde afuera del Congreso y “obligados” por una cuestión de confianza. “No veo partidos unificados, sino congresistas apoyando. No veo partidos reformistas manifestados en este Congreso”, señala.
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Proyectos en camino
Las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y Somos Perú –integrantes de la fórmula para integrar la Mesa Directiva– sostienen reuniones técnicas para elaborar los primeros proyectos que presentarán luego de la instalación.
El Comercio tuvo acceso a los borradores de estas primeras iniciativas. El más avanzado es el proyecto para restablecer a los electores en el extranjero en el padrón de Lima. En lo que se refiere a inmunidad, discuten una iniciativa de eliminarla para delitos comunes, y solo mantener la prerrogativa en fuero parlamentario para los casos de delitos de función.
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