(Ilustración: Giovanni Tazza/ GEC)
(Ilustración: Giovanni Tazza/ GEC)
Martin Hidalgo Bustamante

Jefe de la Unidad de Periodismo de Datos

martin.hidalgo@comercio.com.pe

El inicia un nuevo período incumpliendo las normativas vigentes. La gran mayoría de nuevos legisladores no cumplen con presentar su declaración jurada de intereses y no parecen estar dispuestos a hacerlo dentro del plazo que estipula el decreto de urgencia dado por el presidente Martín Vizcarra -durante el interregno parlamentario- en diciembre pasado.

A través de la plataforma virtual habilitada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para albergar las declaraciones de los más altos funcionarios públicos, El Comercio detectó que solo ocho de los 130 legisladores han cumplido con transparentar su información. Apenas el 6% del nuevo Parlamento cumple con la ley.

CongresistaBancadaRegiónFecha
Gino CostaPartido MoradoLima09 de marzo
Alberto de BelaundePartido MoradoLima11 de marzo
María GallardoPodemosLambayeque11 de marzo
Francisco SagastiPartido MoradoLima12 de marzo
Mirtha VásquezFrente AmplioCajamarca12 de marzo
José Luis AncalleFrente AmplioArequipa13 de marzo
Absalón MontoyaFrente AmplioAmazonas13 de marzo
Rocío Silva SantistebanFrente AmplioLima13 de marzo

Gino Costa, uno de los sobrevivientes del Congreso disuelto, fue el primero que cumplió con entregar su documentación. La información a entregar no le era ajena, debido a que Costa ya había llenado el formulario en el período pasado, pese a que no existía obligación. El mismo panorama se repite con su colega de bancada Alberto de Belaunde.

En ninguno de los casos se presenta información que no se haya conocido antes. Salvo por la parte donde el legislador De Belaunde señala que fue consultor de la agencia Mambo TLV S.A., entre el 3 de febrero y el 5 de marzo del presente año. Los congresistas electos recibieron sus credenciales -de manos del Jurado Nacional de Elecciones- el pasado 28 de marzo.

Otro miembro del Partido Morado que ha presentado su declaración jurada de intereses es Francisco Sagasti quien, además de detallar sus consultorías en organismos extranjeros, refiere haber sido parte del comité de selección de miembros del Consejo Directivo de la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu), cargo que ocupó hasta octubre del 2019.

María Martina Gallardo fue elegida por Lambayeque, pero sus negocios tienen dirección en la capital. En su declaración jurada de intereses, la legisladora de Podemos consigna una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada de nombre Kedisaber. El nombre comercial dicha empresa es Transportes Gallardo Ramiro y su dirección legal está en el distrito de San Martin de Porres. En la hoja de vida registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones, la legisladora registró como su último centro laboral el Estudio Jurídico Torres Gallardo, ubicado en Chiclayo.

El Frente Amplio es, hasta la fecha, la bancada que más declaraciones juradas de intereses registra. De sus nueve miembros, cuatro ya transparentaron su información. La primera legisladora del grupo izquierdista en presentar su declaración de intereses es Mirtha Vásquez, quien registra un historial de trabajo vinculado entidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos: Aprodeh, Cooperacción, Grufides y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En Grufides, dedicado a la protección del medio ambiente, Vásquez es fundadora, aunque acaba de pedir licencia por su nueva labor como parlamentaria.

Similar perfil es el de la legisladora Rocío Silva Santisteban, reconocida por su labor al mando de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En su declaración de intereses, la legisladora por Lima registra además ser miembro de Latin American Studies Association, y asociada de Forum Solidaridad Perú, Cooperacción y de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz). En los dos últimos años, antes de la elección congresal, Silva Santisteban brindó asesorías a la Red Muqui, Iwgia, Diakonia, y Broderlijk Delen.

El legislador José Luis Ancalle muestra una declaración con muchos vacíos. Solo registra su antecedentes como regidor en la Municipalidad Distrital de Paucarpata hasta el 2018, y especifica que durante el 2019 ejerció como abogado independiente. Por el contrario, su colega Absalón Montoya brindó mucho más detalles como el 50% de acciones que tiene en el Centro Oncológico San Martin de Porres S.A.C. y el 10% de acciónese Kuelap Tours MG/HNOS S.A.C. Aunque en la parte final de su declaración, Montoya registra que dichas empresas no se encuentran en actividad. También registra tener otros hermanos de parte de padre con quienes no tiene relación constante, por lo cual no puede consignar información alguna.

La resistencia legislativa

La mayoría de nuevos congresistas se rehúsa a presentar su declaración jurada de intereses, que, si bien no es un requisito para jurar el cargo como sí lo es la declaración de bienes y rentas, es una norma que está vigente desde diciembre pasado, a través de un decreto de urgencia.

En esta declaración, todos los funcionarios públicos están obligados a dar cuenta de sus participaciones en empresas de todo tipo, así como los centros laborales de sus familiares más cercanos. La mayoría de los congresistas, según lo han expresado representantes de diversas bancadas a este Diario, ha decidido no darle prioridad al tema, pese a que el decreto de urgencia establece que la declaración debe ser presentada dentro de los 15 días hábiles de haber sido elegidos.

Si se tiene en cuenta que los congresistas recibieron sus credenciales el viernes 28 de febrero, día en el que además el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó el resultado oficial, los nuevos representantes solo tienen hasta el viernes 20 de marzo para hacerlo. Hasta hoy, solo ocho de 130 miembros ha cumplido.

La Comisión Permanente que acaba de culminar funciones no observó la constitucionalidad del decreto de urgencia en cuestión. Fuentes legislativas refirieron que a la mayoría le incomoda presentar su declaración ante la Presidencia del Consejo de Ministros y buscarán modificar ese punto, lo cual les dará tiempo para buscar bajarle la rigurosidad al formato actual.

Para esto se basarán en las opiniones consultivas y oficios que ha remitido el contralor Nelson Shack a la Comisión Permanente y al primer ministro . En estos, Shack sostiene que se debe “respetar” la autonomía de la contraloría sobre la regulación de la gestión de intereses de los funcionarios.

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