María del Carmen Alva es presidenta supernumeraria de la comisión. Foto: archivo Congreso
María del Carmen Alva es presidenta supernumeraria de la comisión. Foto: archivo Congreso
Martín Calderón

La presidenta del Congreso, , convocó para este martes 14 a una sesión de la comisión encargada de seleccionar a los candidatos aptos para el cargo de defensor del Pueblo, a pesar de la orden judicial de detener ese proceso de manera provisional, dictada por el juez John Paredes Salas, del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Los congresistas (Renovación Popular), (Fuerza Popular) y Wilmar Elera (Somos Perú) aseguraron a El Comercio que acudirán a la sesión.

Montoya consideró que la orden del juez Paredes es una intromisión al Congreso, y añadió: “No se puede parar la elección del defensor por el reclamo de un sindicato. Es una locura”, en referencia al proceso de amparo presentado por el Sindicato de la Defensoría del Pueblo ante el Poder Judicial.

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En tanto, Guerra García señaló: “Sí. Tendremos sesión. Los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo”.

Guerra García refutó uno de los argumentos utilizados por el sindicato de la Defensoría para cuestionar la legalidad del proceso: la presencia de María del Carmen Alva como presidenta supernumeraria, que eleva el número de integrantes de ese grupo por encima de lo permitido.

“Hay precedentes de elección de defensor y de otros de la misma forma y con el presidente de supernumerario”, dijo.

Según la postura que defiende Guerra García, la presidenta supernumeraria no cuenta como integrante de la comisión, pues no tiene derecho a voto y solo se encarga de dirigir el debate del grupo.

Por su parte, Elera señaló que aunque irá a la sesión, se inclina por acatar la orden judicial. “La postura de Somos Perú es respetar la decisión del Poder Judicial y luego continuar con la elección del defensor del Pueblo”, dijo.

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La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) informó la semana pasada que dejará de participar en el grupo.

En tanto, la secretaria general del sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo, Lily Ku Yanasupo, señaló a El Comercio que los congresistas incurrirán en “una abierta desobediencia a la orden del juez”. Añadió que darán cuenta de ello al juzgado constitucional.

“El mandato imperativo no implica estar por encima de la Constitución ni de las autoridades judiciales. Sería bueno que [los congresistas] lleven un curso básico de derecho constitucional. Son ellos lo que deben dar el ejemplo del cumplimiento de la legalidad”, dijo.

La sesión de la comisión especial fue programada para las 3:30 p.m. en la sala Grau del Palacio Legislativo.